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Valerio planea arañar 2.000 millones para las pensiones aflorando horas extras ilegales

Los socialistas calculan que cada semana se realiza nueve millones de horas extraordinarias de trabajo ilegales en España

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Valerio planea arañar 2.000 millones para las pensiones aflorando horas extras ilegales
Pedro Sánchez, acompañado por la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, recibe a los sindicatos en Moncloa.

Pedro Sánchez, acompañado por la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, recibe a los sindicatos y a las organizaciones empresariales en Moncloa.

Resumen:

La flexibilidad horaria es algo que gusta de entrada a los trabajadores, pero que a menudo se convierte en jornadas maratonianas que solo contentan a las empresas. Además, en el trasfondo, esta práctica habitual en muchos centros de trabajo esconde una realidad: unos cuantos hacen el trabajo de muchos más, con lo que se están perdiendo cada día muchos ingresos por cotizaciones de potenciales empleados que podrían revertir en el pago de pensiones.

El nuevo Gobierno ha puesto esta cuestión en su diana. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, sigue dando pistas sobre qué medidas prevé impulsar el Gobierno socialista para cerrar el déficit de las pensiones.

La última, dar un impulso a la Inspección de Trabajo para detectar y aflorar esas horas ilegales que se realizan sobre la jornada máxima establecida por Ley sin que se consideren extraordinarias ni remuneradas.

La flexibilidad horaria es algo que gusta de entrada a los trabajadores, pero que a menudo se convierte en jornadas maratonianas que solo contentan a las empresas. Además, en el trasfondo, esta práctica habitual en muchos centros de trabajo esconde una realidad: unos cuantos hacen el trabajo de muchos más, con lo que se están perdiendo cada día muchos ingresos por cotizaciones de potenciales empleados que podrían revertir en el pago de pensiones.

El nuevo Gobierno ha puesto esta cuestión en su diana. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, sigue dando pistas sobre qué medidas prevé impulsar el Gobierno socialista para cerrar el déficit de las pensiones. La última, dar un impulso a la Inspección de Trabajo para detectar y aflorar esas horas ilegales que se realizan sobre la jornada máxima establecida por Ley sin que se consideren extraordinarias ni remuneradas.

Según los cálculos que maneja el Gobierno, cada semana se realizan hasta nueve millones de estas horas, lo que equivale a unos 300.000 puestos de trabajo que de materializarse aportarían unos jugosos ingresos adicionales a la Seguridad Social. Los socialistas estiman que por esta vía se están escapando a día de hoy nada menos que 2.000 millones de euros.

Así lo puso de manifiesto la ministra de Trabajo en unas recientes de declaraciones a RNE. No obstante, el PSOE viene batallando de lejos para lograr que las empresas lleven un registro diario de las horas de trabajo de sus empleados, no solo para contabilizar las horas extraordinarias, sino también detectar esas horas ilegales fruto de una mal entendida flexibilidad de horarios.

En estos momentos hay en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley impulsada por los socialistas,que hace exactamente un año pasó a la fase de toma en consideración por parte del Gobierno. Resulta que ahora gobiernan los socialistas, con lo que lo que era una propuesta más en el registro del Congreso puede acelerar su tramitación.

¿Qué dice la Ley?

El artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores determina que la duración de la jornada de trabajo se pactará en los convenios colectivos o en los contratos de trabajo, pero siempre con una duración máxima de 40 horas semanales de trabajo efectivo en cómputo anual. Las horas extraordinarias, en cambio, no pueden superar las 80 al año.

Generalmente, cuando se habla de las horas de trabajo que superan la jornada habitual, se habla en genérico de horas extraordinarias. Sin embargo, las extraordinarias no pueden pasar de dos horas semanales, por lo que aquellas que las superen son directamente ilegales.

Sin embargo, en el PSOE se tiene el convencimiento de que hay un incumplimiento generalizado de estos límites, más aún desde que la reforma laboral de 2012 introdujo mayor flexibilidad en las empresas y se permitió a los empresarios modificar jornadas y turnos como alternativa al despido.

Más aún, los socialistas llevan años cargando contra los efectos del Real Decreto 16/2013 de medidas para favorecer la contratación y la empleabilidad, por el que se hace más atractiva la modalidad del empleo a tiempo parcial. En dicha norma, si bien se limitaban las horas extraordinarias, se abría la posibilidad de que los trabajadores a media jornada hicieran horas “complementarias” pactadas con el empresario, algo que muy relativo cuando la mayoría de estos empleados están en esta situación al no encontrar un trabajo a tiempo completo.

Todo ello, aseguraba el PSOE en su proposición de ley, “está provocando jornadas fuera de lo pactado, en perjuicio de las personas trabajadoras y detrayendo de los ingresos del Estado las cantidades que se derivarían de esos pagos (IRPF, cotizaciones a la Seguridad Social, etc.)”.

 El registro de horas

Siguiendo con la propuesta de regulación de las horas ilegales del PSOE, el texto tramitado en el Congreso apuesta por que las empresas lleven a cabo un registro diario de las horas efectivas que trabajan sus plantillas. Esta obligación no se recoge a día de hoy en el Estatuto de los Trabajadores en lo que se refiere a la jornada ordinaria, solo en el caso de las horas extraordinarias, por lo que en la práctica muy pocas empresas llevan a cabo este recuento.

Sin embargo, el Tribunal Supremo se ha llegado a pronunciar en este sentido afirmando, según argumentan los socialistas, que la obligación de registrar las horas extra solo puede llevarse a cabo si se recuentan primero las horas ordinarias. Asimismo, aluden a una instrucción de la Inspección de Trabajo de 2016 en la que se llamaba a exigir con carácter general el registro de la jornada ordinaria.

A partir de ahí, los planes del PSOE, al menos hasta que llegó al Gobierno, pasan por reformar la legislación vigente para establecer un recuento de la jornada obligatorio, para que luego sean las empresas y los sindicatos los que establezcan sus propias reglas sobre cómo hacerlo en los respectivos convenios colectivos.

Además, los socialistas prevén modificar también la normativa sobre infracciones y sanciones en el ámbito laboral para que la falta de registro de las horas trabajadas no sea una mera infracción formal o documental, sino para que sea conste como una falta grave.