Resumen:
Se llama E.B.P. y está llena de rabia. Es veterinaria vocacional, pero después de una década trabajando de sol a sol para llevar una vida digna (como la de muchas personas a su alrededor y la de muchos de los animales que ha tratado), en estos momentos no quiere ni oír hablar de su profesión. A sus 35 años para 36.
Es sólo una de los cientos de miles de profesionales del sector que se dedican al cuidado de animales o a la investigación en medio de una masiva degradación de sus condiciones laborales, ante los ojos de los ganaderos, clientes de laboratorios, pero sobre todo en el ámbito clínico, ante los dueños de las mascotas y los propios animales.
Una degradación que en más del 50% de los casos pisa el terreno de la ilegalidad sin un convenio colectivo que les ampare, ni una sociedad que los defienda como ha ocurrido recientemente con los ‘riders’ de Deliveroo.
Es un secreto a voces dentro la profesión. Fuera, poco se sabe al respecto, más allá de que, en todo caso, cada cierto tiempo cambia esa chica o ese chico tan majo que le puso la última vacuna a la mascota de la casa en la clínica de la esquina. Así es que el colectivo se siente abandonado, como un perro en un arcén en pleno agosto.
E.B.P. habla de sí misma como si hablase en plural, mientras pasea sujetando en brazos a su hija, a la que dedica todo su tiempo desde que está en paro. Recuerda que obtuvo la debida licenciatura en 2006 y ese mismo año empezó su via crucis. Primero tuvo que buscar un lugar donde hacer prácticas, 200 horas, según obligaba su plan de estudios. Pero no todas las puertas a las que llamó se abrieron. Algunos compañeros lo intentaron en el sector agroalimentario o en las clínicas de animales grandes. Ella probó suerte en la clínica de mascotas cercana a su casa y allí conoció al que sería su jefe durante los siguientes 10 años.
Al hablar de él por su nombre de pila (fueron muchos años) parece mirarle a los ojos. Aceptó tres meses iniciales sin contrato, ni siquiera de prácticas; después pudo esquivar sus presiones para que se hiciera autónoma (falsa autónoma) y, finalmente, se quedó con un contrato de 40 horas semanales por 687 euros al mes.
“En ese contrato ya no estaba todo en A. En cuestión de dos o tres años me fue subiendo el sueldo y acabé cobrando casi 1.000 euros en A y otros 300 euros en B”. Al final, cuando tuvo que abandonar su trabajo, ganaba 1.000 euros al mes de cara a Hacienda y la Seguridad Social y otros 700 euros en negro. Y nunca cumplió su jornada laboral.
“Trabajaba de diez de la mañana a dos y de cinco a ocho. Los sábados, solo por la mañana. Pero siempre hacía horas extras porque no daba a tiempo a cerrar a la hora de comer o a última hora de la tarde. A veces salía a las doce de la noche o incluso volvía a trabajar a esa hora porque iban a hacer una cesárea de urgencia y era la oportunidad de aprender. Porque si quería completar mi formación no había facilidades, y me lo tenía que pagar de mi bolsillo”, relata.
Una profesión sin convenio
Entonces se hace un silencio en la conversación. Vuelve al primer término el ruido de la calle, muchos coches, pocos pájaros. La pregunta que todo el mundo le hace es: ¿Por qué aguantó esas condiciones? Porque el resto de compañeros se encontraba más o menos en las mismas condiciones y porque, sin un convenio colectivo para el sector, ningún trabajador puede negociar con su superior sin ver a lo lejos un juzgado.
En efecto, los pocos sondeos dentro de la rama de los veterinarios muestran una realidad apabullante, mientras que un vistazo a la situación jurídica y administrativa en la que se mueven da la imagen de un colectivo a la deriva.
Entre los profesionales de la veterinaria clínica de la Comunidad de Madrid circula una encuesta realizada por uno de sus trabajadores a partir de una muestra de casi 1.500 profesionales de toda España (el número total asciende a 30.000, solo en los registros del Colegio de Veterinarios, del que buena parte del colectivo siente desapego).
De acuerdo con los resultados, valiosos no tanto por su fiabilidad sino porque son los pocos disponibles, aproximadamente un 50% de los entrevistados cobran menos de 14.000 euros brutos anuales, y lo que es más grave, alrededor de un 20% del total perciben menos de 10.000 euros por desempeñar un trabajo que, dado que requiere una titulación superior, se considera altamente cualificado.
En cuanto a la jornada media, sin contar las horas extraordinarias, la duración de la jornada semanal es de entre 40 y 45 horas en un 35% de los casos, mientras que en otro 15% de los casos, esta jornada supera las 45 horas.
El zarpazo del paro
Ahora bien, cuando estos trabajadores pierden su empleo, sienten el verdadero zarpazo: más de un 50% de estos trabajadores aseguran cobrar una parte de sus ingresos (desde el propio sueldo a las horas extraordinarias) en B, con lo que cuando llega el momento de cobrar el paro su situación se hace todavía más crítica.
E.B.P. lo ha sentido en sus propias carnes. Después de una década al servicio de su jefe, del que en algún momento habla como quien recuerda a su amo, se quedó embarazada y tuvo que pelear para poder coger una baja. Recuerda que otra de las lacras del sector es que no está considerado como una profesión sanitaria, sino que depende casi al completo de las autoridades agrícolas, por lo que en contra de la lógico, no pudo cogerse un permiso desde el primer día de gestación, como un médico o el personal de enfermería.
No pudo ser y el primer trimestre siguió expuesta a arañazos de gatos y su temida toxoplasmosis, o a un accidente con una inyección sedante. Tras muchas discusiones logró que su jefe le dejara acogerse a la baja y que ocupara su puesto con otra persona. Una vez nacido su cachorro, quiso reincorporarse, pero entonces le dieron la patada. Había perdido la confianza de su jefe (estaba contento con la persona nueva que había entrado) y la despidió.
Su caso se resolvió en los juzgados. E.B.P. dejó la clínica con una indemnización de 33 días por año, pero con un paro muy inferior a lo que realmente le hubiera correspondido. Ahora busca una forma de reconducir su carrera y asegura que solo volvería a ejercer montando su propio negocio. Entre tanto, es una de las tantas personas del sector que ha vuelto la vista hacia el movimiento asociativo que ha despertado entre el colectivo tras años de condicionales laborales leoninas.
¿Quién cuida a los veterinarios?
Desde hace unos años, y en especial en los últimos meses, se ha puesto en marcha un movimiento en toda España por la dignificación de la profesión veterinaria, fundamentalmente en el entorno clínico de los pequeños animales.
Hasta ahora, existían una serie de sindicatos de veterinarios muy diseminados. El Sindicato Independiente de Veterinarios de Extremadura (Sivex), el Sindicato Veterinario Profesional de Asturias (Sivepa), la Asociación Sindical de Veterinarios Funcionarios da Xunta de Galicia o el Sindicato de Veterinarios de León (Sivele-Uscal). Sin embargo, recientemente se creó la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (Fesvet), que aspira a aunar a todos estos movimientos de carácter autonómico.
Y el último en llegar ha asido la Unión Sindical Veterinaria de Madrid (Usvema), una organización independiente que ha decidido dar la batalla al margen de las grandes organizaciones sindicales. Fuentes de Usvema aseguran que todos esos sindicatos se han formado a partir de funcionarios veterinarios, mientras que esta nueva organización está integrada por veterinarios asalariados de la Comunidad de Madrid, en su mayoría empleados en clínicas de mascotas.
Enfrente, hay organizaciones patronales con las que el colectivo apenas ha mantenido comunicación. Es el caso de la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE), con la que Usvema quiere empezar a entablar un diálogo fructífero (se han dado los primeros pasos), conscientes de que un posible convenio colectivo deberá ser negociado por sindicatos como CCOO y UGT por cuestiones de representatividad. Su papel será, dicen, salvaguardar el cumplimiento de dicho convenio y tratar de que ser veterinario sea algo cada vez más digno.
Según explican desde Usvema, la falta de consideración que siente el sindicato trasciende lo laboral. Denuncia que el veterinario es un profesional minusvalorado por la sociedad: “El papel del veterinario es absolutamente necesario en la conservación y mantenimiento de la salud pública, especialmente en las labores de inspección e higiene alimentaria. Los propios veterinarios de clínica animal contribuyen de manera inequívoca a la conservación de la salud de los humanos a través del control de las enfermedades animales, muchas de ellas zoonósicas, como la rabia, tuberculosis, etc”, argumentan en el sindicato.
Los veterinarios quieren ser un colectivo sanitario de pleno derecho, que se respete como se respeta cada vez más a los propios animales. Mientras tanto, les queda alzar la voz como una jauría.