Precariedad, invisibilización y discriminación. Las asociaciones españolas del colectivo de empleo doméstico y cuidado de personas en España definen así la situación en la que se encuentra este gremio dentro de nuestras fronteras.

Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), el sector del empleo doméstico ocupa a 637.700 personas en España, donde casi la totalidad son mujeres –concretamente el 96% del colectivo- de las que sólo 420.288 están dadas de alta. Además, se trata de un gremio con una fuerte presencia migrante, ya que el 42% de estas trabajadoras tiene nacionalidad extranjera.

A pesar del creciente potencial económico y social que supone el sector y a pesar de que España es el país europeo con mayor número de empleadas domésticas (28,6% del total de empleo del sector en toda Europa), el empleo doméstico y el cuidado de personas es uno de los trabajos más maltratados en cuanto a remuneración, condiciones y derechos laborales básicos, ya que sus asalariadas no están inscritas en el régimen general de trabajadores de la Seguridad Social, con su consiguiente condena a la vulnerabilidad jurídica y social.

Estas trabajadoras, que día tras día trabajan hasta la extenuación limpiando casas o cuidando de niños, ancianos o discapacitados, se encuentran inscritas en un régimen específico de cotización a la Seguridad Social – el denominado Sistema Especial de Empleadas de Hogar- donde no se les reconoce, por ejemplo, el derecho a una prestación por desempleo. Además, su salario medio a fecha de 2018 es de 858,55 euros brutos mensuales por 40 horas semanales que, como denuncian los sindicatos, en la mayoría de las ocasiones suman muchas más. Pero la situación empeora para las 260.300 empleadas del sector cuyo sueldo apenas supera los 343 euros brutos mensuales, según datos de UGT.

Soluciones que no llegan

El Real Decreto 1620/2011 regula la relación laboral del servicio del hogar familiar, y recoge la obligatoriedad de contratos escritos, descansos reglados de 12 horas entre jornadas o el respeto a la intimidad, al mismo tiempo que deja fuera el derecho a una prestación por desempleo. No obstante, la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Vizkaya (ATH/ELE) denuncia que la situación real es muy distinta, ya que, por ejemplo, el 72% de las empleadas internas tiene una jornada de trabajo superior a 60 horas semanales, al mismo tiempo que no existe legislación alguna sobre pautas de actuación respecto a accidentes laborales. Asimismo, “en el sector  no existe la readmisión tras una baja por enfermedad o, incluso, por maternidad”, señala Lorea Ureta, militante de ATH/ELE. Además, según denuncia la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al menos un 30% de las trabajadoras de hogar y cuidadoras españolas trabaja en negro.

Asociaciones del sector y sindicatos llevan años denunciando el trato de “empleadas de segunda” y las condiciones a las que se ven sometidas, una realidad que comenzaba a ver su desenlace en el año 2012, cuando el Partido Popular aprobó el Real Decreto-Ley 29/2012 por el que se procedería, al menos en la teoría, a un período transitorio de equiparación progresiva de estas trabajadoras al régimen general de la Seguridad Social, cuyo plazo de adaptación finaliza en diciembre de este mismo año, un lapso que debería haber sido suficiente para que empleadas y empleadores se adaptasen al nuevo régimen.

Pero lejos estuvo de ser cierto. Durante seis años no se ha tomado ninguna medida para lograrlo y, finalmente, la equiparación en materia de cotización por salarios reales y en materia de cobertura de acción respecto al resto de sectores continúa como una realidad inmaterial. Por ejemplo, no se organizó –como se prometió- un grupo tripartito de expertos para organizar dicha equiparación; no se procedió al progresivo establecimiento de la protección por desempleo para estas trabajadoras; y tampoco se aplicó la normativa de riesgos laborales.

Más allá del estancamiento del marco normativo que regule sus derechos, el gremio se enfrenta a un nuevo reto: la enmienda 6777 presentada por el Grupo Parlamentario Popular al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) –apoyada por Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro– y acatada por el PSOE retrasará de forma irreversible el proyecto de equiparación hasta el año 2024, alejando aún más la posibilidad de una legislación justa para “un sector que ya de por sí lleva muchos años con leyes que reconocen menos derechos que en cualquier otro colectivo”.

Pero estas trabajadoras ya no están dispuestas a esperar ni un minuto más. En la víspera de la aprobación de los PGE el pasado 27 de junio, cientos de manifestantes se plantaron en el Congreso de los Diputados para exigir la derogación de la enmienda 6777 por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en los próximos Presupuestos Generales. “El PSOE está a tiempo de arreglarlo”, afirma Ureta. Desde la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Vizcaya proponen “una alternativa totalmente viable” frente a la “imposibilidad” de que en 2019 se dé la cotización efectiva por salarios reales respecto al resto de sectores. Esta opción consistiría en que los ocho tramos de cotización estipulados en el Régimen Especial de Empleadas de Hogar se amplíen, dando lugar a tramos más pequeños, ya que “el problema actual reside especialmente en el caso de las empleadas que trabajan muchas horas. Si una trabajadora está cobrando 1.300 euros y su base de cotización ahora mismo es de 896 euros y coge la baja, la Seguridad Social le va a dar un porcentaje de su base de cotización, lo que supone, de entrada, perder 400 euros”.

Asimismo, “sería necesario legislar para que la cobertura de acción de estas empleadas sea igual a la del resto de trabajadores”. Una trabajadora de hogar “no tienen si quiera derecho a desempleo, mientras que en el régimen general, un trabajador en paro sigue cotizando”. “Esto hace que sus pensiones sean, prácticamente, las más bajas del sistema”.

Por tanto, la pelota se encuentra ahora en el tejado del Gobierno de Pedro Sánchez. Por el momento, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ya ha confirmado su intención de ratificar el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para empleadas domésticas, un acuerdo ya avalado por 25 países, cinco de ellos en la Unión Europea. Sin embargo, desde ATH/ELE afirman que esta promesa es “papel mojado” ya que “no sirve absolutamente de nada”. “No ratificar el Convenio 189 no implica que no puedas incluir en tu legislación la equiparación de derechos de las empleadas de hogar” e instan al Gobierno a dejarse de “actos simbólicos” y comenzar a “legislar formalmente”.

¿Qué supone no figurar en el régimen general de la Seguridad Social?

El Régimen Especial de Empleadas de Hogar supone fuertes desigualdades respecto al resto de colectivos, y, aun así, cerca de un tercio del gremio ni si quiera está dada de alta.

El colectivo fundamenta sus protestas en el hecho de que por figurar tan sólo en el régimen específico no tienen derecho a una prestación por desempleo independientemente de los años que lleven trabajando en un mismo puesto; no tienen acceso a la ley de riesgos laborales; y pueden despedirlas inmediatamente, sin preavisos y sin indemnizaciones. De hecho, “un tercio de las trabajadoras internas que acudieron a la Asociación el año pasado, vino porque la persona a la que cuidaban había fallecido, por lo que se quedaban en la calle, sin un solo euro y, en muchos casos, sin vivienda, ya que residían en la casa en la que trabajaban”, denuncia la militante de ATH/ELE.

Asimismo, una gran cantidad de empleadas no pueden pedirse un solo día de asuntos propios o no pueden quedarse en casa por enfermedad ya que, según afirman desde la asociación, a muchas las amenazan con despedirlas si no acuden un día al trabajo. Además, “es muy habitual el despido por embarazo”, en cuyo caso no hay obligación de readmisión, algo que “sí existe en el resto de sectores”.

Dicho régimen excluye también la posibilidad de cotización real en función de sus salarios, con la consiguiente negación del derecho a tener una jubilación digna; y muchas de ellas, especialmente las que no disponen de contrato, carecen de tiempos de trabajo reglados, no tienen derecho a vacaciones y pueden llegar a sufrir reducciones en especie de hasta el 40% del salario.

Pero más allá de figurar o no en el régimen general, la situación de las trabajadoras es especialmente delicado por los diversos casos de no cumplimiento del contrato o por los casos de maltrato psíquico que puedan llegar a sufrir, en cuyo caso “la Inspección de Trabajo no hace absolutamente nada para evitarlos”.

En esta línea, las circunstancias laborales son especialmente difíciles para las asalariadas migrantes, donde son más acusados los casos de trabajo en negro o de vulneración de derechos. Además, debido a la Ley de Extranjería, muchas pasan tres años de media trabajando en uno o varios hogares antes de conseguir papeles.