El Congreso ha convalidado este jueves el real decreto ley que faculta a las comunidades autónomas y los ayuntamientos a regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC). La nueva norma, que afecta de lleno a Uber y Cabify, se tramitará como proyecto de ley y está sujeta por tanto a las enmiendas que planteen los partidos del arco parlamentario.

La convalidación de la norma que pretende acabar con el conflicto en las ciudades entre las VTC y los taxistas obtuvo 179 votos favorables (PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, Coalición Canaria, EH Bildu y Nueva Canarias); 166 votos en contra (PP y Cs) y dos abstenciones.

La mayoría de la Cámara Baja también ha respaldado que este real decreto de VTC sea tramitado como un proyecto de ley para permitir posibles modificaciones.

Alrededor de 1.000 taxistas concentrados hoy frente al Congreso de los Diputados han festejado la aprobación del real decreto ley, con lanzamiento incluso de petardos.

Movilización de los taxistas

El presidente de la patronal Unauto VTC, Eduardo Martín, ha declarado a Efe que «hay que celebrar» que la norma se tramite como proyecto de ley.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha señalado al respecto de esta tramitación que la inclusión de modificaciones al texto del real decreto «demorará» su tramitación, generará «incertidumbre» y «solo beneficiará a los que quieren conflicto».

Desde el PP Alberto Herrero ha señalado que la norma tal y cómo está redactada «es de cuestionable constitucionalidad» y ha añadido que la convalidación «precisa de enmiendas para dialogar y encontrar el consenso».

El representante del PdeCat Ferrán Bel ha admitido que su petición de incluir algunas modificaciones al texto normativo viene motivada «por la ausencia de diálogo» con los partidos políticos por parte del Gobierno, previo a la aprobación por el Consejo de Ministros.

Los portavoces parlamentarios han coincidido en señalar que las cuestiones más susceptibles de ser modificadas son las referidas a los aspectos competenciales, que facultan a las comunidades autónomas, y a las del régimen transitorio de cuatro años para que las administraciones autonómicas y locales adapten la legislación, que es un plazo que tiene también un carácter indemnizatorio.

Respuesta del ministro

Ábalos ha respondido que esta nueva norma «habilita pero no obliga» a las administraciones autonómicas y locales, y ha agregado que la norma «calcula y compensa en especie» (4 ó 6 años más) a los tenedores de las licencias de VTC para operar en el ámbito urbano.

La asociación Élite Taxi ha convocado para esta misma tarde una asamblea para decidir qué medidas llevarán a cabo tras la aprobación de la norma como proyecto de ley.

El presidente de la patronal Unauto VTC ha explicado que este escenario supone «un estudio más en profundidad, un mayor diálogo y un asesoramiento adecuado» de la actividad de los VTC.

Unauto, ha dicho Martín, «estará a partir de ahora expectante» y ha opinado que PSOE y Unidos Podemos «se han quedado solos» y ha matizado que la inclusión de enmiendas al texto significa que «se les exige consenso y entendimiento para defender 30.000 empleos» en el sector de las VTC.