La planta de Alcoa en Avilés.
La gran industria se beneficia en España de un sistema de ayudas para aligerar la carga que supone en sus cuentas el coste de la electricidad. Es el denominado servicio de interrumpibilidad, un sistema que garantiza que grandes fábricas pararán y dejarán de consumir electricidad (o recortarán su consumo) en caso de que existan picos de demanda tales como para generar un riesgo de problemas de suministro o para evitar fuertes subidas de luz del mercado eléctrico por desajustes de oferta y demanda.
Todos los consumidores eléctricos españoles asumen cada año a través de su recibo de luz pagos millonarios a las grandes industrias. Los consumidores han pagado entre 2008 y 2018 a través de sus recibos de luz 5.052 millones de euros a la gran industria. Actualmente el importe que reciben –que se reparte por un sistema de subastas- ha caído un 40% este año, hasta tan sólo 306 millones de euros repartidos entre más de un centenar de factorías.
Hasta que el Gobierno reformó el servicio de interrumpibilidad a finales del año pasado para poder activarlo más fácilmente por motivos económicos, Red Eléctrica –gestor del sistema- en la práctica casi no lo utilizaba. Durante años, las industrias cobraban por estar disponibles, pero sin verse obligadas a parar prácticamente nunca. Los datos confidenciales, pero fuentes conocedoras del sistema apuntan que durante una década se obligó a parar factorías sólo cinco horas.
Pero la última reforma ha disparado el número de veces en que las factorías beneficiarias de las ayudas han tenido que parar este año. En lo que va de 2018, Red Eléctrica ha obligado a dejar de consumir electricidad y detener su actividad en 50 ocasiones, según confirman a El Independiente fuentes del sector.
Las instalaciones industriales se han visto forzadas a parar durante 700 horas en diez meses. Y en todos los casos –todos- la razón esgrimida por Red Eléctrica ha sido la de los motivos económicos, nunca por problemas de seguridad de suministro. A pesar de ello, durante estos meses el precio de la electricidad en el mercado mayorista se había instalado en una espiral alcista, hasta el punto de rozar máximos históricos el pasado septiembre.
Nueva subasta, entre el 10 y el 14 de diciembre
El actual servicio de interrumpibilidad se creó en 2008. En los primeros años los pagos a las fábricas se realizaban mediante un modelo de precio regulado de la electricidad, y desde 2014 se realizan subastas en las que las industrias presentan sus ofertas para optar a las ayudas a cambio de estar dispuestas a desconectar sus factorías de la red en caso de ser necesario.
El Gobierno prepara la nueva subasta de interrumpibilidad para cubrir el servicio durante el primer semestre del próximo año. El Ministerio para la Transición Ecológica celebrará la próxima subasta entre el 10 y el 14 de diciembre, confirman fuentes ministeriales.
La propia ministra Teresa Ribera se ha mostrado dispuesta a reformular la subasta prevista si se confirma la decisión de la multinacional aluminera Alcoa de echar el cierre a dos de sus tres fábricas en España, dado el enorme peso que tiene la compañía estadounidense en el programa de ayudas.
Aunque Alcoa justifica los cierre en las pérdidas de ambas plantas –en Avilés y A Coruña- motivadas por su “menor capacidad de producción, una tecnología menos eficiente y elevados costes fijos”, el grupo lleva años advirtiendo de que el alto precio de la electricidad en España supone un lastre para su actividad.
Alcoa ha cobrado en los últimos años ayudas millonarias a través del sistema de interrumpibilidad eléctrica. Las cifras del reparto de esas ayudas entre las grandes industrias reciben el trato de información confidencial, y ni Red Eléctrica ni la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) las hacen públicas. Sin embargo, fuentes conocedoras de esos datos, confirman a El Independiente que Alcoa ha ingresado en la última década cerca de 1.000 millones de euros en ayudas, siendo “con una diferencia abismal” la compañía más beneficiada del país.
Este año cobrará cerca de 90 millones de euros en ayudas, cuando el coste total de 2018 del servicio de interrumpibilidad se sitúa en 306 millones de euros. En años anteriores, el importe de las ayudas ha sido incluso mayor, situándose normalmente por encima de los 100 millones anuales y con picos en algunos ejercicios que han superado los 140 millones de euros como en el año 2014. Justo ese año, Alcoa ya amenazó con el cierre de las dos plantas y de un ERE masivo, que finalmente no se ejecutó.