Los consumidores eléctricos españoles asumen cada año a través de su recibo de luz pagos millonarios a las grandes industrias. Es el denominado servicio de interrumpibilidad, un sistema que garantiza que grandes fábricas pararán y dejarán de consumir electricidad (o recortarán su consumo) en caso de que existan picos de demanda tales como para generar un riesgo de problemas de suministro. El Gobierno quiere ahora facilitar que las plantas tengan que parar también cuando haya subidas disparadas de los precios eléctricos.

El actual servicio de interrumpibilidad se creó en 2008. En los primeros años los pagos a las fábricas se realizaban mediante un modelo de precio regulado de la electricidad, y desde 2014 se realizan subastas en las que las industrias presentan sus ofertas para optar a las ayudas (la próxima subasta se celebrará a mediados de diciembre) a cambio de estar dispuestas a desconectar sus factorías de la red en caso de ser necesario.

Durante la década en que este sistema ha estado en vigor, los consumidores han pagado a través de sus recibos de luz 4.746 millones de euros a la gran industria [ver gráfico], según datos de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) y de la actual Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Sólo este año el coste de este mecanismo ha sido 525 millones de euros que se cargan en cada factura eléctrica.

Dos parones, y sólo por averías

A pesar del enorme coste de este programa, sólo ha sido necesario utilizarlo en dos ocasiones en la última década. Sólo dos veces han tenido que parar su actividad durante unas horas un puñado de fábricas por requerimiento de Red Eléctrica Española (REE), el operador del sistema y el encargado de ordenar los paros en caso de ser necesario.

Una en junio de 2016 y otra en octubre de 2017, nada más, según confirman a El Independiente fuentes del sector eléctrico conocedoras de la situación. Y en ambos casos fue por averías, no por un exceso de demanda que pusiera en peligro el suministro.

En una década sólo se ha ordenado parar tres fábricas en dos ocasiones y fue por averías en la red

El 8 de junio del pasado año Red Eléctrica ordenó parar durante dos horas a las plantas asturianas de Alcoa, Arcelor y Asturiana de Zinc por un fallo de una subestación de la red eléctrica. Y el pasado 2 de octubre fueron las mismas compañías las afectadas por el parón de sus plantas durante apenas una hora cada una, esta vez por una avería en la central eléctrica de Aboño.

En total, las paradas de las factorías han sido sólo de cinco horas en 10 años. Y sólo han afectado a tres de los cerca 140 puntos de suministro que se benefician de las ayudas. La reducidísima utilización del servicio de interrumpibilidad ha provocado que desde hace tiempo desde el sector eléctrico se critique su mantenimiento y se denuncie que se trata sólo de un sistema de subvenciones encubiertas a la gran industria para reducir sus costes energéticos y mejorar así su competitividad.

Ninguna parada de 2001 a 2016

El servicio de interrumpibilidad actual se aplica desde 2008. Antes de esa fecha Red Eléctrica también podía ordenar a grandes fábricas que cesaran o redujeran su consumo eléctrico con las que tenía contratos para ello. Pero el operador del sistema tampoco tuvo que recurrir demasiado a estas medidas drásticas en los años anteriores, y la anterior ocasión en que ordenó un parón de actividad había sido en 2001, según confirman fuentes internas de REE a El Independiente.

En 2001 se dieron hasta diez órdenes de interrumpir el consumo. En aquel momento, el riesgo de apagones era continuo porque la capacidad de generación del sistema eléctrico español era insuficiente a momentos para atender picos de demanda.

Desde el sector eléctrico se critica el sistema por tratarse de subvenciones encubiertas para la gran industria

La demanda eléctrica de aquella España que presumía de su milagro económico crecía con fuerza mientras que la capacidad de producirla llevaba estancada desde mediados de los ochenta. Desde 1987, cuando se abrió la última de las centrales nucleares- la de Trillo, en Guadalajara-, hasta ese principio de siglo la potencia instalada del sector eléctrico patrio se había mantenido prácticamente sin cambios.

El Gobierno de la época, el segundo presidido por José María Aznar, animó a las eléctricas -con previsiones desorbitadas de crecimiento del consumo futuro- a llenar el país de centrales de gas natural para producir electricidad. Y posteriormente, ya con José Luis Rodríguez Zapatero en Moncloa, llegó el boom de las renovables.

El resultado de ambos procesos es que España cuenta con una potencia instalada total de 105.000 megavatios. Y nunca ha hecho falta a la vez siquiera la mitad de toda esa potencia. El récord histórico de punta de demanda se alcanzó en diciembre de 2007, cuando las empresas y los hogares del país hicieron uso de 45.450 MW. El máximo alcanzado el año pasado se quedó en 40.489 MW.

CNMC critica su “elevado coste” y su poco uso

La CNMC ha aprovechado el informe preceptivo sobre la orden con la que el Ministerio de Energía introduce reformas en el servicio de interrumpibilidad para cargar con dureza contra este mecanismo por su “elevado coste” a pesar de estar “apenas utilizado”, y por eso reclama al Gobierno que justifique la necesidad de mantener este servicio.

La CNMC reclama al Gobierno que justifique la necesidad de mantener las ayudas por su poco uso

El supervisor considera que una reforma del mecanismo de interrumpibilidad “debe abordarse lo antes posible”. En este sentido, la CNMC propone que se diseñe una metodología para calcular previamente las necesidades de cobertura de interrumpibilidad, y no como se hace actualmente, que se utiliza el volumen de interrumpibilidad supuestamente necesaria como un dato de partida en el análisis de la cobertura.

Asimismo, el organismo arremete contra el relativo secretismo que gira en torno a este sistema y solicita que Red Eléctrica o el Ministerio de Energía hagan pública información sobre el uso efectivo del servicio de interrumpibilidad de manera periódica.

En cualquier caso, la CNMC valora positivamente la decisión del Gobierno de flexibilizar los criterios para que se haga uso de este servicio por motivos económicos y se haga parar fábricas en caso de que exista riesgo de fuertes subidas de la electricidad. De esta forma “se hará mayor uso del mecanismo, lo que supondrá una reducción del coste del servicio”, se apunta en el informe.