Las 400 bombas que España vendió en 2015 a Arabia Saudí y que fueron entregadas a la teocracia wahabita en septiembre de este año siguen dando de que hablar después de que protagonizaran un intenso debate político a la vuelta del verano. Las resoluciones de la cúpula de las Fuerzas Armadas que avalaron la venta hace tres años están consideradas como “material clasificado”, es decir, secreto, por lo que se desconoce el alcance del debate militar. Pero sí ha trascendido que hubo oposición interna.

Y es que hubo rechazo a la venta de armamento del Ejército por parte de altos cargos del Ejército del Aire, propietario de las 400 bombas de precisión láser fabricadas en Estados Unidos. La negativa a la venta probablemente se produjo en la mesa de la Junta Interministerial Reguladora de Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMMDU), que decide las exportaciones armamentísticas españolas. Así lo aseguran fuentes de primer nivel en las Fuerzas Armadas.

Contrato inusualmente bajo

El ministro en 2015 era Pedro Morenés, de perfil discreto, que fue quien firmó el contrato que se consumaría tres años después con el envío de las bombas láser. Y todo encaja con lo que ocurrió tras la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno: Margarita Robles fue nombrada titular de Defensa y al llegar encontró irregularidades en la venta, según se publicó hace un par de meses.

Las objeciones al contrato no eran solo humanitarias -que también, por la guerra de Yemen que enfrenta a una coalición que lidera Riad contra los hutíes (de origen chií) yemenitas-, también había controversias económicas. Como ya se ha publicado, el contrato era de 9,2 millones de euros -España exportó armas a Yemen en 2017 por valor de 270 millones-, aparentemente muy pequeño. Y las bombas no las fabricaron empresas del sector de Defensa, sino que pertenecían al Ejército español. En concreto, a las Fuerzas Aéreas.

Oposición solo del Aire

Todo este contexto explica la resistencia al contrato de la rama del Aire de las Fuerzas Armadas en el momento de sellar la venta. “Lógicamente uno no quiere desprenderse de mala manera de sus activos”, razona una fuente militar consultada por este medio. El rechazo fue advertido en los órganos que adoptaron la decisión por esta división -poseedora a su vez de las 400 bombas láser-. Se opuso en exclusiva el Ejército del Aire (23.000 miembros y más de 400 aeronaves), pero no por otras divisiones como la de Tierra o la Armada Naval, de acuerdo con la información obtenida por El Independiente.

En agosto pasado y a la vista del tenso panorama internacional en torno a Arabia Saudí, que alcanzó su clímax con el descuartizamiento del periodista disidente Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul a principios de octubre, la ministra Robles quiso paralizar este envío alegando fundamentalmente cuestiones humanitarias.

Navantia y AVE a La Meca

Rectificó a mediados de septiembre según adelantó El Indepentiente, probablemente presionada por su partido y por el contrato millonario de Navantia de 1.800 millones financiado por los jeques. O por el AVE a La Meca. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa, no arregló la marcha atrás del Gobierno al declarar entonces que las bombas “son de alta precisión y no se van a equivocar matando yemeníes”.

La oposición interna militar a vender las bombas no apuntaba tanto, según parece, a los civiles, sino a lo que parecía una mala operación económica para el Ejército. El Ejército del Aire se mantuvo firme en el rechazo a la transacción pero no fue suficiente para que la venta se cerrara con Morenés al frente de Defensa, en agosto de 2015. En marzo de ese año comenzó la intervención militar de Arabia Saudí. Miles de civiles yemeníes han muerto desde esa fecha por culpa de las bombas arrojadas.