Política

Robles forzada a rectificar: autoriza el envío de las bombas de precisión a Arabia Saudí

La rectificación de la titular de Defensa era el principal requisito para restaurar las relaciones diplomáticas entre ambos países

La ministra de Defensa, Margarita Robles.

La ministra de Defensa, Margarita Robles. EFE

La ministra de Defensa, Margarita Robles, da marcha atrás en su decisión de paralizar el pedido de bombas de precisión ya pagado, y finalmente entregará el material bélico a Arabia Saudí, según confirman fuentes solventes a El Independiente. 

El contrato con el país del golfo Pérsico se enmarca dentro de una operación que comenzó en enero de 2015 con Pedro Morenés, continuó María Dolores de Cospedal, y que finaliza este miércoles Robles al dar luz verde al suministro de los misiles de precisión láser.

La rectificación de la ministra de Defensa constituía el requisito principal para restaurar las relaciones diplomáticas entre ambos países que exigía el reino saudí, tras la decisión de Robles de paralizar la venta de las bombas pertenecientes al Ejército de Tierra.

Con la autorización del envío del armamento a Riad, se despejan prácticamente todas las dudas del contrato de Navantia, ya que la construcción de cinco corbetas por valor de 1.800 millones de euros para la Armada de Arabia Saudí y 6.000 puestos de trabajo se encontraban en jaque por la decisión de la titular de Defensa.

De hecho, hasta este miércoles la idea del Gobierno era congelar el contrato con el país del golfo Pérsico, cerrado por el gobierno de Mariano Rajoy, y devolver los 9,2 millones de euros que se habían abonado por las 400 bombas de precisión, con el objetivo de poner control al negocio de armas con el régimen árabe por el riesgo de que estas armas fuesen utilizadas para atacar Yemen, territorio en guerra desde 2015.

España es el cuarto país en el ránking de los mayores exportadores de armas a Arabia Saudí, y, entre 2015 y 2017, nuestro país exportó material bélico (corbetas, bombas, municiones y demás enseres de Defensa) por valor de más de 932 millones de euros, según apunta Amnistía Internacional.

 

Comentar ()