La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, durante su participación en un acto organizado por Europa Press.
Los datos de ejecución del Presupuesto del Estado correspondientes a octubre, que reflejan una caída de su déficit del 36,8%, hasta el equivalente al 0,69% del PIB, y una disminución del saldo negativo de la Seguridad Social del 11,5%, hasta el 0,44%, han dejado al descubierto, sin embargo, el gasto que a estas alturas acumula la Administración por la subida de las pensiones del 1,6% incluida a última hora en las cuentas anuales de 2018. Una factura cercana a los 1.700 millones de euros a dos meses de cerrar el ejercicio.
El anterior Gobierno del PP no dejó previsto un asiento presupuestario para esta subida y la de las pensiones de viudedad --incremento de la base reguladora del 54% al 56%--, ambas introducidas por la vía de la enmienda tras el acuerdo con el PNV que permitió sacar adelante los Presupuestos.
Esta eventualidad ha obligado al actual Gobierno de Pedro Sánchez a buscar la forma de reflejar este incremento del gasto en los 'papeles' toda vez que en ningún momento se ha puesto en duda que la subida se pagaría de alguna forma.
Pues bien, en los datos de ejecución presupuestaria se refleja el desembolso de transferencias corrientes del Estado a otras administraciones. Hasta el mes de octubre, esta partida asciende a 75.132 millones de euros, 4.595 millones más que en 2017. De esta cantidad, las realizadas a la Seguridad Social alcanzaron en el décimo mes del año los 14.165 millones, 1.898 millones adicionales (un 15,5% más) que en el mismo periodo de 2017, debido, sobre todo, a que se han destinado 1.112 millones más "a apoyar su equilibrio presupuestario" del sistema.
La documentación de Hacienda explica que esta partida no tiene correspondencia en 2017 y es que, según explican fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero, esta cantidad se corresponde precisamente al impacto de la subida de las pensiones que se introdujo vía enmienda en los Presupuestos de 2018.
Recordar que el Presupuesto ya incluía una serie de subidas en pensiones, como la del 3% para las mínimas y las no contributivas, cuando, fruto de un pacto entre el PNV y el PP, las cuentas acabaron incorporando una subida del 1,6% con carácter general para los años 2018 y 2019, y un incremento de la base reguladora de las pensiones de viudedad del 54% al 56%.
Pues bien, en aquel momento, el Gobierno ya estimó un impacto de entre 1.300 y 1.500 millones de euros en 2018 que va camino de cumplirse al milímetro. Tomando esos 1.112 millones de euros (incluyen el pago de atrasos realizado en julio), se puede anualizar el gasto y la cantidad resultante (contando con 14 pagas) arroja una cifra muy cercana.
El impacto en los complementos a mínimos
Sin embargo, las transferencias del Estado a la Seguridad Social aún están soportando un incremento más del gasto. Es el que tiene que ver con los complementos que se pagan desde los Presupuestos de la Administración Central al sistema para completar las pensiones más bajas hasta las cuantías mínimas.
Hacienda explica que, por el efecto de la elevación de las pensiones mínimas un 3%, la distancia entre algunas pensiones y las cuantías mínimas ha aumentado y, con ella, los complementos a pagar. Aunque, por otra parte, en el caso de las pensiones de viudedad, que en gran parte no llegan a la cuantía mínima, esta subida hizo que las personas beneficiarias sencillamente pasaran a cobrar menores complementos a mínimos.
Sumando estos efectos, en este caso el gasto ha aumentado en 575 millones de euros, hasta los 7.161 millones.
Así es que, al menos en el capítulo de transferencias, el Estado lleva gastados 1.898 millones de euros más para sostener el equilibrio financiero de la Seguridad Social con motivo de la entrada en vigor de las últimas subidas de pensiones que se incluyeron a última hora en los Presupuestos de 2018.
Y además, los préstamos
Cabe recordar que estas transferencias son traspasos que realiza el Estado a la Seguridad Social, pero que nada tienen que ver con el préstamo presupuestario de 15.000 millones incluido en las cuentas de 2018 para sufragar las pagas extras de las pensiones de julio y diciembre, ni tampoco con las dotaciones que el Gobierno prevé agotar este año con el mismo fin procedentes del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Ahora bien, tampoco incluye un desembolso pendiente cuyo asiento presupuestario también es inexistente. Se trata del ajuste de la subida de las pensiones con el IPC del mes de diciembre que llevará a cabo el Gobierno, pero que, tal y como aclaró este lunes el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, se imputará al Presupuesto de 2019.
De acuerdo con las previsiones, por cada décima de desviación del déficit, el Estado tendrá que abonar algo más de 128 millones de euros adicionales. Tomando como referencia la previsión de IPC del Ministerio de Economía, que espera una tasa anual del 1,9% en diciembre, el desembolso sería de 384 millones de euros adicionales, o de casi 800 millones si esta 'paguilla' no es un coste puntual y se acaba consolidando en las nóminas de los pensionistas.