La sede del Consejo de Seguridad Nuclear en Madrid.
Cuando apenas quedaban un par de meses para las elecciones generales de diciembre de 2015, el Partido Popular aprovechó su entonces mayoría absoluta en las Cortes para tomar el control de la cúpula del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En plena polémica por el futuro de la central de Garoña y del cementerio nuclear de Villar de Cañas, el Gobierno de Mariano Rajoy rompía el tradicional equilibrio entre partidos y pasaba a controlar también por mayoría absoluta el supervisor.
Tradicionalmente, el pleno del CSN –el órgano colegiado de cinco miembros que toma las grandes decisiones en el centro- lo integraban dos consejeros nombrados a propuesta del PSOE, otros dos del PP y un quinto propuesto por la antigua CiU. Pero en 2015 el Ejecutivo aprovechó la salida del último consejero elegido por los nacionalistas catalanes para nombrar un tercer miembro vinculado al Partido Popular.
Ahora toca renovar a cuatro de los cinco consejeros por expiración de mandato o por jubilación forzosa, y el Gobierno de Pedro Sánchez aprovechará la situación para volver a ese antiguo equilibrio entre los dos grandes partidos y acabar con la mayoría de los populares.
Lo hace con retraso, porque la renovación de la cúpula del Consejo de Seguridad Nuclear se esperaba que arrancara ya el año pasado, pero para desesperación de algunos de los partidos que apoyaron la moción de censura (y también de algunos miembros del propio Partido Socialista) los movimientos se han hecho esperar.
2 PSOE, 2 PP y 1 Podemos
Los planes del Gobierno de Pedro Sánchez -los nombramientos de organismos reguladores dependen directamente de Moncloa- pasan por volver al antiguo equilibrio de poder entre los partidos mayoritarios, con dos consejeros propuestos por el PSOE (uno de los cuales ocuparía la presidencia), otros dos del Partido Popular y un quinto que ya no estará propuesto por los nacionalistas catalanes, sino por Unidos Podemos, según explican a El Independiente varias fuentes parlamentarias, que confirman contactos al menos preliminares entre los partidos en busca de un acuerdo.
Desde el sector eléctrico con presencia en el negocio nuclear se subraya que no se puede entender, en cualquier caso, que la remodelación de la cúpula del CSN pretendida por el Gobierno sea una vuelta al equilibrio entre partidos, ya que el PP (el único partido que apoyaría abiertamente a prolongar la vida de las nucleares) se quedaría en minoría frente a PSOE y Podemos (que comparten, con matices y distintos plazos, su visión de ir clausurando las centrales hoy operativas).
Y es que la renovación llega en un momento clave en que se juega el futuro de la energía nuclear en España, en el que el Gobierno establecerá un límite a la vida útil de las centrales y en las que las dos grandes eléctricas Iberdrola y Endesa chocan por sus distintas visiones sobre los plazos en que será necesaria la producción de electricidad con plantas atómicas en el país.
Con acuerdo o sin acuerdo
Formalmente el proceso de nombramiento contempla que el Gobierno propone a los candidatos, la comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados debe dar su visto bueno con una mayoría de tres quintas partes de los miembros, y el Consejo de Ministros acaba aprobando posteriormente el nombramiento. Sin embargo, todo el poder realmente queda en manos del Gobierno, ya que, en caso de que el Congreso rechazara los candidatos, el Ejecutivo puede designar a los nuevos consejeros unilateralmente transcurrido un mes desde la votación en la Cámara.
Para agilizar los nombramientos y hacer posible la remodelación acortando los plazos, el Ejecutivo prefiere alcanzar un acuerdo con el Partido Popular y así sumar la mayoría de tres quintos en la comisión parlamentaria. Sin el apoyo de esa mayoría reforzada en el Congreso, el proceso se dilataría. Pero acabaría saliendo adelante.
La intención inicialmente es que la remodelación de la cúpula se haga efectiva en marzo. Sin embargo, otras fuentes conocedoras de los movimientos apuntan que Moncloa y el Ministerio de Transición Ecológica no tienen prisa y se sienten cómodos con llegar a junio con los deberes hechos en la recomposición del organismo encargado por velar por la seguridad de las instalaciones nucleares en el país.
Cuatro sillas que cambiar
Los miembros del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear tienen un mandato de seis años, con opción a una renovación por otros seis. El pasado 28 de diciembre expiró el mandato del presidente del CSN, Fernando Marti, que tendría opción a renovar su cargo, pero que tanto el Gobierno como una mayoría de grupos parlamentarios descartan por completo tras las duras críticas a su gestión. De momento, Marti tiene prorrogado su mandato durante seis meses de manera provisional, pero se acabará en el momento en que se produzcan los nuevos nombramientos sin necesidad de completar ese semestre adicional.
También el pasado 28 de diciembre expiró el mandato de Jorge Fabra, a pesar que por entonces llevaba poco más de un año en el supervisor. Y es que Fabra, la única voz crítica en la cúpula, entró en el pleno en sustitución de Cristina Narbona –que dejó el centro para ocupar la presidencia del PSOE- y se limita a completar el mandato de ésta. En principio, Fabra tendría opción de renovar y asumir otro mandato, pero la normativa no permite que haya consejeros mayores de 70 años y alcanzará a principios de este febrero.
Además, el 20 de febrero de 2019 también acaban sus mandatos Fernando Castelló (nombrado a propuesta del PP) y Rosario Velasco (ex diputada del PSOE). Ninguno de los dos tiene opción a renovar por más tiempo su asiento, así que también deberán ser sustituidos. El quinto consejero seguirá siendo Javier Dies Llovera, en el cargo desde octubre de 2015 por el Partido Popular.