El PSOE, y con él ahora el nuevo Gobierno, ha venido defendiendo echar el cierre de las centrales nucleares según vayan cumpliendo 40 años en funcionamiento. Un plan que provocaría que España se quedara en 2028 sin ninguna planta en operación, en el momento en que se clausurara la de Trillo (la última en llegar a la cuarentena).
El Gobierno de Pedro Sánchez afronta en los próximos meses hitos clave para diseñar el panorama energético nacional del futuro, con la presentación a Bruselas de la planificación del mix energético para 2030 (cómo se reparte la generación eléctrica entre los diferentes tipos de energía) y la elaboración del proyecto de Ley de Cambio Climático. Ambos textos están íntimamente relacionados, y ambos obligan a tomar decisiones, entre otros muchos aspectos, sobre cuándo echar el cierre a la nuclear y el carbón.
De cara de la elaboración de estas proyecciones, el Gobierno -comandado en esta materia por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera- mantiene como referencia su objetivo de cierre de las nucleares a los 40 años de operación, pero se muestra abierto a debatir otras propuestas y a alcanzar acuerdos en base a análisis económicos, financieros, técnicos y ambientales sobre las consecuencias del cierre.
“En principio el uso de las nucleares debe ser de 40 años”, ha dicho este jueves la ministra Ribera en el Congreso de los Diputados. “Nuestro escenario ideal es cumplir el compromiso electoral. Nuestra propuesta es que sean 40 años y no más. Vendremos con nuestra propuesta. Otros pueden plantear otras hipótesis y se pueden debatir”.
Horas antes, la propia ministra intervino en un desayuno informativo y apuntó que, aunque tiene claros sus compromisos electorales, hará lo mejor para la economía y “no va a hacer una barbaridad” con el cierre de las nucleares y de las centrales de carbón. Incluso apuntó que el hecho de que el apagón nuclear se produzca en 2028 o no dependerá de los diferentes escenarios climáticos que se planteen para el futuro. Esto es, no es una fecha cerrada.
Con el cierre a los 40 años, las clausuras arrancarían en 2020 y se irían sucediendo hasta 2028. Como ya adelantó El Independiente en exclusiva, el Gobierno de Pedro Sánchez apuesta por escalonar más el calendario de las clausuras por razones operativas (singularmente la gestión de los residuos y el solapamiento de los trabajos de desmantelamiento de las plantas), lo que llevaría a algunas de ellas a funcionar más de 40 años y se podría aplazarel apagón nuclear total en el país hasta más allá de 2030.
El Ejecutivo sólo plantea abrir el debate y negociar su propuesta, su plan "en principio" sigue siendo el mismo. “La postura central de los socialistas sigue siendo cerrar las plantas según vayan cumpliendo 40 años”, apuntan fuentes parlamentarias. “Pero el Gobierno apuesta por la cautela, por mostrarse abierto al debate con el resto de grupos, no cerrando la puerta a reformular la propuesta que recogía en su programa electoral una vez tenga más datos sobre las consecuencias que tiene el cierre nuclear tanto para el clima [la nuclear no emite CO2], como para la gestión adecuada de los residuos y también para el precio de la electricidad”.
El precio de la electricidad
Y es que la nuclear entra a precio cero al mercado mayorista de la electricidad y sirve para contener el precio de la energía. El anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, esgrimió con insistencia para justificar su defensa a ampliar la vida de las centrales nucleares a largo plazo que su clausura implicará un incremento del 25% del precio de la electricidad (que sería un 15% más si también se cerraba el carbón).
El ofrecimiento de emprender un debate sobre diferentes escenarios para la nuclear por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, llega en un momento en que el precio de la electricidad se ha embarcado en una espiral alcista y el mercado mayorista ha ido marcando máximos anuales de manera consecutiva durante el último mes.
La propia ministra ha reconocido que la electricidad seguirá subiendo, mientras que el Gobierno prepara una reforma integral para que el comportamiento de los precios sea más “racional”, y en la que se abordarán cambios en los impuestos, en el funcionamiento del propio mercado mayorista, de los costes regulados y del recibo de luz.
El cementerio nuclear
La ministra Ribera acudió al Congreso para explicar de congelar el proceso de autorización de la construcción del almacén de residuos nucleares de Villar de Cañas, en Cuenca. El pasado julio, el Ministerio solicitó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que suspendiera la aprobación de un informe técnico sobre el permiso.
Ribera no adoptará una decisión definitiva sobre el futuro del almacén de Villar de Cañas hasta elaborar un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR); el actual fue aprobado en 2006 y está caducado desde 2010. La ministra se ha comprometido a tener listo un nuevo programa de gestión de la basura nuclear el próximo año.
Sin diseñar un nuevo mix energético, no se sabe cuánto tiempo más operarán las nucleares. Sin saber el momento de cierre de las nucleares, no puede calcularse el volumen de residuos que producirán. Y sin conocer el volumen de residuos, cómo poder calcular cuánto costará gestionarlos y dónde puede hacerse. Por estas razones, Ribera ha justificado la paralización de los permisos del almacén temporal centralizado (ATC). Incluso, con todos estos condicionantes, con todas estas incógnitas, la ministra llegó a apuntar que “es difícil saber si se puede o no cerrar las centrales”.
La ministra negó que sea urgente tomar una decisión sobre el almacén nuclear de Villar de Cañas, dado que todas las centrales nucleares españolas tienen su propio almacén individual (ATI), o está en contrucción o está en proceso de aprobarse la misma. No obstante, el Gobierno confirmó la necesidad de que haya un cementerio nuclear centralizado en España.
“Tenemos margen para seguir usando temporalmente los ATI [almacenes temporales individualizados]”, dijo la ministra, dado que aún pueden seguir aceptando nuevos residuos producidos por las centrales. “Pero no se puede sustituir el almacén centralizado por los ATI. (…) Pero no puede gestionarse así durante mucho tiempo. La gestión de los residuos nucleares sigue exigiendo la construcción de un almacén centralizado”.
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