Economía

El Gobierno paraliza de forma temporal el cementerio nuclear de Villar de Cañas

El Ministerio para la Transición Ecológica solicita al Consejo de Seguridad Nuclear suspender hasta nueva orden la tramitación del permiso de construcción del almacén de residuos nucleares.

El municipio de Villar de Cañas, en Cuenca, donde está previsto construir el almacén centralizado de residuos nucleares.
El municipio de Villar de Cañas, en Cuenca, donde está previsto construir el almacén centralizado de residuos nucleares. | Europa Press

El Gobierno ha decidido poner freno a la tramitación del proyecto de construcción de un almacén de residuos nucleares en Villar de Cañas, en Cuenca. El Ministerio para la Transición Ecológica ha solicitado por carta al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que suspenda el expediente para dar el visto técnico al permiso de construcción del cementerio nuclear. El escrito está firmado por el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, y fue remitida al supervisor el pasado 5 de julio.

Carta remitida al CSN sobre el ATC Villar de Cañas
Carta remitida al CSN sobre el ATC Villar de Cañas

La suspensión de la tramitación es de carácter temporal, según fuentes del propio CSN, que confirman la información adelantada por El País. El plan del Ministerio comandado por Teresa Ribera pasaría por congelar los trabajos del CSN hasta tomar una decisión definitiva sobre el futuro del almacén nuclear y hasta elaborar la planificación energética a largo plazo del país, que estará lista a finales de este año. Una planificación que, entre otros aspectos, deberá determinar los plazos para el cierre de las centrales nucleares.

Hace ya más de seis años que el Consejo de Ministros eligió el municipio de Villar de Cañas para instalar el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares, el silo en que se guardarán durante décadas –probablemente hasta cerca de un siglo- los desechos de alta radiactividad producidos por las centrales nucleares españolas. El plan inicial pasaba por tenerlo ya operativo este mismo año. Pero las obras de construcción de las instalaciones ni siquiera han comenzado.

Para poner en marcha el almacén son necesarias tres autorizaciones: la de emplazamiento, la de construcción y la de explotación. Todas ellas requieren un informe técnico favorable por parte del Consejo de Seguridad Nuclear y que posteriormente el Gobierno apruebe cada uno de los tres permisos.

Hacen falta tres autorizaciones

Hasta ahora, el CSN ha dado el visto bueno técnico sólo a la autorización previa de emplazamiento, pero el Gobierno de Mariano Rajoy no aprobó ese permiso porque aún falta que la Secretaría de Estado de Medio Ambiente desbloquee la declaración de impacto ambiental del proyecto, en impasse por no estar completos los estudios de impacto radiológico de la instalación.

El Consejo de Seguridad Nuclear decidió aprobar su informe favorable para la concesión de la autorización de emplazamiento del almacén nuclear, a pesar de las dudas expresadas por sus propios técnicos y por consultoras externas sobre la calidad de los terrenos elegidos para ubicar la instalación.

El CSN trabajaba ahora en el informe técnico sobre la autorización de construcción, y pretendía tenerlo listo este mismo año. Pero el nuevo Gobierno ha ordenado paralizar los trabajos hasta nueva orden. Fuentes conocedoras de los planes del supervisor apuntan que el objetivo era aprobar el informe de manera inmediata.

La tramitación del proyecto ya acumulaba un enorme retraso y se ha venido viendo dilatada por las dudas de los técnicos sobre la idoneidad de los terrenos elegidos, por las reformas legales aprobadas por la Junta de Castilla-La Mancha para bloquearlo y por la judicialización del proceso en una permanente guerra de recursos entre administraciones.

Un proyecto de casi 1.000 millones

El plan del cementerio nuclear de Villar de Cañas contempla un presupuesto que se elevará hasta los 972 millones de euros, según las estimaciones que maneja Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar los residuos nucleares, como adelantó El Independiente. No obstante, diferentes fuentes del sector nuclear advierten que ese coste puede acabar siendo mayor por las eventuales mejoras que habrá que incluir en el proyecto por la mala calidad de los terrenos elegidos.

El Gobierno de Rajoy ya incluyó en los presupuestos generales del Estado (PGE) de este año una partida de 144,48 millones de euros destinada al desarrollo del cementerio nuclear. Los fondos para el silo concentran casi una cuarta parte del total de inversiones recogidas en los PGE para Castilla-La Mancha.

El plan para almacén de deshechos de alta radiactividad pasa (o pasaba), en principio, por tenerlo listo en 2024, seis años después de lo previsto. Enresa, no obstante, intentaba adelantar una parte del proyecto para tenerla operativa con antelación.

Y es que el objetivo de Enresa es fraccionar el proceso de autorizaciones para licenciar por separado y con antelación el almacén de espera de contenedores (AEC), el edificio en el que se inicia el proceso y al que primero llegarán los residuos desde las centrales nucleares. Si la empresa consigue su objetivo, este primer edificio podría estar operativo en 2021 y empezar entonces a recoger residuos procedentes de las plantas.

¿Un almacén en cada central?

El Gobierno del Partido Popular defendía la construcción del almacén nuclear centralizado como la opción más barata para gestionar los residuos radiactivos. En lugar de construir un solo silo en que se concentre toda la basura nuclear del país se podría, según defienden algunas organizaciones también se podría dejar los residuos en almacenes en cada una de las centrales nucleares.

Pero según las estimaciones de Enresa, la gestión de una red de almacenes temporales individualizados (ATI) en cada planta costaría algo más del doble que el propio ATC. Mientras que se estima que el almacén de Villar de Cañas costará esos 972 millones, el cálculo de construir y mantener la red de almacenes en cada central se elevaría hasta los 1.980 millones de euros.

Sólo los cerca de 480 contenedores que habría que instalar entre todos los almacenes costarían cerca de 1.000 millones, y los sistemas de seguridad para operar en caso de deterioro de esos contenedores a lo largo de las décadas casi duplicaría ese presupuesto.

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