El Gobierno de Sánchez planea un apagón nuclear escalonado y dejará algunas centrales más de 40 años

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez pretende dar un giro a la política energética nacional y dar los primeros pasos para echar el cierre a las centrales nucleares españolas. El PSOE lleva tiempo proponiendo una clausura ordenada de todas las plantas según vayan cumpliendo los 40 años en operación.

Así se recogía en los últimos programas electorales del PSOE, así lo han defendido los socialistas en las Cortes en los últimos años. Y así se recogía también en la hoja de ruta para la conseguir transición energética futura elaborada por un consejo asesor dirigido por la que ahora se convertirá en la nueva ministra del ramo, Teresa Ribera, que concentrará en un solo superministerio las competencias de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático.

El nuevo Ejecutivo socialista mantiene el plan de cerrar todas las nucleares y seguirá teniendo como fecha de referencia para ejecutar los cierres el momento en que alcancen las cuatro décadas en funcionamiento (todas las centrales las cumplen entre 2020 y 2028).

Pero “por razones operativas” el Gobierno de Pedro Sánchez apostará por escalonar más el calendario de las clausuras, lo que llevaría a algunas de ellas a funcionar más de 40 años y aplazaría el apagón nuclear total en el país hasta más allá de 2030, según confirman a El Independiente varias fuentes próximas a la dirección socialista.

Nucleares más allá de 2030

La razón fundamental que lleva al Gobierno de Sánchez hacer más gradual el cierre es que resultaría imposible gestionar simultáneamente las labores de desmantelamiento de todas las centrales. “La necesidad de escalonar los cierres para que no se solapen los desmontajes de las centrales hará que alguna de ellas, quizá dos o tres, funcionen más de 40 años”, apunta una de las fuentes. “Implicaría llevarlas hasta los 43 o 44 años en operación, no más”.

Lo que no vamos a hacer, como quiere el PP, es ampliar las centrales hasta los 50 años. En eso no cederemos"

Los siete reactores nucleares actualmente operativos en España cumplirán los 40 años desde su construcción en un corto periodo temporal entre 2020 y 2028. Teniendo en cuenta que el desmantelamiento de las centrales requiere entre siete y diez años de trabajos, los socialistas asumen que resultaría imposible -por falta de personal y recursos, y por los cuellos de botella en el transporte de residuos- abordar de manera simultánea el desmontaje de todas las plantas.

“El PSOE siempre ha defendido que el establecimiento de un calendario ordenado de cierres. Ahora toca, siguiendo criterios de seguridad, criterios técnicos y criterios económicos, fijar un calendario gradual, así que alguna funcionará 39 años, otras 40 y otras 43 años”, apunta una dirigente socialista, que apunta que también ha de abrirse una negociación con las compañías eléctricas para determinar el calendario en función del estado de cada central y de las inversiones que requeriría seguir operando.

“Lo que no vamos a hacer, como pretendía el anterior Gobierno del PP, es ampliar las licencias de explotación de las centrales 10 o 20 años. Lo que no vamos hacer es dar vía libre a que las plantas amplíen su vida hasta cumplir 50 años o más. En eso no vamos a ceder”, sentencia esta dirigente.

Las nucleares ven imposible el apagón hasta 2045

El propio sector nuclear coincide en que los problemas organizativos que puede desencadenarse en la gestión de los residuos radioactivos y el desmontaje de las centrales, así como el agujero milmillonario que acumula el fondo público que sirve para financiar ambas tareas, obligan a ampliar la vida de las centrales nucleares. Pero en su caso, las compañías auguran que el apagón nuclear resulta imposible de ejecutar hasta al menos 2045, o incluso más.

Uno de los desencadenantes de la situación sería, según la patronal Foro Nuclear, el retraso que acumula el almacén temporal centralizado (ATC) de Villar de Cañas, en Cuenca. El cementerio nuclear, cuya puesta en marcha inicialmente estaba prevista incluso para este mismo año, ni siquiera ha empezado a construirse por la batalla legal que lo tiene paralizado.

Las previsiones de Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar los residuos nucleares, contemplan que el almacén de basura radioactiva pueda estar en marcha en 2024. Las nucleares calculan que situación ideal para gestionar correctamente los residuos radiactivos pasaría por no iniciar el cierre de las centrales nucleares ahora operativas al menos hasta 7 u 8 años después de la entrada en funcionamiento del cementerio nuclear. Así que  la próxima central en echar el cierre no debería hacerlo hasta 2032.

Y, como se plantea el nuevo Gobierno socialista, Foro Nuclear reclama que los desmantelamientos de las centrales se realicen de manera escalonada para evitar el solapamiento de trabajos, dejando transcurrir entre dos y tres años entre una clausura y otra. Un decalaje que también retrasaría de manera sustancial el fin de la energía nuclear, postergando hasta 2045 o incluso más allá el apagón de todas las centrales nucleares.

El choque de Nadal con las eléctricas

El propio sector nuclear, con Iberdrola a la cabeza, denuncia que las centrales llevan años registrando pérdidas y amenaza con echar el cierre a las plantas si no se garantiza su viabilidad. La patronal Foro Nuclear reclama abiertamente una rebaja de los impuestos que soportan las centrales y que la electricidad que producen se retribuya de manera especial para volver a ser rentables y asegurar su sostenibilidad.

Ante la amenaza, el hasta ahora ministro de Energía, Álvaro Nadal, respondió preparando un doble golpe legislativo para frenar el reto. Por un lado, el Gobierno del PP preparaba una normativa que le permitiría vetar la clausura de cualquier tipo de central que se considere necesaria para el sistema eléctrico (para asegurar el suministro, la planificación energética o para contener el precio de la energía).

Y, por otro, se trataba de complicar el cierre de las centrales con otra norma que sirviera para trasladar a las eléctricas todo el coste del desmantelamiento de las centrales (un hachazo millonario que las compañías no pueden asumir).