Economía

Nadal complica el cierre de nucleares: carga a las eléctricas más costes por desmantelarlas

El Gobierno busca vías legales alternativas, ante la falta de apoyos parlamentarios, para aplicar recortes a las eléctricas en los sectores de la luz y el gas que ahora cifra en unos 250 millones al año.

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Nadal complica el cierre de nucleares: carga a las eléctricas más costes por desmantelarlas
El ministro de Energía, Álvaro Nadal.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal. EP

Resumen:

El Ministerio de Energía se ha propuesto, por un lado, no ceder el timón de la planificación energética del futuro (teniendo voz y voto en determinar qué centrales eléctricas pueden cerrar y cuáles no, o al menos cuándo y en qué condiciones) y, por otro, también reducir los costes de los sistemas energéticos (aplicando recortes a diferentes retribuciones que reciben las compañías eléctricas). Y para ello ha lanzado toda una batería de iniciativas legislativas y, ante la dificultad de sumar apoyos parlamentarios para sacarlas adelante, el Gobierno no se rinde y busca fórmulas alternativas para todas ellas.

El Ministerio que comanda Álvaro Nadal ha elaborado un decreto para reforzar su poder de veto al cierre de centrales, con el objetivo de mantener abiertas un tiempo las plantas de carbón y, sobre todo, frenar la amenaza lanzada por las eléctricas -con Iberdrola a la cabeza- de echar el cierre a sus nucleares porque, esgrimen, acumulan pérdidas por los altos impuestos. El decreto se ha encontrado con la crítica descarnada de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que directamente lo considera ilegal, y está por ver si el Consejo de Estado -cuyo informe sí es vinculante- da su visto bueno al texto.

A la espera de ver si el decreto logra ver la luz, desde el Ministerio de Energía ya se advirtió que se buscarían otras fórmulas legales de ser necesario para poder manejar de manera ordenada el cierre de plantas eléctricas. Fuentes parlamentarias y fuentes del sector eléctrico entienden que el Gobierno ha encontrado otra vía para intentar dificultar a las compañías el cierre de centrales nucleares y que ése es uno de los objetivos de la propuesta del ministro de Nadal de trasladar a las eléctricas más costes derivados del desmantelamiento de las plantas. «Con la medida no se veta cerrar nucleares, pero desincentiva, y mucho, que las eléctricas quieran hacerlo ahora», apunta una fuente ligada al sector nuclear.

¿Quién pagará el cierre de las nucleares?

Hasta ahora, los propietarios de las centrales van alimentando mediante el pago de tasas un fondo presupuestario en manos de Enresa -la sociedad pública encargada de la gestión de los residuos nucleares en España-, que sirve para financiar los trabajos de desmantelamiento de las centrales y la gestión de la basura nuclear.

El fondo de Enresa tal y como está diseñado actualmente no serviría para cubrir todos los costes previstos (el Tribunal de Cuentas advirtió de que se enfrenta a un déficit futuro de casi 1.500 millones de euros). Pero es que, además, en el actual contexto de tipos de interés a niveles mínimos, la rentabilidad financiera que venía obteniendo la sociedad pública con el dinero acumulado con las tasas ha caído drásticamente y los problemas de salud del fondo amenazan con acrecentarse.

Así que el Gobierno ha propuesto a los grupos parlamentarios una reforma para hacer que las eléctricas paguen el desmantelamiento de centrales no sólo mediante esas tasas, sino también que asuman otra parte directamente de su bolsillo, según ha desvelado el ministro Nadal este miércoles en el Congreso de los Diputados.

“Cada día que pasa hacemos perder dinero a los consumidores”, dice el ministro sobre los recortes a las eléctricas

En la práctica, y a falta de que se concrete más el plan ministerial, las tornas cambiarían: no serían las eléctricas pagando a Enresa para que se encargue del desmantelamiento, sino que la obligación de realizar esos trabajos recaería en las propias eléctricas, en los dueños de la central, que recibirían de Enresa una parte del presupuesto, pero una parte la tendrían que asumir directamente las compañías.

«El cierre de cualquier central implica aportación de dinero público», ha dicho el ministro, que pretende minimizar esa factura para el erario. Las estimaciones de Enresa -que tras la reforma se encargaría sólo de la gestión de los residuos nucleares- apuntan a que el desmantelamiento de todas las centrales requeriría una inversión próxima a los 4.200 millones de euros.

Recortes a las eléctricas

En paralelo, el Gobierno se ha lanzado a poner en marcha casi lo más brevemente posible (en principio, a partir de 2019) recortes a las retribuciones que reciben las eléctricas por actividades reguladas tanto en el sector eléctrico como en el del gas. En total, y según cifra ahora Nadal, los ajustes propuestos permitirían reducir los costes de ambos sistemas en torno a unos 250 millones de euros al año (200 millones para el sector eléctrico y ahora sólo 50 millones para el del gas).

En el sistema eléctrico, el Ministerio de Energía quiere revisar la compensación que reciben las eléctricas por tardar dos años en empezar a ser retribuidas por sus redes de distribución y de transporte (equivalente a un tipo de interés del 10% en ese bienio), y pasar a fijar un índice financiero ligado al nivel real de tipos. Con esta medida, el Ejecutivo calcula que el sistema se ahorraría más de 100 millones de euros al año. Asimismo, el Gobierno propone rebajar la retribución a determinados activos de las grandes eléctricas (recortándoles unos 70 millones) y otros de Red Eléctrica (entre 15 y 20 millones más).

Para el sistema gasístico, en los últimos días se había filtrado un borrador de propuesta del Ministerio que contemplaba un fuerte recorte 375 millones de euros (de hasta 285 millones al año en la retribución por las redes de distribución de gas y de unos 90 millones en pagos a Enagás). Como la propuesta implicaba adelantar dos años el momento de la revisión de esas retribuciones prevista hasta ahora legalmente, el impacto para las compañías era de 750 millones en esos dos ejercicios.

En su intervención en el Congreso, Nadal no ha hecho referencia a estas medidas y sólo ha avanzado que pretende revisar la retribución de determinados activos del sistema gasístico que, a la espera de un informe de la CNMC que los valore, podría suponer un recorte de los costes que puede ir desde los 0 a los 50 millones de euros.

El ministro ha reclamado el apoyo del resto de grupos parlamentarios a estas medidas para conseguir reducir los costes del sistema energético y con ello conseguir abaratar su funcionamiento. Reclama su apoyo, y con rapidez. «Cada día que pasa hacemos perder dinero a los consumidores», ha sentenciado Nadal.

El plan inicial del Gobierno pasa por que el Partido Popular introduzca enmiendas en el Senado en una ley de medidas urgentes contra la sequía y aprovechar este texto para incluir tanto los recortes en el sistema eléctrico y el gasístico, como el traslado del desmantelamiento de las nucleares a las eléctricas y otras medidas adicionales. En el Senado el PP tiene mayoría absoluta, pero debe sumar apoyos en el Congreso para sacar adelante esas enmiendas y la oposición no está por la labor. Si esta fórmula fracasa, el ministro ha apuntado que ya ha elaborado una proposición de ley con estas iniciativas para intentar su aprobación en el Congreso.

En 2020, más recortes

El Gobierno busca apoyos para aplicar estos ajustes con carácter inmediato, pero el ministro ha confirmado que sus planes pasan por dejar que se produzca en 2020 la revisión automática que marca la ley para la retribución de las eléctricas por sus redes de distribución y para los incentivos de rentabilidad razonable de las renovables. Con esa revisión automática, el Ministerio de Energía, según ha desvelado Nadal, augura que el recorte de estas retribuciones rondaría los 1.500 millones de euros.

El Gobierno fijó en 2013 con la reforma energética la rentabilidad de las renovables y de lo que cobran las eléctricas por sus redes de distribución ligándola a los bonos del Estado. En ambos casos la rentabilidad se estableció por seis años, hasta el 31 de diciembre de 2019. En el caso de los proyectos renovables era el rendimiento del bono español a 10 años más un diferencial de 300 puntos básicos y de 200 puntos básicos para las redes eléctricas.

En un par de años la rentabilidad se revisará, y va a ser a la baja. Los planes del Gobierno pasan por no tocar ese diferencial, así que como actualmente el rendimiento del bono es muy inferior al que había en 2013, cuando toque revisar la rentabilidad para otros seis años la retribución que reciben las compañías por sus renovables y por sus redes sufrirá un zarpazo de 1.500 millones.