El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.
Para muchas empresas los costes de luz y de gas son un factor crítico para su rentabilidad y para poder competir con sus rivales internacionales. Los costes energéticos en España son para algunos sectores económicos un lastre, y la patronal CEOE pone deberes al Gobierno que salga de las elecciones del 28-A para conseguir rebajar la factura.
La asociación empresarial, en su documento de propuestas para los partidos que concurren a los comicios, reclama “precios energéticos –gas y electricidad- adecuados para que las empresas españolas puedan competir en igualdad de condiciones con sus homólogas europeas e internacionales”. Y para ello CEOE recurre a dos clásicos como propuestas fundamentales: rebajas de impuestos y también dejar de cargar al recibo algunos costes millonarios y trasladarlos a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Por un lado, la organización empresarial comandada por Antonio Garamendi reclama reducir o directamente eliminar los impuestos que gravan tanto la generación eléctrica y el consumo de la energía. Una petición que llega a las puertas de que se recupere, el próximo 1 de abril, el impuesto a la generación que grava con el 7% el valor de toda la producción eléctrica, y que ha estado suspendido durante seis meses para contener la subida de la luz.
Y, por otro, CEOE también reclama al nuevo Gobierno “trasladar a los Presupuestos Generales del Estado todos aquellos elementos derivados de decisiones políticas, ajenos al transporte y distribución de la energía, que actualmente se encuentran incluidos en los costes regulados”, según se recoge en el documento de propuestas electorales. Esto es, traspasar del recibo a los PGE partidas milmillonarias cada año. No pagarán los clientes con su factura, pero sí los contribuyentes con sus impuestos.
Los costes regulados del sistema eléctrico, que representan en torno al 45% del precio final de la luz, rondan los 18.000 millones de euros cada año. De ellos, apenas 7.200 millones se corresponden con las retribuciones que cobran las compañías por sus redes de transporte y de distribución de electricidad.
El resto se reparten fundamentalmente entre la retribución que reciben las energías renovables (unos 7.000 millones de euros), los costes de los territorios extrapeninsulares para igualar la factura en todo el país (unos 1.400 millones, de los que 700 ya son asumidos por los PGE), y el pago de la deuda acumulada por el sistema (unos 2.700 millones).
CEOE, en línea con las reclamaciones de las grandes industrias españolas, también pide al nuevo Gobierno que garantice mecanismos (ayudas) para compensar a las empresas los costes indirectos del coste de los derechos de emisión de CO2 y los costes generados por las ayudas a las energías renovables.
Asimismo, la patronal reclama que el recorte de emisiones de CO2 del sector energético y el rediseño de las fuentes de generación eléctrica sirva para compaginar los compromisos medioambientales y también el "menor coste posible". Además, CEOE subraya que "ninguna fuente de energía es descartable, ya que todas ellas tienen su contexto, su rol y su lugar tanto en el crecimiento económico como en la consecución de los objetivos globales en materia de cambio climático".
Un planteamiento de los empresarios que llega cuando las eléctricas acaban de pactar con el Gobierno un calendario de cierre progresivo y ordenado de todas las centrales nucleares hasta 2035 y con el Ejecutivo de Pedro Sánchez planteando en su Plan Integrado de Energía y Clima (PNIEC) llegar a 2030 sin centrales de carbón y con un auténtico boom de energías renovables.