La ayuda para bajar la luz a la industria carga 64 millones en el recibo del resto de clientes

El Gobierno prepara un nuevo programa de ayudas a la gran industria para rebajar su factura eléctrica. Los elevados costes energéticos de las plantas industriales son un lastre para su competitividad porque son muy superiores a los de sus rivales europeos, y el Ministerio de Industria ha elaborado un Estatuto de Consumidores Electrointensivos que contempla que la gran industria deje de pagar algunos recargos eléctricos.

El documento, ahora en consulta pública, contempla que las 253 fábricas en España que son consideradas como consumidores electrointensivos (los que han consumido más de 40.000 megavatios hora en dos de los últimos tres años) se beneficiarán de descuentos de la factura de la luz, eximiéndoles total o parcialmente, según los casos, de algunos de los cargos incluidos en la factura eléctrica. En concreto, los recargos con rebajas o que no asumirán serán los denominados pagos por capacidad y el coste del servicio de interrumpibilidad.

Lo que no pagan unos lo han de pagar otros consumidores para cuadrar las cuentas del sistema eléctrico. Así que ambas medidas tendrán como consecuencia cargar el recibo de la luz del resto de los clientes eléctricos con 64 millones de euros este año.  Una parte de ese coste ya está incluido en la factura actual que abonan todos los consumidores, y otra sí que implicará una ligera subida de la factura del resto de clientes cuando entren en vigor las medidas.

Más de un centenar de las grandes fábricas españolas reciben, a través de un sistema de subastas, ayudas, por estar dispuestas a parar y dejar de consumir electricidad (o a recortar su consumo) en caso de que existan picos de demanda tales como para generar un riesgo de problemas de suministro o para evitar fuertes subidas de luz del mercado eléctrico por desajustes de oferta y demanda.

Según se recoge en el borrador de Estatuto de Consumidores Electrointensivos, la pretensión de Industria es corregir el aparente sinsentido de que los propios beneficiarios de las ayudas del servicio de interrumpibilidad paguen en su factura una parte del mismo. La propuesta del Gobierno es que dejen de costear un servicio que ellos no reciben, sino que prestan al resto de consumidores.

El impacto económico de esta medida es de 23 millones al año que las grandes fábricas que prestan este servicio dejarán de pagar en su factura. Una exención que supondrá que el resto de clientes pagarán esos 23 millones de más como parte del componente de energía de su factura, según la estimación del propio Ministerio.

Teniendo en cuenta que para un cliente doméstico tipo, la energía representa en torno al 40% del coste total antes de impuestos, y los precios de la electricidad que se manejaron el año pasaado, el impacto de la medida supondrá incremento del 0,06% de la factura mensual. En términos absolutos, para una factura mensual de 55 euros, el impacto sería de algo más de 3 céntimos de euro al mes (40 céntimos al año), según los cálculos que maneja el Gobierno a los que ha tenido acceso El Independiente.

La otra medida que propone el Gobierno para aliviar la situación de la industria electrointensiva es que deje de asumir su parte de los denominados pagos por capacidad (las ayudas que se dan a las centrales de gas por dar estabilidad a la producción del sistema eléctrico a pesar de su bajísima utilización).

Las fábricas quedarán totalmente exentas de asumir estas ayudas si están acogidas al servicio de interrumpibilidad, lo que tendrá un coste para el sistema eléctrico ce 28,7 millones de euros este año. Y las plantas que no son interrumpibles se beneficiarán de un descuento del 70% de su parte de los pagos por capacidad, con un coste de 12,2 millones de euros por año. En total, casi 41 millones que la gran industria dejará de pagar y que asumirá el sistema eléctrico en su  conjunto.

Un coste que no supondrá un incremento adicional de la factura del resto de consumidores porque ya lo estaban pagando por anticipado a través de la parte regulada del recibo. Todos los clientes ya pagan en cada factura un recargo para dar ayudas a las centrales de gas en concepto de pagos por capacidad.

Hasta el año pasado, las ayudas se concedían a las eléctricas por tener disponibles sus plantas de térmicas y así cubrir las intermitencias en la producción de las renovables, y también como incentivos a las inversiones realizadas para su construcción. Desde el pasado julio, las ayudas simplemente por estar listas para funcionar (aunque no funcionen) quedaron derogadas, y sólo se mantienen los pagos por la inversión realizada. En total, el montante de las ayudas que reciben las plantas se ha recortado en 170 millones al eliminar uno de los conceptos de los incentivos.

Sólo con ese ahorro ya es más que suficiente para cubrir el impacto de los 41 millones previstos para los costes regulados del sistema eléctrico. En cualquier caso, en los últimos años de manera sistemática los clientes han estado pagando en su factura mucho más de lo que realmente han cobrado las eléctricas por estas ayudas a sus centrales (este año los consumidores pagarán 677 millones para pagos por capacidad y las compañías percibirán realmente sólo 159 millones, el resto -518 millones- se lo queda el sistema).

Además, el Gobierno ha maniobrado para elevar los fondos procedentes de las subastas de derechos de emisión de CO2 que se pueden derivar al sistema eléctrico directamente y también puede utilizar el superávit del sistema acumulado en los últimos años. “Se considera que el impacto de los pagos por capacidad puede ser asumido por el sistema eléctrico garantizándose el equilibrio financiero en 2019 sin necesidad de adoptar medidas compensatorias”, esgrime Industria en la memoria económica del borrador de Estatuto de Consumidores Electrointensivos.

La gran industria española se queja desde hace años de que el alto precio de la electricidad en España pone en jaque su competitividad y su rentabilidad. Las empresas esperaban con expectación el plan del Ejecutivo para las grandes fábricas para rebajar su factura eléctrica, y el borrador de Estatuto de Consumidores Electrointensivos ha resultado una decepción porque lo consideran “insuficiente” para cerrar la brecha en costes energéticos con sus competidores europeos.

El sector industrial se queja de que el plan del Gobierno sólo recoge medidas a corto plazo con un impacto muy limitado en el precio y no contempla compromisos firmes de reformas de calado que den seguridad a las compañías y confianza a los inversores. Las dos medidas contempladas en el borrador servirán para rebajar los costes de las fábricas menos de 2 euros por megavatio hora, cuando las fábricas españolas asumen 20 euros por megavatio hora más que sus rivales franceses y 25 euros más que los alemanes.

El propio Ministerio de Industria, en la memoria de análisis de impacto del estatuto, reconoce que se estudiaron medidas más profundas (recorte de los peajes de acceso a las grandes factorías, más fondos para compensar los costes indirectos de CO2, compensar lo que destinan a financiar las renovables, rebaja o exención de algunos impuestos…), pero no las ha incluido por necesitar una modificación de la legislación tributaria o una reforma del mercado eléctrico que necesitan otros mecanismos legales.