Economía | Empresas Informe pericial del Banco de España

Los peritos creen que la resolución de Popular evitó grandes ayudas públicas

Consideran que el impacto que para la economía hubiera sido mayor en caso de liquidación y por ello los reguladores optaron por su resolución

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Los peritos creen que la resolución de Popular evitó grandes ayudas públicas
Fachada de la sede del Banco de España, en Madrid.

Fachada de la sede del Banco de España, en Madrid. EFE

Resumen:

Los peritos inspectores designados por el Banco de España para investigar la caída de Popular creen que su liquidación, en lugar de una resolución, hubiera tenido impacto en la economía en su conjunto, al tiempo que señalan que si una entidad de «prestigio» no le daba el capital necesario, lo tendría que haber hecho el supervisor a través de una «fuerte» inyección de dinero público.

Así lo indica el informe que el Banco de España ha remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, en el que los inspectores Santiago Jesús Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández Romeo han analizado la documentación sobre Popular en el marco de la investigación sobre su proceso de resolución y venta.

«Dado el impacto que para la economía en su conjunto tendría la liquidación de Banco Popular es por lo que las autoridades optaron por su resolución en lugar de su liquidación», exponen los peritos en el documento.

En cualquier caso, creen que era «obligado» estabilizar la situación de la entidad restableciendo la confianza de los depositantes, que llevó a la fuga de 16.347 millones de euros en el segundo trimestre de 2017, de los que 5.742 millones salieron los tres primeros días de junio y que provocó que los activos líquidos pasasen de 11.324 millones a 971 millones de euros.

La confianza de los depositantes del Popular «pareció perderse por un conjunto de factores», entre los que el Banco de España cita a la mala evolución en Bolsa por no alcanzar los objetivos anunciados en la ampliación de capital de 2016, a la incertidumbre sobre la estrategia para constituir el capital necesario para cumplir los requerimientos de solvencia, a la bajada del rating por parte de DBRS y a las noticias en prensa.

«Aparentemente, los gestores del banco pudieron estabilizar la situación tras las crisis de abril y del 11 de mayo, pero no así tras la fuga de depósitos a partir del 31 de mayo, que fue de especial virulencia por su intensidad, por afectar a los negocios minoristas, no afectados hasta ese momento y por perder el último rating que la entidad mantenía por encima del grado de inversión, lo que provocaba mayores retiradas de fondos mayoristas», subrayan.

En opinión de los expertos, esta falta de tranquilidad «únicamente» se podía restablecer comunicando una «fuerte» inyección de fondos del sector público que permitiese que el Banco de España hiciera esta aportación o por una entidad «de reconocido prestigio».

Finalmente, la segunda de las opciones fue la acordada por las autoridades, de forma que el Popular fue resuelto y comprado por el simbólico precio de un euro por parte de Banco Santander, que debió inyectar 13.000 millones de euros.

La liquidez no era suficiente

En este sentido, los peritos explican que, si bien el Popular era «solvente», la simple financiación de la liquidez necesaria no hubiera sido «suficiente» para restaurar la confianza, puesto que había que resolver el cumplimiento con los requerimientos de recursos propios que, salvo que el Banco Central Europeo (BCE) otorgara plazo, exigía una ampliación de capital.

Esta operación «aparentemente» era posible, pero en caso de no suscribirse obligaría a conceder ayudas públicas en forma de capital que tendrían un riesgo de recuperación al deber constituirse en forma de acciones, cuya devolución es más difícil que los bonos subordinados.

La situación en la que se encontraba el Popular el 6 de junio era «insostenible», lo que forzó a la presentación del concurso de acreedores ese mismo día, a pesar de que estaba preparada para el día siguiente, tal como manifestó su presidente Emilio Saracho en la Comisión de investigación de la crisis financiera en el Congreso de los Diputados.

Informe Deloitte

El informe de valoración realizado por Deloitte otorgó un valor al Popular que oscilaba entre los 1.300 millones de euros positivos y los 8.200 millones de euros negativos, aunque «la mejor estimación» correspondió finalmente a 2.000 millones de euros negativos.

Según los peritos, una valoración negativa de 2.000 millones de euros cuando el patrimonio neto contable del banco era de 11.088 millones de euros «sólo sería justificable por ajustes muy significativos no contabilizados y nula capacidad de generar resultados positivos a futuro», lo que consideran como un «claro indicio» de deterioros no registrados en la cobertura de los activos.

En el informe se avisa, sin embargo, que el propio documento de Deloitte incluye «unas cautelas genéricas que le llevan a advertir que se trata de una valoración provisional y que en cuanto sea posible, de acuerdo con la normativa, se facilitará el informe definitivo».

La ‘big four’ remarca en el informe de valoración que el periodo habitual para elaborar este tipo de informes es de 6 semanas, mientras que del Popular se elaboró en 12 días, a la vez que precisa que se incluyó un colchón de pérdidas adicionales, que no se dispuso de información crítica y que no se discutió suficientemente con los directivos.

Con todo, los peritos consideran «especialmente relevante» que sólo se valora la venta pero no otras alternativas que podrían haber resultado en una mayor valoración y que, en el caso de una entidad como el Popular, que presenta una «elevada» recurrencia de sus flujos de caja, no se hace una valoración basada en el descuento de dividendos.