La empresaria Alicia Koplowitz abre un frente judicial. Acaba de adherirse a una demanda colectiva contra todas las entidades que negociaran en EEUU productos ligados al euríbor entre el 1 de junio de 2005 y el 31 de marzo de 2011 por supuesta manipulación del índice y fijación de los precios de los derivados, según consta en el informe del segundo trimestre de su Sicav Morinvest, sociedad con 523 millones de euros de patrimonio.

Se trata de la misma class action por la cual Citigroup Inc y JP Morgan Chase acordaron pagar, en noviembre del año pasado, 182,5 millones de dólares (164 millones de euros) con el objetivo de resolver el litigio presentado por los inversores. Koplowitz trata con esta demanda beneficiarse de este acuerdo y percibir parte de este dinero.

La aristócrata y financiera, junto al resto de demandantes, han presentado sus reclamaciones legales basándose en diversas teorías, incluida la ley federal antimonopolio, la Ley de intercambio de productos básicos (CEA), la Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado (“RICO”) y el derecho común.

El último informe de su sicav Morinvest, con 523 millones de patrimonio, desvela el nuevo frente legal de la aristócrata

La acción -conocida como Sullivan versus Barclays- fue interpuesta, además de Citigroup y JP Morgan -las dos entidades que han llegado a acuerdo-, contra Barclays, Rabobank,Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, ICAP, RBS, Société Générale y UBS.

Los dos gigantes americanos, Citigroup como J.P. Morgan, defienden su inocencia y aseguran que el acuerdo busca cerrar el conflicto, evitar costos y distracciones.

La gran banca ha sufrido en los últimos años varios golpes por sanciones referentes a mala praxis. Una de las más abultadas llegó a finales de 2016, cuando la Comisión Europea impuso una multa multimillonaria a tres grandes entidades por manipular el euríbor y otros índices de referencia del euro. Competencia sancionó con 485 millones de euros a JP Morgan, Crédit Agricole y HSBC, que negaron la acusación.

Bruselas cerró de este modo una investigación que en 2013 provocó una primera multa de 830 millones a Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland y Société Générale.

“La banca debe respetar las reglas”, señaló entonces la comisaria Margrethe Vestager.