El Gobierno catalán ha aprobado hoy un Decreto Ley de medidas urgentes que interviene de forma directa en el mercado de alquiler, limitando los precios en aquellas zonas que se consideren especialmente tensionadas por la subida de precios de los últimos meses. Es la culminación de la batalla en el seno del Govern entre ERC, favorable a la limitación de precios, y JxCat, que abogaba por limitarse a referenciar el mercado al índice de precios de referencia creado por el ejecutivo catalán en 2017. Según el decreto aprobado hoy, los precios del mercado no podrán superar en mas del 10% el índice público fijado por la Generalitat, una media fijada en base a la información sobre contratos y fianzas de alquiler que gestiona la administración catalana.

Las «zonas tensas» en las que se aplicará esta limitación, serán fijadas por el Govern a petición de los municipios, excepto en el caso de Barcelona. La capital catalana, que tiene competencias especiales en base a su Carta Municipal, podrá fijar sus zonas de regulación al margen de la Generalitat, ha explicado la consellera de Justcia, Ester Capella.

Capella ha defendido la nueva regulación, al margen del decreto ley impulsado por el Gobierno, que finalmente no ponía límites a los precios de mercado, amparándose en el Código Civil Catalán y su regulación de los contratos mercantiles. «El Código Civil es anterior de los estatutos» ha recordado la consellera, quien ha defendido que ante la nueva burbuja del alquiler «podíamos actuar por acción, a favor de la gente, o por omisión, dejando el paso a los fondos buitre y la especulación. El interés del Govern es por encima de todo el de las víctimas de los abusos del mercado de vivienda» ha añadido para concluir que «hemos venido a gobernar, no a mirar como pasan por encima de la gente».

Tanto Capella como el conseller de Territorio, Damià Calvet, han negado que se trate de una medida electoralista, pese a que se aprueba a cinco días de las elecciones municipales, a las que Esquerra concurre con el compromiso de limitar los precios del alquiler, y han argumentado que el programa de gobierno contemplaba medidas para evitar la especulación inmobiliarias.

«Los sueldos no han subido el 40% que ha crecido el alquiler» ha argumentado Capella, quien ha recordado que las políticas de contención de los precios del alquiler son «generales en toda Europa». La consellera ha explicado además que la medida se ha «inspirado» en Código Civil alemán, «con 30 años experiencia» en medidas de limitación de los alquileres, y ha apuntado que también se aplican medidas similares en Francia, Suiza, Austria «e incluso en Estados Unidos».

Indice en base a 370.000 referencias

Calvet ha defendido por su parte que el índice de precios elaborado por la Generalitat se elabora a partir de 370.000 datos del registro de contratos de Cataluña de este registro de contratos. Como ejemplo, ha señalado que el índice de París «se determina con 14.000 encuestas, el de Barcelona se ha hecho en base a 130.000 datos reales».

El conseller ha explicado además que han fijado un límite del 10% superior a este índice porque «hemos observado un decalaje entre oferta y contrato con una diferencia del 30%, por eso fijamos el 10% que ayudará a pinchar la burbuja en la oferta y a controlar precios del alquiler». «El mercado lo tendrá q absorber» ha asegurado, «creemos que estas medidas darán más dinamismo en materia de vivienda a Barcelona».

El decreto da respuesta a las reclamaciones de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que exigió a la Generalitat que esta regulación acompañara la ordenanza que obliga a reservar el 30% de toda la obra nueva a vivienda protegida. La negativa a poner límites al precio del alquiler llevó al Govern a retirar su anterior decreto de vivienda, impulsado por Calvet, por el veto de los Comunes a aprobar en el Parlament una medida que no recogía esos límites a precio de mercado.

Pese a ello, la medida no satisface a los otros socios necesarios del Govern en el Parlament, la CUP, cuya portavoz, María Sirvent, ha acudod hoy a la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo catalán para expresar sus quejas. En un gesto inédito, Sirvent ha intentado hacer una pregunta sobre el decreto ley que este martes ha aprobado el Govern para limitar el precio del alquiler, pero la portavoz del Govern, Meritxell Budó, lo ha rechazado alegando que era «una rueda de prensa para periodistas».

La diputada ‘cupaire’ ha argumentado que ha acudido a la rueda porque su grupo no tiene «ninguna información» sobre la iniciativa legislativa del Govern, y Budó le ha recordado que los grupos pueden registrar las preguntas al Govern que consideren oportunas a través del Parlament.