La Generalitat ha aprobado hoy un nuevo Decreto Ley de medidas de impulso del alquiler que contempla aumentar las medidas coercitvas contra los propietarios viviendas vacías. La más dura: la expropiación forzosa con una quita del 50% sobre el precio de mercado para las viviendas de grandes tenedores y personas jurídicas. El conseller de Territorio, Damià Calvet, ha justificado esta medida para ampliar el mercado de alquiler y limitar el aumento de los precios, actuando tanto en el mercado libre como en la vivienda protegida. El objetivo, según Calvet, llegar al 5% del parque de vivienda de protección oficial en 15 años -ahora está por debajo del 2%- y que toda la vivienda protegida nueva sea permanente y se destine a alquiler.  Y se ha dado un mes para convalidar el decreto en el Parlament.

Calvet ha anunciado, como medida para luchar contra las «situaciones de emergencia y combatir los desahucios» que la nueva regulación pasa de las sanciones contempladas hasta ahora por la legislación catalana -que sólo han aplicado de momento Terrassa y, esta semana, Barcelona- a las «multas coercitivas para los tenedores de viviendas vacías». Calvet ha recordado que las sanciones son puntuales, mientras las multas son recurrentes para que se ponga la vivienda en el mercado y cumpla su función social».

Si esas multas no consiguen su objetivo, que es obligar a los propietarios a ceder esas viviendas para alquiler protegido de acuerdo con la Administración, la Generalitat va un paso más allá, y amenaza ahora con la «expropiación definitiva a precios reducidos» utilizando para ello la minoración máxima que permite la ley, el 50% del precio de mercado.

Recuperar la ley recurrida por el PP

La Generalitat ya aprobó hace tres años un impuesto a viviendas vacías que lleva ya recaudados 18 millones de euros, ha explicado Calvet. Pero el nuevo decreto pretende ahora recuperar la Ley 24/15 de derecho a la vivienda -aprobada por el Parlament en base a una ILP y recurrida por el Gobierno del PP ante el Tribunal Constitucional, precisamente porque contemplaba la expropiación del usufructo de las viviendas vacías-. «Le damos una vuelta más» ha anunciado ufano Calvet, «las viviendas vacías que no cumplen su función social se podrán expropiar, y aplicaremos la minoración máxima que podemos, no pagaremos precios de mercado porque se podría pensar en una trampa para vender viviendas vacías».

Calvet defiende que «el primero que llegue» regule la duración de los contratos de alquiler, en referencia al Real Decreto del Gobierno

El conseller se ha referido también al Real Decreto aprobado por el Gobierno en su último Consejo de Ministros para alargar los contratos de alquiler, como fija la norma tumbada por el Congreso hace un mes, y ha negado que entre en contradicción con la intención de la Generalitat de prolongar los contratos entre seis y diez años a partir de una reforma del Código Civil catalán anunciada ayer por la consellera de Justicia Ester Capella. «Si se aprueba -el decreto del Gobierno- bienvenido sea» ha apuntado Calvet. «En Cataluña tenemos que regular en función de nuestra propia realidad, por eso la Conselleria de Justicia propone modificar libro VI del Código Civil para ir a una duración de seis a diez años».

«Teníamos que actuar sobre la duración de contratos de alquiler» ha insistido Calvet, «y decidimos que el que llegue antes, si el Estado regula bienvenido sea y si nosotros podemos hacerlo antes mejor». Para el conseller, el Decreto aprobado el pasado viernes «está en la línea de lo que pretendíamos, tenemos que acabar de ver si el modelo de cinco a siete años es lo que nos conviene o vamos mas allá».

Calvet ha anunciado además que el decreto aprobado hoy por la Generalitat pretende «blindar» el índice de precios creado por la Generalitat en esa reforma del Código Civil. Un índice que a partir de ahora obligarán a incluir en los contratos de alquiler, y que servirá para excluir de medidas fiscales y subvenciones a la vivienda a todos aquellos propietarios que alquilen por encima de los precios fijados por ese índice.

El conseller ha advertido, sin embargo, que la Generalitat no puede limitar directamente los precios de alquiler «estamos en un mercado libre» ha argumentado. Y ha matizado las explicaciones de su compañera de gobierno: «Capella habló de limitar los incrementos del precio de alquiler referenciados al IPC, esto también esta en el Real Decreto» del Gobierno.