La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atendiendo a la prensa.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha concretado que la subida salarial adicional del 0,25% para los funcionarios, por la buena evolución del PIB en 2018, se aplicará desde el próximo mes de julio.
El acuerdo salarial vigente establece una subida del 0,25% --adicional a la del 2,25% ya aplicada-- ligada a un objetivo del PIB del 2,5% (el dato fue del 2,6% en 2018).
Además, Montero ha avanzado este martes que ya se han devuelto 960 millones del IRPF de los permisos de paternidad y maternidad a más de 734.000 padres y madres, y ha asegurado que se devolverán "inmediatamente" los importes correspondientes a las funcionarias y mutualistas de previsión social, posiblemente esta misma semana, informa Europa Press.
La ministra de Hacienda ha indicado que es "fundamental" avanzar en las devoluciones del IRPF de los permisos de maternidad a las funcionarias y mutualistas de previsión social, que no quedaban recogidas en la sentencia del Supremo.
UGT estima que el alza adicional del 0,25% ligado al PIB para todos los empleados públicos de todas las administraciones rondará los 280 millones de euros.
Por su parte, CSI-F ha lamentado que no se haya podido incluir este incremento en las nóminas de junio, y ha exigido al Gobierno que aplique la subida para que entre en vigor en julio, tal y como establece el acuerdo que suscribió con los sindicatos.
Más dinero también para empleados laborales
Además, este lunes se conocía que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha dado orden para abonar los 280 euros pendientes en la nómina de junio al personal laboral de la Administración General del Estado (AGE), formado por unas 40.000 personas.
Esta cantidad, que se abonará en un pago único, procede de los fondos adicionales que el Gobierno incluyó en el acuerdo salarial con los sindicatos el pasado 1 de marzo y va dirigida al personal de la AGE que se rige por el Estatuto de los Trabajadores.
El pago de estos 280 euros se había demorado, por lo que, según CSI-F, es posible que no dé tiempo a aplicarlo en todos los departamentos ministeriales.
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