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El Gobierno enfría la subida del diésel y del IRPF a los ricos y la aplaza hasta 2020

Descarta una oleada de 'decretazos' para acelerar la subida de impuestos antes de tramitar un nuevo Presupuesto para el próximo año

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. europa press

El Gobierno no pretende recuperar por la vía rápida todas las subidas de impuestos que diseñó en la anterior legislatura y que encallaron con el no del Congreso a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año y la posterior convocatoria de elecciones. El Ejecutivo no trabaja en una ola de decretazos para acelerar las subidas del diésel, del IRPF a las rentas altas o para retocar el Impuesto de Sociedades, y planea aplazarlas a 2020.

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha salido este martes al paso del revuelo generado por la posibilidad de que la subida del diésel se retomara en cuanto se formarse nuevo Gobierno. La titular de Hacienda ha descartado que el alza del impuesto del gasóleo sea “inminente para el año 2019”.

Matizaba así las declaraciones de su compañera de gabinete Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, que la semana pasada auguró que el nuevo Gobierno se pondría rápidamente a trabajar “con la mayor diligencia” para revisar la fiscalidad del diésel. “Los tiempos corren para poder tramitar una modificación fiscal o el proyecto de PGE. Hace falta tiempo suficiente para que pueda entrar en vigor", ha aclarado la ministra de Hacienda, apuntando que la subida previsiblemente no se retomará hasta el año próximo.

El Gobierno de Pedro Sánchez, en línea con postura de la Comisión Europea, intentó la pasada legislatura empezar a subir progresivamente el impuesto que soporta el diésel hasta acabar igualándolo con el de la gasolina en unos años. Una subida que iba arrancar en 2019 y que tenía en vilo a los conductores de los cerca de 18 millones de vehículos que utilizan gasóleo en España.

El plan de Hacienda pasaría por elevar el tributo del diésel en 38 euros cada mil litros de carburante, pasando de los 307 euros actuales hasta un total de 345 euros. Aún quedaría margen para seguir aplicando subidas hasta igualar las tasas de gasóleo y de la gasolina, que hoy es de 400 euros por cada mil litros.

Con la primera subida en que se trabaja, los conductores tendrán que pagar unos 2,15 euros más por llenar el depósito de sus coches diésel (que tienen una capacidad media de 57 litros).  La subida sólo afectará a los consumidores particulares, y de la quedarán excluidos de la misma los profesionales que utilizan el vehículo como medio de trabajo, como transportistas o taxistas.

Según la previsión de Hacienda, la subida del impuesto al diésel iba a servir para elevar la recaudación en 670 millones de euros al año. Desde el Ejecutivo se había había llegado a cifrar el impacto de la medida en un aumento del coste del combustible de 3,3 euros al mes para el conductor medio, que recorre unos 15.000 kilómetros al año con su vehículo.

No sólo el diésel

Además, después de las palabras de Montero, fuentes de su departamento han confirmado a El Independiente que no está previsto aprobar ninguna otra subida de impuestos de las anunciadas hasta la fecha por la vía del decreto. Señalan que, aunque a nivel interno se ve posible desde el punto de vista de la legalidad --el Gobierno de Mariano Rajoy subió el IRPF y el IVA por decreto--, también se ve como una opción poco ortodoxa y casi de último recurso.

Lo cierto es que, en la actual situación política, con un eventual Gobierno del PSOE necesitado de apoyo, no es lo más aconsejable. De una parte, el presidente Pedro Sánchez podría tomar la vía rápida --podría justificarlo por la demora de los nuevos Presupuestos-- si cerrara un mandato apoyado por Unidos Podemos, pero nunca teniendo a Ciudadanos como socio.

Por otro lado, el PSOE tiene mayoría, aunque sea frágil en el Congreso, y, sobre todo, en el Senado, lo que le permite confiar en un trámite parlamentario de toda Ley más cómodo y rápido que en la pasada legislatura, sin embarcarse en una carrera de ‘decretazos’, que tendría un coste político.

Pero todo ello acaba de tener sentido en el momento en el que el Gobierno ya piensa en la tramitación de los Presupuestos de 2020, antes que los de 2019, aunque la versión oficial no lo dé por hecho.

Tanto es así, que desde Hacienda se remiten en todo momento a lo plasmado en el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas, en el que no se contemplan ingresos adicionales por estos cambios tributarios en 2019, y sí en 2020, año para el que se espera un incremento de la recaudación tributaria de 5.654 millones de euros.

Las subidas de impuestos pendientes

¿Qué  subidas de impuestos se retrasan entonces para el próximo año? Se trata, por ejemplo, de la subida de dos puntos del IRPF a las rentas a las rentas a partir 130.000 euros y de cuatro puntos para las que superan los 300.000 euros anuales. Además, el Gobierno preveía aplicar un aumento de cuatro puntos a las rentas del ahorro a partir de 140.000 euros.

También pensando en las rentas altas, el Gobierno había decidido suprimir el carácter temporal del Impuesto sobre el Patrimonio y aplicar una subida para las grandes fortunas.

En este lote las subidas tributarias se incluyen las que afectan a las empresas, empezando por la imposición de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades –del 18% en el caso de la banca y las empresas de hidrocarburos--, y la reducción en un 5% de la exención de dividendos.

Tasa ‘Google’ y ‘Tobin’

Dentro de los 5.654 millones extra de recaudación, el Gobierno incluía también el efecto de la tasa a las transacciones financieras (‘tasa Tobin’) y a determinados servicios digitales (‘tasa Google’).

Estos tributos, que deben regularse a través de Leyes a parte de los Presupuestos, se empezarán a tramitar en cuanto eche a andar el nuevo Gobierno. Los correspondientes proyectos de Ley ya se presentaron en sede parlamentaria, pero decayeron con la convocatoria de elecciones anticipadas en febrero.

Ahora tendrán que volver a presentarse, aunque con el recorrido previo, trámites de audiencia pública incluidos, ya cerrado.

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