Millones de clientes eléctricos van a tener que pagar en sus próximos recibos de luz un recargo extra. Se trata de un pago adicional aplicable en once comunidades autónomas con el que los usuarios asumen atrasos correspondientes a 2013, porque entonces no se les cargó e la factura (a través de los peajes que fija el Gobierno) impuestos territoriales que cada región cobraba a las eléctricas.
Las compañías –comercializadoras y distribuidoras- recurrieron a los tribunales para poder trasladar a los clientes los tributos que abonaban en cada comunidad, y el Tribunal Supremo les acabó dando la razón. El Ministerio para la Transición Ecológica publicó el pasado marzo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una orden ministerial en el que establecía las fórmulas para calcular cuánto tiene que pagar cada cliente.
El Gobierno dio entonces a las distribuidoras y comercializadoras un plazo seis meses para empezar a cobrar los atrasos. Las compañías han apurado los tiempos y empiezan a aplicar en los recibos de este mes de septiembre y en los siguientes el cobro de los impuestos diferidos a sus clientes.
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El recargo extra les toca pagarlo a los clientes de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, la Región de Murcia y Navarra. Se libran los consumidores de País Vasco, Canarias y Baleares, porque en estas comunidades en 2013 no se aplicaba ningún impuesto específico.
Y quedan fuera de esta nueva refacturación también los usuarios de Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y La Rioja porque ya se les cargó las cantidades adeudadas hace un par de años. Los clientes de Cataluña ya pagaron una parte en 2017, pero ahora deben abonar la diferencia porque lo refacturado entonces se quedó corto.
En realidad, no lo tienen que asumir todos los clientes eléctricos de estas once comunidades (que concentran casi 21 millones de usuarios del total de 29,4 millones que hay en España). Y es que sólo lo tienen que asumir el recargo los puntos de suministro que ya estaba activos en 2013, y que desde entonces no han cambiado de titular ni han sido dado de bajas. En caso de que el cliente haya cambiado de compañía durante este tiempo, será su nueva comercializadora la que le aplicará la subida.
Un cargo de hasta 20 euros
El recargo es variable, mucho. Depende de cada región, función de los impuestos territoriales de cada una, y también de la potencia contratada y del consumo de cada cliente. Las refacturaciones que se van a ejecutar –según los casos, lo harán de una sola vez o prorrateándolas en varios recibos- oscilan de apenas unos céntimos a varias decenas de euros.
Según las estimaciones de las propias compañías eléctricas, un cliente medio -con una potencia contratada de 4 kilovatios y un consumo anual de 3.600 kilovatios hora- acabará pagando en función de la comunidad de residencia un sobrecoste total de entre 50 céntimos y 20 euros.
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El recargo final para este cliente tipo en Galicia –la que contaba con mayores impuestos territoriales- es de 19,27 euros; en Castilla y León, de 15,28 euros; en Cantabria serán 9,59 euros;; en Aragón, 4,19 euros; en Navarra, 3,33 euros; en Asturias, Extremadura y Murcia se situará cerca de los 2 euros; y en Andalucía y Madrid serán cerca de 55 céntimos. En el caso de Cataluña, cuyos usuarios ya pagaron una parte hace dos años, ahora les tocaría sólo unos 30 céntimos [ver tabla completa].
El Gobierno ha regulado para cada comunidad autónoma cómo deben aplicar las compañías eléctricas estas refacturaciones a sus clientes. En las regiones en que el recargo es mayor (Galicia y Castilla y León) se repartirá en doce pagos; en el caso de Cantabria será en nueve recibos. En el resto de regiones los pagos se distribuirán en entre dos y cuatro facturas, y las comunidades con menores cuantías se efectuará un solo pago. Con el reparto por meses, el recargo medio que se aplicará no superará en ningún caso los 2 euros por factura.
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