Casi cuatro semanas después, con los agricultores en las calles clamando por sus bajos precios en origen, el Gobierno ha sacado adelante su carta de medidas para calmar los ánimos del campo. Y lo hace cumpliendo una de sus grandes promesas: reforzando el control sobre los grandes supermercados al prohibir la venta a pérdidas y las «promociones engañosas».

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley para reformar la Ley de la cadena alimentaria de 2013 y subsanar así los males del sector agrícola y ganadero, que protestan contra los bajos precios en origen de sus productos. Cuatro han sido los motivos, según el ministro de Agricultura, Luis Planas, que han provocado la crisis de sector: la volatilidad de los precios, la competencia exterior y los aranceles de Trump; el cambio climático; los elevados costes de producción de los agricultores y un desequilibrio entre los eslabones de la cadena, donde los empleados del campo salen peor parados.

La nueva norma, cuyo texto adelantó ayer Efe, pone el foco en todos los actores de la cadena alimentaria —transformación, transporte, almacenaje, etc— e introduce como un elemento obligatorio en los contratos agrarios que el precio pactado entre el empleado del campo y su primer comprador cubra los costes de producción. También se restringe la venta a pérdidas, que se considerará como una infracción «grave».

Con este real decreto-ley sobre la mesa, los supermercados no podrán repercutir a los anteriores eslabones los costes de sus políticas de precios. También se pone coto a la publicidad, uno de los problemas que el Ministerio de Agricultura señaló desde el principio. Las cadenas de distribución deberán sellar un acuerdo con agricultores y ganaderos para que prime el interés mutuo en las promociones que se lancen en los súper. El precio tendrá que verse de forma clara en las ofertas, en los carteles y en los tiques de la compra para que el cliente conozca sin ninguna confusión el alcance de la campaña y no se dañe la percepción en la cadena sobre la calidad o el valor de los productos.

Entre las medidas encaminadas para atajar el resto de problemas del sector destaca que, a partir de ahora, se publicará la identidad de las empresas que infrinjan de forma grave o muy grave la Ley de la Cadena Alimentaria de 2013. Con ello, el Gobierno quiere castigar estas prácticas en un sector donde la reputación es «esencial» para las empresas. También se bonificará a los empresarios que firmen contratos indefinidos a los empleados del campo.

Ahora, la idea de Agricultura es reunirse con los diferentes actores del sector, que desconocen el contenido del real decreto, y tramitarlo como proyecto de Ley para que los grupos políticos puedan presentar enmiendas.

Millones de ayudas en juego

Con el real decreto-ley, el Gobierno ofrece una primera y rápida solución para calmar los ánimos de los agricultores, que continúan protestando en las calles por los bajos precios de sus productos en origen. Pero Sánchez tiene por delante una batalla que, de momento, va perdiendo y supone un enorme coste para el campo español: el recorte a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

Estas semanas, el Consejo Europeo debate los presupuestos comunitarios para los próximos siete años. Su presidente, el belga Charles Michel, propone un recorte en las subvenciones de la PAC de unos 53.000 millones (un 13,9% menos) y de un 12,1% en los fondos de cohesión. Sánchez, Macron y los líderes de una quincena de países del sur y el este viajaron la semana pasada a Bruselas para frenar el tijeretazo propuesto por el Consejo, pero tras horas de negociación sólo arrancaron 4.400 millones. Las cifras denotan la vital importancia que tienen las subvenciones para el sector agrícola: 45.000 millones en ayudas desde 2014 y más de 700.000 beneficiarios. El Consejo, en todo caso, se volverá a reunir en marzo para desatascar las cuentas europeas.