El Gobierno intenta restañar heridas tras semanas de enfrentamientos. Moncloa ha dado a conocer esta mañana una nueva medida de calado, destinada a paliar los desahucios por impago de alquiler, que son ahora los más numerosos. Y en esta iniciativa han «trabajado mano a mano» la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, según subraya el Gobierno.

El propio Iglesias ha dado a conocer detalles de esta propuesta en un amplio hilo de Twitter donde además, da las gracias a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, «por su trabajo y por la buena coordinación que hemos sido capaces de desplegar para hacer frente a esta problemática».

A través de este acuerdo se amplía la reforma ya prevista de la Ley de Arrendamientos Urbanos para prohibir desahucios por impago del alquiler «en zonas de mercado tensionado y en casos que tengan relación con fondos buitres que hacen negocio con un derecho básico», explica el vicepresidente segundo. Además, el Gobierno va a establecer una moratoria frente a los desahucios hipotecarios, tal y como reclamó la Plataforma de Afectados por la Hipoteca extendiendo su duración a cuatro años.

PSOE y UP mantienen su reunión del jueves, pero Narbona da por cerrada la crisis por la «ley Montero»

Por otro lado, el próximo jueves se mantiene la reunión de la comisión de seguimiento del pacto, a pesar de la que se celebró de urgencia el pasado viernes. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha explicado en una comparecencia pública tras la reunión de la comisión permanente socialista, que la cita de la pasada semana «era para abordar un momento de dificultad. Estamos con un gobierno de coalición y hay que coordinar las discrepancias». Y con esa reunión, «damos por cerrada la situación de dificultad respecto a la tramitación de la ley de libertad sexual», cuya tramitación el pasado martes provocó problemas de forma y de fondo en el senado del Gobierno.

La idea de la reuniones conjuntas PSOE-Unidas Podemos es «es ir haciendo un seguimiento muy día a día de las cuestiones que vayan surgiendo y generando protocolos de carácter preventivo. Es una herramienta que puede ayudarnos» y quizá dentro de un tiempo no debe ser tan frecuente.

Además, tras condenar los ataques a las dirigentes de Ciudadanos, que tuvieron que abandonar la manifestación del 8-M entre gritos e insultos, ha afirmado que aunque la ley de libertades sexuales no aborda la abolición de la prostitución, de este asunto, «hablaremos en otro momento porque forma parte de nuestro programa conjunto».