El anuncio del martes pasado era rotundo: el Gobierno movilizará 200.000 millones de euros en créditos para los que aportará garantías públicas de hasta 100.000 millones. La letra pequeña de estos avales, sin embargo, quedó pendiente para el Consejo de Ministros de este martes, por lo que el Ejecutivo y la banca llevan días negociando qué porcentaje de los créditos respaldará el Estado en una suerte de complejo equilibrio entre la estabilidad financiera y la sostenibilidad de las cuentas públicas.

La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, explicaba el lunes en una rueda de prensa que el Gobierno aún se encontraba analizando las medidas similares que se han tomado en otros países y «pendiente de la autorización de las autoridades comunitarias», por lo que no sería hasta este martes cuando daría detalles sobre las condiciones de concesión de los créditos con garantía estatal.

En los últimos días, el sector en su conjunto y Gobierno no se ponen de acuerdo en qué porcentaje de los créditos es el que debería avalar el Ejecutivo. Mientras que la banca aspira a que el Estado se haga cargo de un 80% o más, el Gobierno aboga por asumir el riesgo a medias, según informan fuentes del sector.

No es una cuestión trivial: el porcentaje es clave para la situación futura de la banca. Si el aval del Estado es de un 80% o superior, como pide el sector, las entidades minimizan casi al máximo el riesgo de impago en el caso de que el particular o la empresa a la que se preste no pueda hacer frente a la deuda si se alarga el impacto económico de esta crisis.

A cambio, sería el Estado el que tendría que hacerse cargo del impago gracias a su aval, una situación que, de generalizarse, se convertiría en un verdadero agujero para las cuentas públicas, si bien la Unión Europea ha dado cancha a los Estados miembros para que puedan luchar contra las consecuencias del coronavirus sin preocuparse de los objetivos de déficit.

La mora, el eje del debate

Sin embargo, si la garantía que pone el Estado es del 50% la cosa cambia considerablemente, pues en el caso de que el particular o la empresa no devuelva el crédito el banco debe hacerse cargo de un impago superior, con los consecuentes aumentos de la morosidad y de la dotación de provisiones. A cambio, el Estado tendría menos riesgo.

Con sus pretensiones, la intención de la banca es evitar a toda costa que la morosidad se convierta en un problema, como ocurrió tras la crisis financiera de 2012, en la que se batieron todos los récords. Fue en diciembre de 2013 cuando el sector llegó a alcanzar el máximo histórico de la ratio de mora, el 13,61%, muy lejos del nivel actual, que se encuentra por debajo del 5%.

Con todo, Calviño animó el lunes a los bancos a ir liberando recursos e ir concediendo estos préstamos con la justificación de que la medida se pondrá en marcha con carácter retroactivo. Sin embargo, las entidades se mantienen cautas a la espera de los detalles para poder conceder el crédito con toda la información, es decir, sabiendo de qué parte del préstamo tendrán que hacerse cargo en caso de impago.

En todo caso, este martes se conocerán todos los detalles. Desde el Consejo General de Economistas veían necesario hace unos días, además, que el Ejecutivo establezca un procedimiento específico distinto al cauce habitual para canalizar las solicitudes de financiación en el marco de esta crisis, de forma que los bancos puedan conceder los préstamos «en el menor tiempo posible y con la garantía de la óptima utilización de los recursos públicos». El objetivo sería evitar que la falta de liquidez de las empresa se convierta «en una insolvencia sobrevenida».

De la mano para evitar «los errores del pasado»

Las negociaciones entre el Gobierno y la banca se han sucedido durante las últimas semanas. Los días previos a comunicar sus medidas económicas, el Ejecutivo mantuvo una interlocución con los representantes de las entidades, las patronales y el Banco de España que se ha mantenido esta semana. Desde el principio hubo buena predisposición por todas las partes para evitar «ir por detrás» de los acontecimientos y «repetir los errores del pasado», según explican varias fuentes financieras.

De hecho, la banca acogió con buena actitud la moratoria hipotecaria, que en el sector consideran una medida «necesaria» dadas las circunstancias excepcionales de esta crisis. Además, otras fuentes explican que se trata de una propuesta con un impacto «poco material» para los bancos, que sufrirían mucho más con la reestructuración de una empresa que con el aplazamiento de una cuota hipotecaria.