Economía

El Gobierno ya ha gastado el 95% del 'escudo social' presupuestado para todo el año

En el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas, el Gobierno estimó un coste de más de 23.000 millones

El ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Eduardo Parra / Europa Press

Desde finales de abril hasta septiembre el escudo social le ha costado a Moncloa 22.000 millones de euros. En esta cifra, revelada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se incluyen las prestaciones de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), las exoneraciones de las cuotas a la Seguridad Social, las prestaciones extraordinarias de los autónomos y las incapacidades temporales derivadas del virus.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Escrivá ha señalado que esta cantidad se reparte en un 50% en coste para la Seguridad Social (autónomos, incapacidades temporales y exoneraciones) y en un 50% para el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Con todo, el ministro ha señalado que hacer una aproximación del impacto presupuestario de la prórroga de las medidas sociales sería inexacto puesto que el número de beneficiarios se modifica cada día.

En mayo, cuando el Gobierno tuvo que enviar a Bruselas el Plan de Estabilidad, Moncloa cifraba en unos 23.128 millones de euros el coste de estas medidas. Teniendo en cuenta esta cifra y la facilitada por el ministro, el Ejecutivo ya se ha gastado el 95% de lo presupuestado para el escudo social anti-covid antes de que entre en vigor la nueva prórroga. En el documento que se envió a la Unión Europea, se estimaba el coste de los ERTE era de 17.840 millones de euros, el de las prestaciones por cese de actividad de los autónomos sería de 3.766 millones y 1.354 millones costarían las incapacidades temporales.

El documento hacía referencia a las fases de la desescalada de la primera ola de la crisis del coronavirus. Sin embargo, los nuevos contagios y las nuevas restricciones de actividad que se han ido produciendo en distintos territorios han obligado a prorrogar también las medidas sociales mientras que el empleo y la actividad económica no se recuperan por completo. Así, las medidas que el Gobierno había puesto en marcha para paliar los efectos de esa primera ola se han tenido que extender, y también lo ha hecho su coste.

Programa SURE y prestaciones

Cabe recordar que España recibirá 21.300 millones de euros del programa europeo SURE destinado a financiar los ERTE y las prestaciones extraordinarias de los autónomos. Pero aun así, el esfuerzo de las arcas públicas está siendo mayúsculo. Hasta julio, el SEPE ha pagado prestaciones por valor de 23.359 millones de euros. Es decir, que tal como publicó El Confidencial, el SEPE ya ha desembolsado más dinero en prestaciones del que va a recibir de Europa.

Además, la prórroga de los ERTE aprobada este martes, garantiza una prestación a todos los empleados incluidos en un expediente por causa de fuerza mayor. Es decir, las empresas que prorroguen estos ERTE sólo tendrán exoneraciones de las cuotas de la Seguridad Social si se encuentran entre los códigos de actividad más perjudicados o si tienen vinculación con estos, pero los empleados seguirán percibiendo una prestación del 70% de su base reguladora.

De la misma forma, el acuerdo con los agentes sociales garantiza una prestación para los fijos discontinuos y una nueva prestación extraordinaria para autónomos que tengan que suspender su actividad como causa de nuevas restricciones para contener el virus. También se prorroga la prestación ordinaria por cese de actividad y la que reciben los autónomos de temporada.

Anterior prórroga, mismo coste

En la anterior prórroga de medidas sociales, alcanzada en junio y con fecha de caducidad este miércoles, Escrivá apuntó que se mantenía el coste que se había presupuestado para los ERTE y para las prestaciones de los autónomos. Entonces, el ministro señaló que “hasta ahora (junio) quizá nos hemos podido ahorrar algo más que nos ha permitido extender estas prestaciones”. En esta ocasión, en cambio, el ministro ha preferido no hacer previsiones para no caer en inexactitudes.

La previsión del Gobierno sobre el déficit de las administraciones públicas es que termine el año en el 10,3% del PIB. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que este sea superior y suponga el 14,4% del PIB, mientras que el Banco de España estima que cerrará 2020 entre el 10,8 y el 12,2%.

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