La Asociación de propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) sostiene que la propuesta de Podemos de forzar a que los grandes propietarios destinen un porcentaje de sus viviendas al alquiler social supone en la práctica una expropiación, y atenta contra el derecho a la propiedad.

 La secretaria de Estado de la Agenda 2030, Ione Belarra, miembro del equipo de Pablo Iglesias y Unidas Podemos en el Gobierno de coalición, ha abogado este martes en el Congreso por establecer en la futura ley estatal de vivienda que los grandes propietarios pongan a disposición de las Administraciones públicas un porcentaje de su parque para destinarlo al alquiler social.

Asval considera que esta medida supondría «un nuevo atentado contra el derecho a la propiedad privada» que reconoce la Constitución, al tiempo que «supone en la práctica una expropiación» y «afecta a la imagen como país» de España.

Además, «lanza un mensaje contrario a la seguridad jurídica que se necesita para desarrollar el alquiler» en España, ha defendido en un comunicado, en el que recuerda la importancia de transmitir confianza a los inversores nacionales e internacionales.

«Sería un varapalo sin precedentes a las vías de colaboración público-privadas en las que quiere trabajar el Gobierno en materia de desarrollo del mercado de vivienda en alquiler en España», ha añadido.

Igualmente, advierte de las reclamaciones que se podrían producir ante el Estado por responsabilidades patrimoniales y económicas ante los tribunales ordinarios españoles, así como ante organismos y Cortes internacionales.

«Esta medida sentaría un peligroso precedente», según Asval, que defiende que la Administración no puede cargar sobre el sector privado la responsabilidad del Estado de dotar vivienda pública a los colectivos vulnerables.