El gestor inmobiliario de Blackstone, Eduard Mendiluce, ha advertido de que el alquiler social es «responsabilidad cien por cien de la Administración pública» y de que solo en el ámbito del alquiler asequible (precios un 30 % o 35 % por debajo del mercado) están dispuestos a llegar acuerdos de colaboración público-privada.

Mendiluce ha hecho estas consideraciones en un acto organizado este martes por la firma de consultoría PWC, mientras la secretaria de Estado de la Agenda 2030, Ione Belarra, de Unidas Podemos, insistía en una comparecencia en el Congreso en la necesidad de que la futura ley estatal de vivienda corresponsabilice al sector privado, de modo que los grandes propietarios pongan a disposición de las Administraciones públicas un porcentaje de su parque para destinarlo al alquiler social, informa Efe.

«Si, por ejemplo, los grandes propietarios de inmuebles en España destinaran el 30 % de sus viviendas al alquiler social, podríamos aumentar en muy pocos meses el parque público en unos 140 o 150.000 inmuebles, ayudando a poner fin a la emergencia habitacional», ha subrayado Belarra.

Portugal o Francia como ejemplos

Mendiluce, consejero delegado de Anticipa y Aliseda, inmobiliarias propiedad del gigante estadounidense, ha defendido que la colaboración para aumentar la oferta de alquiler asequible pasa por incentivar ese tipo de contratos «correctamente desde el punto de vista fiscal, con ayudas, impuestos locales o lo que toque, en modos parecidos a Portugal, cuyo modelo se puede mejorar, o a Francia, que en 2009 hizo una ley con un éxito brutal de 500.000 casas construidas en formato asequible».

En su intervención ha insistido en que la vía de la regulación de precios que propugna Podemos derivará en «un alud de reclamaciones en los tribunales por expropiación del derecho de uso y en la creación de un mercado paralelo en B».

Ha explicado que los inversores extranjeros siguen viendo a España como un mercado atractivo, pero ha considerado preocupante las penalizaciones a las viviendas vacías y a los grandes tenedores de más de diez viviendas y la política que «pone al mismo nivel a un deudor hipotecario o de alquiler que a un okupa».

Ha dicho también que los pliegos de condiciones del build to rent (construir para alquilar) tienen que ser «claros y transparentes, porque si no el coste de capital exigido por estos inversores va a ser superior».

Asimismo ha propuesto que los fondos europeos para la rehabilitación de edificios se vinculen al alquiler, otorgando subvenciones del cien por cien si la vivienda se destina a ese mercado, y que se aumente la densidad en las ciudades si se dedica a alquiler asequible.

Por su parte, el presidente y cofundador de Tectum, Gonzalo Ortiz, ha reclamado suelo público para que los promotores puedan obtener una rentabilidad «razonable» del 5 % anual y ha calculado que en el mercado de alquiler hay demanda para levantar dos millones de viviendas en los próximos quince años.