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Las comunidades autónomas piden a Hacienda más precisión para enviar las ayudas directas a empresas

Varios trabajadores de la construcción miran una obra en Pamplona en abril de 2020.

Varios trabajadores de la construcción miran una obra en Pamplona en abril de 2020. Eduardo Sanz/Europa Press

El Gobierno aprobó 7.000 millones de euros en ayudas directas para impulsar a pymes y autónomos perjudicados por la pandemia del coronavirus, que las comunidades autónomas debían repartir. Pero un mes y medio después de la publicación en el BOE del real decreto que las regulaba, las instituciones regionales desconocen bajo qué criterio deben repartir las ayudas entre las empresas que las soliciten y piden más precisión para hacerlo.

En este marco, algunas comunidades autónomas han remitido al Ministerio de Hacienda un nuevo borrador de convenio que regule estas ayudas directas, al creer que el que les ha facilitado el departamento de María Jesús Montero es, por un lado, farragoso y, por otro, no aclara cuestiones clave. «Si no se concreta todo bien esto está condenado al fracaso», apuntan desde la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía.

Así, esta comunidad no ha remitido aún el convenio que permitirá a las regiones recibir los fondos en los 10 días siguientes a su firma, sino que lo ha devuelto con algunas modificaciones y propuestas, que desconocen si el Ministerio las tendrá en cuenta o las descartará.

Por ahora, Extremadura y Castilla-La Mancha son las únicas comunidades que han firmado el acuerdo, el pasado martes, aunque este hecho aún no se ha visto reflejado en el Boletín Oficial del Estado.

Según la ley, el 13 de abril terminó el plazo para que los distintos gobiernos regionales y Hacienda firmasen los convenios que les diesen acceso a estas ayudas. En teoría, en los 10 días siguientes las comunidades recibirían los fondos, es decir, como máximo el día 26 de abril, y las empresas podrían percibir a su vez el dinero tan pronto como los gobiernos autonómicos lo gestionasen, pero todos esos plazos se han incumplido y actualmente se desconocen las fechas que maneja el Gobierno.

«Las empresas necesitan esto para ayer», remarcan fuentes de otra región, en la que también reconocen que prefieren que el reparto se haga bien a que se generen problemas a posteriori que potencialmente obliguen a pedir a las empresas el reembolso de las ayudas.

Los «grandes escollos»

Son varios los «grandes escollos» que a algunas regiones les parece que ralentizarán el reparto de las ayudas. Por un lado, que las comunidades autónomas deben pedir a la Agencia Tributaria (AEAT) la información sobre cada empresa, para ver si cumple con los requisitos establecidos para recibir las ayudas.

Por otro, que deben remitir un informe semanal con información sobre los solicitantes de las ayudas y otro mensual que actualice esa información y esté firmado por el interventor general de la región, según establecen los convenios, a los que ha tenido acceso La Información.

Además, el real decreto establece que los autónomos y empresas con sede en España, cuyo volumen de ingresos haya caído al menos un 30% frente a 2019, podrán sufragar con estas ayudas directas las deudas que generaron entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021, con lo que las comunidades entienden que deberán revisar una a una miles de facturas.

«El sistema que ha establecido el Gobierno para verificar la caída de la facturación del 30% para optar a las ayudas no es propio de una Administración que presume de que va a digitalizar España entera, cuando no es capaz ni de digitalizarse a sí misma», lamenta en declaraciones a El Independiente el consejero de Economía, Empleo, Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty (superconsejero tras el cese de los consejeros de Ciudadanos).

«Cuando las empresas y los autónomos están al límite, nos plantean que tengamos que darles soluciones con procedimientos antediluvianos».

«Pretende que en vez de utilizar los recursos tecnológicos de la Agencia Tributaria las comunidades autónomas tengamos que enviar una especie de fichero de Excel que recoja a los solicitantes y que nos será devuelto una semana después con los datos que tengan de los mismos», critica.

En ese sentido, insiste en que la situación no le parece de recibo: «Cuando las empresas y los autónomos están al límite, nos plantean que tengamos que darles soluciones con procedimientos antediluvianos».

Lasquetty ya ha calificado en otras ocasiones la información recibida desde Hacienda de «poca» e «inaceptable» y ha advertido de la cantidad de empresas que pueden perderse por el camino si las ayudas no llegan en unos meses.

La ministra dijo en marzo que esperaba que las pymes pudieran recibir en verano este dinero. «Espero que durante el verano se puedan recibir esas ayudas, aunque ya las perspectivas de poder recibirlas o conocer las cantidades que se le asignan será un balón de oxígeno para las empresas de cara a acudir a pedirlas», señaló.

Por su parte, y ante las preguntas de este medio, desde el Ministerio de Hacienda se limitan a apuntar que el proceso lo fijan las comunidades autónomas en sus respectivas convocatorias.

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