Más de un centenar de personas se han concentrado a las puertas del Congreso contra la convalidación del decreto ley que obliga a las empresas de reparto a contratar a sus trabajadores, reclamando la dimisión de la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y exigiendo poder continuar como autónomos y no trabajadores asalariados.

«¡Yolanda dimisión, Yolanda dimisión!», han coreado repetidamente estas personas, y también «Stop ‘ley riders'», durante una protesta que han secundado varios diputados de Vox, entre ellos su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros.

En declaraciones a los medios, el presidente de la Asociación Profesional de Riders Autónomos, Jordi Mateo, ha criticado la regulación al considerar que les «discrimina» y les «priva la libertad de flexibilidad» que, ha dicho, han contado hasta ahora como autónomos.

«Queremos seguir siendo autónomos, pero no con el modelo actual, sino mejorado como en Francia e Italia, con mayor protección, pero en ningún caso con un contrato precario», ha aseverado, asegurando que los contratos que ofrecerán ahora las plataformas, a través de «empresas externas», les remunerarán «en el mejor de los casos con 400 o 500 euros y, aun así, poniendo vehículo y móvil propios».

El Congreso avala la ‘Ley rider’

Este jueves, el Pleno del Congreso ha convalidado el decreto ley que obliga a las empresas de reparto a contratar a sus trabajadores y ha aprobado su tramitación como proyecto de ley, por lo que podrá introducir cambios a través de enmiendas.

A favor del decreto ley han votado el PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, Junts, el PDeCAT, la CUP, Más País-Equo, Compromís y Nueva Canarias. El PP, Vox, Cs, UPN y Foro Asturias han votado en contra, mientras que el BNG se ha abstenido.

Pese a que fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado mes, como cada decreto ley es necesario que el Congreso lo someta a examen para convalidarlo o, en caso de no obtener apoyos suficientes, derogarlo.

Durante su defensa del decreto ley, la vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha recordado que la reforma planteada va en línea de la sentencia del pasado mes de septiembre del Tribunal Supremo, pero también otros tribunales internacionales, en cuyas sentencias, ha afirmado «late el mismo concepto: Que la aplicación del derecho del trabajo no es optativa».

«A nadie se le ocurriría poder escoger entre ser laboral o autónomo en una fábrica o en un comercio», ha aseverado, destacando que esto «supondría la desaparición de la norma laboral con todas sus consecuencias». Así, ha recalcado que una prestación de servicios «será siempre laboral si existe dependencia, cualquiera que sea la forma en que se manifieste», algo establecido por el Tribunal Supremo en su sentencia del pasado septiembre para unificar doctrina