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El Gobierno aprueba la ley de 'riders' que los reconoce como asalariados

Un grupos de repartidores 'riders' descansando entre los pedidos

Varios repartidores descansan EP

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el Real Decreto que regula las condiciones de los repartidores a domicilio de plataformas digitales como Deliveroo, Uber Eats o Glovo, y que obligará a contratar a estos trabajadores en 3 meses como máximo.

«España se convierte en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia», ha asegurado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, recalcando que «no hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar en esta materia».

«Esto va de lo de siempre, de proteger a los más vulnerables», ha afirmado, al tiempo que ha agradecido el esfuerzo de los agentes sociales. La ley llega después de que en marzo llegaran a un acuerdo el Ministerio de Trabajo y Economía Social, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme para cambiar la situación laboral de estos trabajadores.

Los repartidores de las citadas nuevas plataformas de reparto de comida a domicilio (también de otros productos) son autónomos, lo que ha ocasionado polémica, ya que el Ministerio, entre otros, considera que se trata de falsos autónomos y que las empresas están obligadas a ofrecerles un contrato laboral y protección social.

El Tribunal Supremo en septiembre de 2020 ya estableció en una sentencia que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.

«Poco que celebrar»

Por su parte, el colectivo de repartidores RidersXDerechos ha advertido de que aunque «en apariencia» la medida va en línea con sus demandas, no tienen «mayores razones para celebrar» porque creen que el decreto no garantiza la permanencia de los trabajadores actuales, ya que no se obliga a las empresas a contratarlos.

Por otro lado, consideran que no garantiza que las empresas no recurran a la subcontratación, «un coladero de derechos laborales». «No toleraremos ni permitiremos que se sustituya un fraude por otro», han alertado.

Asimismo, han lamentado que no se haya penalizado a las empresas, como ha sucedido en Italia, y que la ley deje fuera al resto de trabajadores «uberizados», es decir, a los falsos autónomos de otras tecnológicas, pero también de sectores como la traducción, las reformas o la limpieza, según han destacado.

Otras organizaciones como Repartidores Unidos y APRA han convocado manifestaciones para este martes en 9 ciudades españolas, al entender que la medida supone un «paso más hacia el precipicio que supone dejar a más de 15.000 repartidores sin empleo».

Las empresas deberán explicar sus algoritmos

El mismo texto recoge que las empresas deberán informar de los parámetros en los que se basan sus algoritmos que pueden incidir en las condiciones laborales de los trabajadores (no solo de los repartidores), como se incluirá en el Estatuto de los Trabajadores.

«Vamos a crear ya un comité de expertos que no solamente asesorará al Gobierno sino que estudiará en profundidad el buen uso de la Inteligencia Artificial y de los algoritmos en las relaciones laborales en nuestro país. Necesitamos del saber colectivo de los expertos para abordar cómo usamos la IA en las relaciones laborales», ha apuntado Díaz.

La iniciativa, según la ministra, es conseguir transparencia para saber si tiene algún tipo de sesgo con respecto a la relación laboral. «Los trabajadores tenemos derecho a saber cuáles son las razones que motivan ciertas decisiones que son empresariales (…). Ahora los algoritmos van a ponerse por primera vez en nuestro país al servicio de la mayoría social».

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