El Gobierno, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y empresas de un sector, a la gresca. En apenas una semana esta escena se ha repetido dos veces. Una, por la extensión del 5G; poniendo a las telecos, al regulador y al Ministerio de Asuntos Económicos en una guerra a tres bandas. La otra, a cuenta de la factura de la luz. El organismo dirigido por Cani Fernández y el Ejecutivo se pasan la patata caliente para crear mecanismos para abaratar el recibo eléctrico, con las compañías más alejadas de Pedro Sánchez por los recientes hachazos fiscales impuestos.

Los sillones ocupados por representantes de Podemos en el Gobierno de coalición han sido los más críticos con la nueva tarificación, que entró en vigor hace tan solo diez días y que ellos mismos aprobaron e implementaron. Los ministros Ione Belarra y Alberto Garzón han pedido en público que se revisen los horarios de fase valle de la nueva factura de la luz. 

“Pensamos que sería buena idea adelantar la hora valle a las 22 horas de lunes a viernes como propone Facua y se lo solicitaremos a la CNMC” dijo en su cuenta de Twitter la ministra de Asuntos Sociales en la tarde del miércoles. Horas más tarde, el titular de la cartera de Consumo seguía la estela de su compañera y aseguraba que “desde Unidas Podemos estamos preocupados por los precios de los suministros básicos para las familias trabajadoras. Seguimos empujando para todas las medidas que rebajen la factura de la luz: como han pedido los sindicatos y otros actores es necesario adelantar la hora valle”.

Pero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no está segura de que adelantando dos horas el tramo en el que sale más barato la factura eléctrica se vayan a notar importantes cambios. Por eso, el organismo insta al Gobierno a que se retoquen las cargas fiscales que soportan las empresas y los usuarios para aliviar el precio final del recibo. 

“Además de los costes regulados y del coste de la energía hay una tercera parte, la parte impositiva, que se deberá abordar con prioridad y ambición", recalcó Cani Fernández durante el II Foro Económico Internacional organizado por Expansión. Es decir, la CNMC entiende que es el Gobierno quien debe liderar las actuaciones para abaratar el coste a los usuarios eléctricos. De hecho, el regulador considera “precipitado” modificar los tramos horarios, según apuntó este jueves la agencia Efe.

Fuentes del sector energético explican a este periódico que dicha modificación también incurriría en “gastos recurrentes extraordinarios”. La principal razón que argumentan las empresas es que los contadores fueron modificados durante meses para tarificar en los horarios establecidos y volver a cambiarlos supondría un nuevo coste que no estaba planificado.

Las eléctricas, a la carga

Con el nuevo escenario, en el que se pretende modificar la nueva forma de tarificar, el sector energético vuelve a mostrar el rechazo ante el “enésimo revés” del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Fuentes del sector lamentan que “vuelva a producirse inseguridad jurídica en un sector tan importante como el eléctrico”, provocando incertidumbre tanto en las empresas, en los inversores como en los usuarios”. Otras voces entienden que estas declaraciones afectan negativamente a la credibilidad de las compañías y explican a este medio que “nos encontramos en un sector hiper regulado por lo que los precios de la electricidad no están marcados por las empresas”.

Estas declaraciones vienen dadas tras las palabras de Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, que sugería que las grandes compañías pagaban los dividendos a sus accionistas por el cobro a los consumidores. “En estos momentos la apreciación es que la rentabilidad está muy por encima de la de otros negocios a costa de los consumidores domésticos e industriales”, aseguró en una entrevista a Telecinco.

Además, el sector critica duramente que el Ejecutivo no quiera tocar los impuestos. “El Gobierno no va a rebajar los gravámenes porque perderían recaudación y por eso buscan otras fórmulas cuando lo más sencillo y sensato es rebajar el IVA”, narran.

“Para más inri, a la factura de la luz se le aplica un IVA del 21%, es decir, el tipo máximo para un bien que es de primera necesidad. Al impacto del IVA, hay que sumar el impuesto de la electricidad (un 4,8%, que es el impuesto oficial, pero al aplicarle a la base imponible un coeficiente de 1,05113, por lo que el impuesto real aplicado es del 5,1127%), que recauda el Estado y cede en su totalidad a las comunidades autónomas. Este tributo se aplica sobre la factura total, por lo que la fiscalidad que soportan los usuarios españoles es de algo más del 26% (27,18%)”, se lamentan.

Fuentes del sector recuerdan además que Bruselas ya ha dado un tirón de orejas al Gobierno dado que el impuesto especial español sobre el consumo de electricidad de los hogares "está muy por encima del mínimo de la UE establecido por la Directiva sobre fiscalidad de la energía", aunque añadía que "los Estados miembros son libres de determinar los tipos de impuestos especiales por encima de estos mínimos, en función de sus necesidades nacionales".

Ruptura con Pedro Sánchez

Este nuevo revés a las empresas energéticas, unido al hachazo que aprobó el Gobierno para eliminar los beneficios caídos del cielo ha provocado un distanciamiento, casi insalvable entre presidentes de las compañías y Pedro Sánchez.

Según ha conocido este medio, el descontento de Ignacio Sánchez Galán y Francisco Reynés, que siempre habían mantenido una relación estrecha con el presidente del Gobierno, es absoluto. Según fuentes cercanas al presidente el máximo dirigente de Iberdrola asesoró a Pedro Sánchez en la Estrategia Nacional de Largo Plazo España 2050. El presidente de la compañía ayudó a Moncloa a ensamblar los mimbres del documento que fue recientemente presentado.

De hecho, Ignacio Sánchez Galán invitó a Pedro Sánchez a Toledo en un acto de Iberdrola en un acuerdo con Cummins para la instalación de nuevas plantas de hidrógeno verde. Allí, el presidente del Gobierno volvió a dar nuevos detalles de la Agenda 2030 y del proyecto a largo plazo que ha diseñado para España. Este evento fue justo una semana antes que se conociera la decisión firmada en el Consejo de Ministros para eliminar los beneficios caídos del cielo.