Fue en el South Summit, una de las ferias de emprendimiento más importantes del mundo, de 2018 cuando Pedro Sánchez anunció a bombo y platillo que España iba a crear una ley específica que regulara y amparase la creación de empresas relacionadas con las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, las telecomunicaciones o energía. 

Pero el bloqueo político, las elecciones y la pandemia provocaron un retraso de casi tres años en este anteproyecto que pretende ser una especie de Ley Beckham 2.0 para atraer talento e inversiones extranjeras a través de exenciones fiscales. 

Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización explicaba en este sentido en una entrevista publicada en Cinco Días que la idea es posicionar a España "como un país mucho más competitivo para la atracción de la inversión y del talento para estas empresas”. “Primero, aligerando los trámites administrativos y la burocracia. Segundo, con incentivos fiscales. Y tercero, y esto va a ser el gran cambio, atrayendo el talento de fuera y parando la fuga de cerebros hacia otros lugares”, asegura en dicha conversación.

No obstante, el Ejecutivo de Pedro Sánchez va a limitar en ciertos aspectos las ayudas al talento si los emprendedores no han conseguido sacar adelante los proyectos anteriormente iniciados. 

En concreto, aquella persona que haya creado dos start-ups anteriormente y que haya tenido que cerrarla por cualquier motivo. Así, el nuevo Anteproyecto de Ley redactado y aprobado este martes en el Consejo de Ministros se indica que "no se entenderá que una empresa es de nueva creación cuando alguno de sus fundadores ya se hubiera acogido en dos ocasiones a esta ley".

De hecho, la nueva ley start-up considera que una empresa no será de nueva creación siempre que “un fundador o fundadores” hubieran estado inmersos en otros dos anteriores proyectos y se hubieran “beneficiado de esta ley”.

El Gobierno considera que si el primer intento fracasa, “como es característico en proyectos de alto riesgo”, pueden volver a aplicarse los incentivos de esta ley a “una segunda empresa constituida por los mismos fundadores, pues debe darse otra oportunidad a quien, pese al fracaso, pero con la experiencia adquirida, quiera intentarlo de nuevo”.

Además, de acuerdo al documento publicado esta misma semana, la nueva ley de start-ups pretende agilizar las liquidaciones de empresas que no han podido cumplir con las expectativas iniciales y se han visto forzadas a cerrar operaciones. Por otra parte, agilizará los trámites “para el cese de actividad que son tan o más complicados que los de su constitución”, según reza el documento.

Impuestos

Tal y como se subrayaba anteriormente, el Ejecutivo ha creado una ley para la atracción de inversores extranjeros. En concreto, se va a reducir la cuota de la deducción del 40 al 30% para estos inversores, elevando además el límite exento, de 60.000 a 100.000 euros.

A su vez, se mejorará el régimen fiscal especial para los trabajadores extranjeros y para aquellos que vayan a invertir en empresas emergentes españolas, y no residan en España, no tendrán que pedir un número de identidad de extranjero.

Por último, el Ejecutivo rebajará para este tipo de empresas el tipo impositivo en el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta de no residentes del tipo general del 25% al 15% en el primer período impositivo en el que la base imponible sea  positiva y en los tres siguientes siempre que mantenga la calificación de empresa emergente.