El Gobierno ha decidido congelar las tasas aeroportuarias que Aena cobra a las aerolíneas por el uso de sus instalaciones. Así ha quedado recogido en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA II) que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros para el periodo 2022-2026.
Ell gestor que dirige Maurici Lucena proponía elevar las tarifas un 0,52% anual hasta 2025 y de un 3,29% en 2026. Sin embargo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se mostró partidaria en un informe no vinculante de bajarlas un 0,44% cada año.
Sin embargo, el Gobierno ha optado finalmente por no penalizar aún más la actividad de las compañías que han visto reducidos sus tráficos significativamente desde la llegada de la pandemia.
Con esta senda tarifaria, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana dice situar las tarifas de Aena "entre las más competitivas", y considera que "contribuirá a atraer nuevas compañías y a la recuperación del sector del transporte aéreo".
Aena reclamaba el incremento de las tasas para sufragar lo que denomina como costes sobrevenidos derivados de nuevas normas de segurida, fundamentalmente en la inspección de equipaje de mano y de bodega y control de fronteras de la Unión Europea.
El denominado DORA II contempla una inversión de 2.250 millones de euros en el periodo, con una media anual de 450 millones de euros. "Dicho volumen de inversión permitirá dar respuesta a las necesidades de los usuarios y contribuirá a superar las graves consecuencias que la pandemia ha provocado en el transporte aéreo", defiende el ministerio que dirige Raquel Sánchez.
Este mismo lunes, PP y Vox defendieron en el Congreso la necesidad de rebajar las tasas aeroportuarias que tienen que pagar las aerolíneas a Aena durante los próximos años, sin que la proposición saliese adelante.
Además de la senda tarifaria, el documento establece las condiciones que deberán cumplirse en los aeropuertos de la red de Aena en materia de calidad y medioambiente, capacidad e inversiones.
Entre los objetivos fijados por el Gobierno están "la recuperación del tráfico y la gestión eficiente de la red aeroportuaria en términos de seguridad y calidad; la sostenibilidad medioambiental como eje vertebrador de las actuaciones; y la innovación como pieza esencial para la eficiencia y la calidad en la prestación del servicio".
La aprobación del documento ha puesto fin a un largo proceso desarrollado a través de la Dirección General de Aviación Civil, que comenzó con la propuesta inicial de Aena y sobre la que después se pronunció la CNMC, la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y que fue presentada también a los Comités de Coordinación Aeroportuaria.
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