Economía Reforma laboral

Sindicatos y empresarios se oponen a los ERTE permanentes del Gobierno: piden que reconsidere su propuesta

El planteamiento que ha hecho el Ejecutivo este miércoles aleja la posibilidad de un acuerdo sobre la reforma laboral

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en un acto de UGT.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en un acto de UGT. Ricardo Rubio / Europa Press

Tanto los sindicatos como los empresarios se han opuesto a los nuevos expedientes de de regulación temporal de empleo (ERTE) permanentes que el Ejecutivo les ha propuesto, según han confirmado este miércoles desde ambas partes. Del lado de los sindicatos, han pedido al Gobierno que «reconsidere su propuesta» y consideran que la idea solo ha servido para ralentizar la negociación de la nueva reforma laboral.

«A este mecanismo se han opuesto todas las partes del diálogo social, tanto patronales como sindicales, por lo que le hemos pedido al Gobierno que reconsidere su propuesta que en este caso solo ha servido para ralentizar este proceso en el que deberíamos de ser más agiles para llegar a un acuerdo», han comunicado desde UGT.

«La última propuesta efectuada por el Gobierno en materia de flexibilidad interna dificulta sobremanera el desarrollo de las negociaciones de la Mesa de Diálogo Social y nos aleja de un posible acuerdo», han expresado, por su parte, desde CCOO. El sindicato opina que se han introducido «materias que no tienen nada que ver con el objeto de la negociación», que el texto planteado genera «muchas incertidumbres» y que al exigir más detalles por parte del Gobierno se han encontrado «con poca o nula concreción».

En ese sentido, CCOO ha insistido en la necesidad de que las tres partes se centren en los textos relacionados con la estabilidad en el empleo, frenar la temporalidad y la precariedad, el fortalecimiento de la negociación colectiva, o las medidas de flexibilidad interna negociada, y ha planteado la posibilidad de seguir negociando la propuesta de los ERTE permanentes «en plazos más realistas y que faciliten la consecución de un acuerdo».

Del mismo modo, desde la CEOE también ha mostrado su rechazo a la iniciativa, aunque en este caso su presidente, Antonio Garamendi, ha recalcado que es «intervencionista» y que no deja espacio a las empresas para que se puedan adaptar a las diferentes situaciones.

El Ejecutivo ha planteado a los agentes sociales la creación de unos nuevos ERTE permanentes que eviten los despidos masivos, tras los buenos resultados conseguidos al flexibilizar esta medida con motivo de la pandemia. Los ERTE ya existían en la legislación española pero se amplió su extensión en marzo de 2020 y desde entonces han salvado cientos de miles de puestos de trabajo.

Así, este martes el Gobierno decidió llevar una nueva propuesta a este respecto a la reunión de este miércoles con los sindicatos UGT y CCOO y las organizaciones de empresarios CEOE y Cepyme. Ahora, los nuevos ERTE permanentes se llamarán ‘Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo’, según lo planteado.

La idea es que las empresas puedan reducir durante un tiempo las jornadas de los trabajadores o suspender sus contratos, al igual que sucedía con los ERTE, pero con unas condiciones especiales y en unas circunstancias concretas. A la vez, se plantea la creación de un fondo que sufrague estos ERTE y que estaría adscrito al Ministerio de Trabajo.

Estos nuevos ERTE permanentes forman parte del conjunto de medidas que el Gobierno ha planteado en el marco de la derogación de la reforma laboral y que este se ha comprometido a aprobar antes de que termine el año.

En concreto, el fondo RED que sufragará estos ERTE lo gestionará el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y se nutrirá del superávit de ingresos por cotizaciones sociales por desempleo, de los presupuestos generales del Estado y de la financiación de la Unión Europea.

Por otro lado, estos nuevos ERTE permitirán a las empresas solicitar la reducción de las jornadas de trabajo y también la suspensión de los contratos si la primera opción no es viable. Además, tendrán condiciones específicas en materia de cotizaciones a la Seguridad Social.

Para que pueda «activarse» este mecanismo deberá cumplirse una de las dos siguientes condiciones: que concurran causas estructurales, es decir, que en el sector se hayan producido cambios de este tipo que hayan llevado a pérdidas de competitividad que afecten al mantenimiento de la plantilla, o que concurran causas cíclicas, cuando tenga lugar una situación coyuntural de alcance general.

Será el Ministerio de Asuntos Económicos será el que establezca «parámetros objetivos a partir de un análisis de un conjunto amplio de indicadores, que determinen una presunción de las causas de activación», de nuevo, según la misma propuesta.

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