Economía

El Gobierno aprueba una inversión de 95 millones de euros para la investigación en 5G y 6G

De izq a der) Isabel Rodríguez, Irene Montero y José Luis Escrivá, llegan a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, este martes, en el complejo del Palacio de la Moncloa.

(De izq a der) Isabel Rodríguez, Irene Montero y José Luis Escrivá, llegan a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, este martes, en el complejo del Palacio de la Moncloa. EFE/Zipi Aragón

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 95,2 millones de euros en ayudas directas a 13 centros de investigación para desarrollar 115 proyectos de investigación e innovación en los ámbitos del 5G y el 6G.

El programa de investigación cuenta en total con 230 millones de euros que se irán aprobando en los próximos años con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y al programa. La línea de ayudas irá destinada a centros, fundaciones públicas de investigación y universidades públicas españolas.

«España aspira a mucho más que ser un simple agente que pone en su territorio la tecnología que otros han inventado, queremos que España invente también la tecnología que vendrá después el 5G avanzado y el 6G», ha asegurado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Entre los requisitos para recibir las ayudas se encuentra la obligación contratar el 70% de sus actividades para actuar como palanca sobre el sector privado, especialmente de las pymes, y crear un ecosistema en torno a esta tecnología.

Rodríguez también ha subrayado el valor de estas ayudas para la promoción del talento.

Puntos de carga eléctricos

Por otra parte, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha adoptado una nueva medida para impulsar la movilidad eléctrica, modificando la Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos para introducir más competencia al otorgar total libertad al titular de las estaciones de servicio abanderadas o franquiciadas a la hora de instalar un punto de recarga para vehículos eléctricos, impidiendo que se vincule al contrato de suministro en exclusiva que mantienen con los operadores y cuyo contenido y límites se regulan en la citada ley.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima tiene como objetivo disponer de cinco millones de vehículos eléctricos en 2030, y para 2023 se ha establecido la meta intermedia de que circulen 250.000 vehículos eléctricos. Para alcanzar estas cifras es necesario incrementar los puntos de recarga pública de alta capacidad, de modo que se evite la “ansiedad de autonomía” –el temor a que la batería del vehículo se descargue totalmente durante el trayecto–, que frena muchas decisiones de compra de este tipo de vehículos.

En este sentido, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética ya introduce la obligación de que las principales estaciones de servicio –con ventas anuales superiores a los cinco millones de litros– dispongan de puntos de recarga públicos.

Las estaciones de servicio pueden estar explotadas directamente por operadores petrolíferos, pueden ser independientes o pueden funcionar bajo un régimen de abanderamiento o franquicia que permiten a un minorista, normalmente una pyme, explotar la gasolinera en nombre y cuenta de un operador mayorista, por medio de un contrato de suministro en exclusiva de carburante.

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