Nunca antes lo habían hecho con tanta claridad. En el PNV ha puesto nombre y apellido a su principal problema con el Gobierno de Pedro Sánchez. A él le acusan de poder ser el responsable de que “todo se vaya al carajo”. La diana política de los nacionalistas tiene como imagen central la del ministro José Luis Escrivá. Desde que el titular de Seguridad Social e Inclusión accedió al ministerio, hace ahora justo dos años, la sintonía ha sido imposible. “Es el ministro obstáculo”, llegó a calificarlo el presidente del PNV, Andoni Ortuzar.

En Sabín Etxea le responsabilizan de que una de las demandas económicas más relevantes que la formación tiene pactada desde hace más de año y medio siga hoy sin llegar a la Administración vasca. La cesión de la transferencia del Ingreso Mínimo Vital debía haberse completado en octubre de 2020 y aún hoy hay dudas de que se vaya a transferir. “Escrivá es el problema”, llegó a asegurar el portavoz del partido, Aitor Esteban, en abril pasado, “estoy muy cabreado con este ministro”. Nunca antes en el partido que integra el reducido grupo de ‘socio preferente’ –apelativo cada vez más depreciado- se había sido tan crítico con un ministro.

Muchos meses después, el malestar continúa. La última propuesta remitida por Escrivá propone que la cesión del IMV al País Vasco no sea permanente sino temporal, por una década prorrogable. “Mercancía averiada”, lo califica el PNV. El enfado es tal que es el IMV la razón que puede acabar por romper la relación “preferente” con el Ejecutivo y no aspectos como la reforma laboral o el incumplimiento del calendario de transferencias para completar el Estatuto de Gernika que acumula tanto o más retraso desde que se pactó con Meritxell Batet cuando ocupaba el ministerio de Política Territorial.

Valor simbólico más que económico

En el PNV aseguran que se sienten engañados, que la demora y los cambios en el modo en el que se debe ejecutar el acuerdo es una falta de respeto. En realidad, el acuerdo se ha sellado hasta en tres ocasiones y en ninguna de ellas se ha cumplido. En mayo de 2020, cuando Carmen Calvo aún ocupaba la vicepresidencia del Gobierno, el presidente del EBB Andoni Ortuzar cerró el pacto por el que sería Euskadi, -y Navarra, por su condición de territorio foral-, la que gestionaría de modo íntegro esta ayuda social.

Aquel acuerdo se vendió como algo muy relevante, casi histórico, una suerte de primer paso hacia la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social incluida en el Estatuto de Gernika. En realidad, el valor es más cualitativo que cuantitativo. El servicio vasco de empleo ha registrado un total de 6.587 solicitudes de IMV desde junio de 2020 hasta noviembre de 2021.

Euskadi es una comunidad pionera en la concesión de este tipo de ayudas para sufragar servicios básicos en situaciones de pobreza. La llamada Renta General de Ingresos (RGI) tiene más de tres décadas de vigencia y es, en gran medida, la que inspiró el modelo aplicado en el IMV. Por ello, en el País Vasco son pocas las personas que la perciban, ya que ambas ayudas no son compatibles sino complementarias. Apenas 11.000 perceptores reciben ambas ayudas. El País Vasco tendrá derecho a compensar vía Cupo el importe de las RGI que abone, entre 55.000 y 60.000 al año.  

La tramitación posterior de la norma también fue un nuevo punto de acuerdo. Finalmente, el compromiso para llevarla a cabo volvió a resurgir en la negociación presupuestaria de las cuentas de 2022. El PNV venía lamentando la demora pero, pese a ello, vendió como un nuevo triunfo el enésimo compromiso del Gobierno Sánchez, del ministerio de Escrivá, de transferir la gestión del IMV a Euskadi. “Esta vez sí”, aseguraron entonces. “No es un acuerdo genérico, es negro sobre blanco, concreto y verificable y de muy alto valor”, afirmó Esteban.

La poca 'reserva' del PNV

Aprobados los presupuestos con el apoyo del PNV, hace casi dos meses, la falta de avances no ha logrado calmar a Sabin Etxea. La última propuesta recibida para la transferencia plantea que sea por un tiempo limitado, no permanente. El planteamiento ha vuelto a encender el malestar y los ataques contra Escrivá. La presidenta del partido en Bizkaia, Itxaso Atutxa, ha llegado a asegurar que por culpa de la actitud del ministro en relación a la transferencia del IMV, “tenemos el piloto de la reserva muy rojo”. Le reprocha que siga escudándose en “problemas técnicos” para el traspaso de una materia dos años después de haberla acordado: “No puede ser una excusa para un acuerdo ratificado por dos ministerios, el de Hacienda y el Escrivá, no nos pueden venir ahora con disquisiciones técnicas”.

Los nacionalistas no han perdido la oportunidad para recordar que los problemas de relación del ministro no son exclusivos de su partido “sino que le pasa con más gente”. También han cuestionado algunas de sus posiciones en materias como las pensiones, en muchos casos rodeadas de polémicas que horas después deben ser matizadas.  

Ahora, una parte del Gobierno pide a la otra que cumpla la palabra, lo acordado, "los acuerdos se cumplen", aseguró el viernes la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante su visita a Euskadi. La otra parte, la del PSOE, pide paciencia al PNV. Le recuerda que se trata de una materia compleja y que la tramitación del traspaso lleva en un momento delicado para el Ejecutivo, con “una agenda” centrada en la gestión de la crisis. La portavoz Isabel Rodríguez recordó el jueves pasado que los acuerdos se cumplirán y que sólo es cuestión de tiempo. Justo lo que el PNV empieza a agotar transcurrida la mitad de la legislatura.

En Sabin Etxea han comenzado a desprenderse del traje de aliado preferente y a mirar hacia el próximo año y medio, en el que cada vez ven más cerca la posibilidad de que Sánchez no pueda agotar la legislatura y el mandato se acorte. Y esta vez, quizá la culpa se la vuelvan a echar al ministro Escrivá.