Economía

La definición de los beneficios de los autónomos complica la negociación del nuevo sistema

El nuevo sistema de cotización por tramos afectará a los 3 millones de autónomos españoles | El Gobierno busca que paguen tarifas acordes con lo que ganen

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Definir qué serán exactamente los rendimientos reales o rendimientos netos a los que hará referencia el nuevo sistema de cotización de autónomos es el obstáculo al que ahora se enfrentan quienes lo están diseñando. ¿Podrá descontarse el alquiler? ¿La electricidad? ¿Y la misma cuota, se considerará un gasto, o no?

El Gobierno acordó en julio con los agentes sociales reformar el actual sistema de los autónomos y crear uno nuevo con el que estos trabajadores paguen una tarifa u otra en base a lo que realmente ganen. Actualmente, los autónomos pueden elegir si pagan más o menos, pero siempre a partir de los 294 euros. Y, según datos de Seguridad Social, el 85% de ellos escogen pagar lo mínimo, lo que conduce a que tengan una peor pensión.

Con la propuesta del Gobierno, se establecería un sistema de 13 tramos y cada trabajador deberá pagar -o lo que es lo mismo en este caso, cotizar- en base no a lo que decida personalmente, sino a lo que gane. El autónomo podrá escoger el tramo en el que se situaría, en base a sus previsiones, y podrá cambiarse hasta 9 veces a lo largo del ejercicio, pero será con la declaración de la renta cuando Hacienda evaluará si debe pagar algo más o si, por el contrario, es el Estado el que debe devolverle dinero, como ahora sucede con el IRPF.

La dificultad, ahora, está en delimitar cómo se calcula ese beneficio -o, en el lenguaje que se está usando en la negociación, rendimiento real o neto-. De acuerdo, ahora los autónomos pagarán una tarifa u otra en base a sus rendimientos, pero este no es un concepto que se haya utilizado hasta ahora para el colectivo. Tanto el Gobierno como las asociaciones de autónomos entienden rendimientos netos como los ingresos del autónomo menos los gastos necesarios para realizar su actividad. Pero, ¿qué gastos?

Así, según confirman fuentes de la negociación, no está claro qué se incluirá finalmente en la ley, y es algo que se está discutiendo en las reuniones semanales que se están celebrando con las asociaciones del sector. Insisten en que es un concepto que aún genera muchas dudas y hay que debatir buscando encontrar el consenso, en un momento en que cada organización está en un punto diferente.

Desde la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), este mismo martes han insistido en que la propuesta del Gobierno tendría que dar un giro «de 180 grados» para que ellos la aceptasen, porque consideran esta idea de nuevo sistema «inviable». Sobre todo, porque creen que según su actividad los autónomos podrán desgravarse unos gastos o no, y que será discriminatorio.

Para su presidente, Lorenzo Amor, el error del Gobierno parte de «confundir a un autónomo con un asalariado, intentar que un autónomo cotice como un asalariado, cuando un autónomo nunca va a tener los mismos derechos que un asalariado». Precisamente es lo que busca el Ministerio de Seguridad Social con este cambio: considera «injusto» el sistema actual porque lleva a pagar lo mismo a un autónomo que gane 400 euros al mes que a otro que gane 6.000, y argumenta que tener unas bases de cotización adecuadas equivale a un mayor nivel de protección.

Ahora mismo, las pensiones de los autónomos son 500 euros al mes inferiores a las de los asalariados, de media, y por eso defienden este “nuevo modelo de cotización más gradual y flexible adaptado a la capacidad de pago individual”. Que, además, mantendría la tarifa plana. Según los cálculos del Ministerio, dos de cada tres verían reducidas sus cotizaciones.

El Gobierno no tiene la obligación de llegar a un acuerdo sobre el nuevo sistema con las asociaciones, pero su intención es intentarlo, como también lo ha hecho con la negociación de la reforma de pensiones, la de la reforma laboral y la de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

Las otras dos asociaciones sí defienden un sistema por rendimientos reales como el que propone el Gobierno. La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) insiste en que hay que hablar de beneficios netos reales, para que quede más claro que se refiere a ingresos obtenidos una vez descontados todos los gastos deducibles, y quiere que también se pueda descontar la cuota que pagan los autónomos, algo que Seguridad Social no ha contemplado.

«Las bases de cotización deben fijarse atendiendo al beneficio de la actividad, esto es, a los ingresos limpios obtenidos una vez descontados todos los gastos necesarios para el ejercicio de la actividad (incluidas las amortizaciones y las propias cuotas a la Seguridad Social)», explicó María José Landaburu, secretaria general de Uatae, en un artículo en El País. En la asociación insisten asimismo en incluir las amortizaciones en esos gastos.

Según lo acordado el pasado julio, este nuevo sistema de cotización basado en los rendimientos reales declarados fiscalmente se aprobará a lo largo de 2022 y sus cambios se implantarán a partir del 1 de enero de 2022, pero no tendrán efectos económicos hasta 2023. Por ahora en el Ministerio no tienen una fecha estimada o plazo máximo de hasta cuándo lo negociarán, sino que van a continuar con las reuniones semanales con las asociaciones.

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