Economía

Reforma fiscal

Los expertos piden implantar un impuesto de patrimonio en todas las autonomías

El comité para la reforma fiscal ha entregado este jueves las conclusiones de su trabajo a María Jesús Montero | En ellas se basará el Gobierno para elaborar la reforma fiscal que entrará en vigor el próximo año

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recibe el Libro Blanco del comité de expertos para la reforma fiscal de la mano del presidente del Comité de Expertos, Jesús Ruiz-Huerta.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recibe el Libro Blanco del comité de expertos para la reforma fiscal de la mano del presidente del Comité de Expertos, Jesús Ruiz-Huerta. Carlos Luján / Europa Press

El comité de expertos para la reforma fiscal que designó el pasado año el Ministerio de Hacienda ha terminado su trabajo y ha entregado este jueves el resultado a la ministra, María Jesús Montero. En el documento, los profesores de universidad han propuesto establecer un mínimo para el impuesto de patrimonio y el de sucesiones y donaciones, entre otras medidas.

«El Gobierno debe estudiar el establecimiento de límites mínimos de gravamen efectivo», ha asegurado el presidente del comité, Jesús Ruiz-Huerta, en una rueda de prensa, en referencia a ambos tributos. El experto se ha referido a que la «competencia a la baja» entre comunidades autónomas con estos impuestos es un «problema de gran envergadura», porque lleva a que «estos tributos tiendan a desaparecer» debido, precisamente, a que no se establecen límites. También ha admitido que esta es la «cuestión más polémica» de la reforma.

Los integrantes del comité han evitado referirse a comunidades autónomas concretas que estén compitiendo a la baja, sino que hacen referencia a nivel general al problema de la competencia fiscal. «Lo más importante es preservar la efectividad en la imposición sobre la riqueza», ha asegurado la profesora de Derecho Financiero y Tributario María Teresa Soler ante los periodistas.

En esa línea, el documento no concreta dónde se debería fijar ese mínimo para evitar la pérdida de efectividad de ambos impuestos, algo que deberá establecer el Gobierno, en opinión de los expertos. Según el grupo, hay varias fórmulas para llevarlo a cabo, sin perder la autonomía y la competencia normativa, y por eso el documento ofrece un «menú de posibilidades» que tendrían las comunidades autónomas para hacer efectivo ese principio de corresponsabilidad fiscal.

Para evitar una medida de este tipo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha anunciado que evitará a través de los tribunales que el Gobierno imponga la tributación por patrimonio en la región. Para ello, tiene en consulta un anteproyecto de ley que blinde su región ante esta futura norma.

El comité también propone establecer el mínimo exento del impuesto de patrimonio en un millón de euros -es decir, elevarlo sensiblemente- y mantener las reducciones que existen actualmente para empresas, y, al mismo tiempo, estudiar la efectividad de estos beneficios fiscales. Asimismo aboga por una reducción de la tarifa, manteniendo en todo caso su carácter progresivo.

La cuestión de la armonización fiscal es la que habría ocasionado la salida de dos de los miembros del comité, los profesores Carlos Monasterio e Ignacio Zubiri, este invierno. Ambos eran partidarios de la competencia entre comunidades autónomas, más que de la postura contraria, la de la armonización fiscal, que igualaría los tributos entre regiones.

El objetivo de la reforma fiscal que a partir de ahora deberán elaborar en el Ministerio de Hacienda es acercar la presión fiscal de España a la media europea, actualmente superior entre 7 y 8 puntos del PIB. El Gobierno ha prometido a la Comisión Europea que aprobará su reforma fiscal que entrará en vigor en el primer trimestre de 2023, y a cambio, recibirá fondos europeos, pero estos días la ministra ha dejado caer que esos plazos podrían retrasarse si la recuperación económica del país no es la suficiente.

Los expertos aseguran que han podido trabajar con libertad

Durante los últimos meses del trabajo de los expertos, se han sucedido las filtraciones y críticas sobre presuntas injerencias del Gobierno en la elaboración de este documento. Al respecto, los catedráticos que han presentado el informe han negado categóricamente cualquier tipo de injerencia o de intento de dirigirlos.

«La libertad ha sido absoluta, no ha habido ninguna restricción de ningún tipo, las decisiones se han tomado después de intensas deliberaciones. No se puede probar bajo ningún concepto que haya habido algún tipo de interferencia en el trabajo», ha asegurado Ruiz-Huertas.

«Nunca hemos tenido, este tipo de comités, ninguna presión», le ha apoyado Soler. El resto de integrantes estaban presentes cuando ha hecho estas declaraciones. A la vez, ninguno ha explicado por qué dos de los miembros abandonaron el comité en invierno entre acusaciones de injerencia por parte de la ministra.

Por otro lado, los expertos han negado que el no fijar un mínimo del impuesto de patrimonio en el informe tenga que ver con discrepancias en el seno del comité. De nuevo, han insistido en que se debe a que es algo que debe llevar a cabo el Gobierno, y negociarlo en el consejo de política fiscal y financiera. «Realmente no hace falta del porcentajes. Todos sabemos lo que lleva a una desfiscalización», ha apuntado Soler, en referencia velada a las bonificaciones -de hasta el 100%- de este impuesto en comunidades autónomas como Madrid.

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