El Gobierno intenta marcar distancias con la implantación del sistema de pago por uso de las carreteras que remitió a Bruselas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El martes aprobó el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible en el que ni siquiera se define el modelo a implantar. Pero el comité de expertos elegido por Hacienda para la reforma fiscal sí incluye en su informe una propuesta para la implantación de peajes para el uso de las vías de alta capacidad.
Según los cálculos del citado comité de sabios, con ese sistema se podrían recaudar entre 1.172 y 1.398 millones de euros. Unas cifras que se mueven en el entorno de los 1.241 millones de euros que recogen actualmente los Presupuestos Generales del Estado para conservación de carreteras.
Los citados expertos plantean dos simulaciones para realizar sus estimaciones recaudatorias. En primer lugar, el pago de un céntimo por kilómetro para vehículos ligeros y de 3 céntimos por kilómetro para vehículos pesados. En el segundo escenario, estos últimos llegarían a pagar hasta 4,9 céntimos por kilómetro. Para calcular el importe en función de la distancia recorrida, el comité propone que se utilice "dispositivos electrónicos" de medida.
Frente a esto, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, defendía este mismo jueves en un encuentro informativo de Europa Press que el Gobierno solo había comprometido con el Ejecutivo comunitario a estudiar la aplicación de peajes en las autovías españolas antes de 2024, aunque su posible implementación ocurriría en otra fase.
Actualmente, defiende la titular de Transportes, el Gobierno está en proceso de abrir el debate al resto de partidos políticos, agentes sociales y resto de administraciones, para consensuar el mejor sistema a aplicar. Según ha expuesto, el actual sistema de peajes "genera una terrible desigualdad territorial".
Más a largo plazo, el Comité ve conveniente "explorar" la aprobación de un tributo sobre el uso de los vehículos que sustituya a la mayor parte de los gravámenes existentes sobre el transporte rodado, como los que se cobran por la tenencia de vehículos y los carburantes.
El informe argumenta que se deja notar ya una "pérdida de capacidad recaudatoria de gran parte de los tributos" por los avances tecnológicos que reducen las emisiones contaminantes y cambian los hábitos de los consumidores. El nuevo impuesto diferenciaría "entre clase de vehículo, localización y hora para aproximarse a los costes externos en términos de contaminación global y local, ruido, congestión y accidentes, así como al desgaste de las infraestructuras".
Entre sus apreciaciones, el Comité de Sabios del Gobierno también asegura que "la débil tributación comparativa de los carburantes de automoción se corresponde, además, con bajos niveles de la tributación sobre adquisición y tenencia de vehículos de automoción". "En su último informe sobre cargas fiscales del sector, la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA, 2021a) señala a España como el país con menores pagos fiscales por vehículo y año de entre los trece considerados, a gran distancia de Bélgica, Alemania, Francia, Italia o Portugal", añade.
Peajes en las ciudades
El anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible aprobado el martes por el Consejo de Ministros también permitirá a los ayuntamientos establecer peajes urbanos en sus zonas de bajas emisiones, aunque siempre a iniciativa de los propios consistorios. Londres cuenta con una tasa similar desde hace casi 20 años.
Los expertos también plantean introducir un tributo sobre los vehículos que varíe en función de la localización y hora del día para afrontar los problemas de tráfico y contaminación local. Dado que la medida podría tener un carácter regresivo por no diferenciar entre la capacidad económica de los usuarios, los expertos proponen dirigir parte de la recaudación a mejoras en el transporte público.
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