Los sindicatos condicionan el pacto salarial al plan contra la subida de precios de Sánchez

Los sindicatos y los empresarios no se ponen de acuerdo sobre cuánto deberían subir los salarios en España durante los próximos años. Están negociándolo en un momento de inflación récord y con una guerra en Europa en curso que nadie se atreve a predecir cuánto durará.

Pero el Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva (AENC) hay que renovarlo. El AENC fija cuánto deberían subir los sueldos en los convenios futuros que se pacten. Y el último lleva caducado desde 2021. Por eso, los representantes de los sindicatos CCOO y UGT y de la organización de empresarios CEOE llevan semanas reuniéndose.

Las fuentes de los negociadores son muy discretas sobre cómo están discurriendo los encuentros, y no desvelan si hay líneas rojas encima de la mesa, o si se han planteado cifras concretas sobre las que trabajar. En el último AENC se decidió subir los salarios alrededor de un 2%, más un punto porcentual ligado a conceptos como la productividad, los resultados empresariales y el absentismo laboral.

Lo que sí dejan claro es que el acuerdo estará directamente condicionado por las medidas que tome el Gobierno el día 29 para mitigar la subida de los precios. "Las medidas que se tomen en materia de contención de los precios energéticos son muy importantes a la hora de facilitar un acuerdo salarial en este momento", afirmó este miércoles el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Es decir, que si las organizaciones sindicales consideran que las ayudas que decida Pedro Sánchez mitigan el golpe de la inflación en el poder adquisitivo de los trabajadores, relajarán sus exigencias a la patronal, pero si no es así, empujarán más. Y, por tanto, llegar a un pacto será más complicado, ya que los empresarios no están por la labor de aumentar demasiado los sueldos -"no tiene ningún sentido un incremento salarial desorbitado que alimente la espiral inflacionista", afirmó ayer el presidente de Cepyme-.

El Gobierno ha anunciado que el día 29 de marzo aprobará su Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas de la Guerra. Para ello ya está manteniendo reuniones con los diferentes grupos políticos, recabando propuestas, aunque el quid de la cuestión estará en la cumbre de líderes europeos que tendrá lugar el 24 y 25 de marzo en Bruselas.

El ministro de la presidencia, Félix Bolaños, aseguró este miércoles que el Gobierno bajará la gasolina, la luz y el gas independientemente de lo que se decida en el Consejo Europeo. Pero esa afirmación es matizable, puesto que el IVA a las gasolinas solo podrá reducirse si Europa lo permite, puesto que así lo establece una directiva. En el Consejo, los Veintisiete analizarán opciones para desligar la subida de precio de la electricidad de la del gas.

Ayer, CCOO, UGT, dos asociaciones de autónomos (UPTA y UATAE), una de consumidores (Facua) y una vecinal (CEAV) anunciaron que se manifestarán el día 23 -justo antes de la cita europea- en toda España por la inacción del Gobierno ante los altos precios. "Lo que nos mueve ahora es la contención de los precios de la energía, de los precios de la luz en España. Este punto central es el que nos lleva a la calle", manifestaron.

En cómo se resuelvan estas dos citas, tanto la cumbre europea como el consejo de ministros del 29, estará la clave para determinar si se llega o no a un acuerdo en materia de salarios, y cuándo. No solo eso, porque de no llegar a un punto en común, los sindicatos amenazan con movilizaciones y huelgas como la del metal en Cádiz.

"Por supuesto la evolución de los salarios se pactará en mejores condiciones si la evolución de los precios es menor", recalcó Sordo. Y viceversa. "Si se prevé que los precios energéticos no se van a disparar en la segunda parte del año, eso elimina ciertas tensiones". Es la razón por la que los sindicatos están centrando la atención sobre las cláusulas de garantía salarial, y no solo sobre fijar una cifra que marque cuánto deben subir los sueldos.  

Es preciso recordar, no obstante, que la subida salarial que se pacte por escrito en el AENC no se trasladará de forma inmediata a los sueldos de los españoles. Es solo una recomendación sobre la que trabajarán a posteriori los negociadores de cada convenio colectivo o convenio de empresa.

En el centro, las cláusulas de garantía salarial

Ante la incertidumbre de la inflación, los sindicatos están apostándolo todo a las cláusulas de garantía salarial. "Sin cláusulas de salvaguarda no puede haber un acuerdo salarial", dejó claro Sordo, insistiendo en que los "incrementos salariales vinculados a las cláusulas de salvaguarda" son "la única forma de salir del atolladero".

"No hemos terminado de situar dígitos porque nos parece mucho más importante el mantenimiento del poder adquisitivo", indicó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, eludiendo contestar a cuál es la subida salarial que desde los sindicatos persiguen.

Actualmente los convenios que cuentan con estas cláusulas son una minoría, el 15% frente al 70% en la década de los 2000. Pero serían la fórmula utilizada por los sindicatos para rebajar sus exigencias, porque permitirían postergar la subida de los salarios a más adelante.

Los sindicatos ya descartan que vayan a pedir una subida salarial para este año equivalente a la inflación -lo que, además, provocaría más inflación, según los economistas-. El AENC que se acuerde abarcaría los años 2022, 2023 y 2024, y la inflación podría terminar el año en el 6%, de media. En 2021 la media se situó en el 3,1%. Así, la manera de recuperar el poder adquisitivo perdido este año serían estas cláusulas, pero los agentes sociales deben concretar cómo lo harán exactamente.

Por otro lado, las organizaciones sindicales exigen al Gobierno modificar el sistema de determinación de los precios europeos y españoles, para que el encarecimiento del gas no repercuta en el precio de toda la electricidad, así como desvincular los alquileres del IPC, un uso "más racional" del transporte, hablar de los beneficios y dividendos de las grandes empresas y medidas fiscales pero de emergencia, de manera que no se aproveche la situación para bajar impuestos que puedan repercutir en los servicios públicos.