El déficit presupuestario de España se situó a cierre de 2021 en el 6,76% del producto interior bruto (PIB), según ha anunciado este jueves el Ministerio de Hacienda y Función Pública en su presentación de los datos de ejecución presupuestaria. Incluyendo la Sareb -Eurostat decidió que debía incluirse desde el año pasado-, el déficit público de 2021 se situó en el 6,87% del PIB, en 82.819 millones de euros.
En 2020 el déficit se situó en el 10,09% del PIB, 10,97% incluyendo la Sareb, por lo que la ministra María Jesús Montero ha ensalzado esta reducción del saldo fiscal de 3,3 puntos, resaltando que es "la mayor de la serie histórica". También ha recalcado que queda por debajo del déficit previsto en los presupuestos (8,4%) y comunicado a Bruselas, en concreto, 19.500 millones por debajo.
"Esta mejora no es consecuencia de una política de recortes o austeridad, sino consecuencia de los estímulos que se han ido promoviendo por las administraciones y por la mejora de la actividad económica y las medidas de protección de rentas", ha asegurado la titular de Hacienda. Después ha precisado que los buenos datos se explican en unos dos puntos por el crecimiento de la inflación, que ha permitido recaudar más, pero también por la buena actividad económica y por la creación de empleo.
El Gobierno ya venía adelantando que el déficit público español en 2021 quedaría por debajo del previsto, antes de dar a conocer los datos definitivos. Calviño también aseguró que el Ejecutivo prevé seguir reduciendo el ratio de deuda sobre el PIB y el de déficit sobre PIB.
La Administración Central asumió la mayor parte de este déficit, con una tasa que se situó casi en el 6% del PIB, mientras que las comunidades autónomas cerraron en equilibrio, la Seguridad Social registró un déficit del 1% y las entidades locales presentaron un superávit del 0,3% del PIB.
La recaudación tributaria, en concreto, ha subido un 15,1% hasta los 223.382 millones de euros, con un incremento del 7,5% en el IRPF; del 14,5% en el IVA, del 68% en Sociedades y del 5% en los impuestos especiales. En ese sentido Montero ha destacado que los impuestos que más han visto aumentar su recaudación no son los más impactados por la inflación.
Aunque las reglas fiscales europeas establecen que el déficit de los estados miembros no puede sobrepasar el 3% del PIB, actualmente los Veintisiete sí pueden superar este límite dado que las normas están suspendidas, temporalmente. Se decidió así para permitir a los Estados responder para impulsar la economía ante la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.
Ahora, no está claro cuándo se recuperarán estas normas, dado que la guerra en Ucrania supone un nuevo riesgo para el crecimiento económico europeo y que los diferentes países están impulsando nuevos planes de gasto. En unas semanas, los países comenzarán a debatir en Bruselas cómo volver a poner en marcha estas reglas, pero el Gobierno español, según ha transmitido Montero, aboga actualmente por que continúen suspendidas, o, al menos, se flexibilicen.
Montero ha cifrado en 12.000 millones el coste de las medidas del Plan Nacional de respuesta al impacto de la guerra, si se prorrogaran hasta final de año. Solo en el segundo trimestre, supondría una merma de ingresos de casi 1.800 millones, que sumado al coste desde que se pusieron en marcha el año pasado, supondría unos 7.000 millones de euros menos.
En este contexto, el Gobierno cree que está "en condiciones" de cumplir con su objetivo de reducir el déficit público al 5% del PIB este año, aunque a la vez anima a tomar estas previsiones con "prudencia" por la incertidumbre actual causada por la guerra en Ucrania y su impacto en la economía española.
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