La idea de Escrivá de actualizar las pensiones con el IPC medio le costará 6.000 millones más

Cuando el Gobierno decidió vincular las pensiones al IPC, no tenía muy claro qué fórmula utilizar. El PSOE llevaba años promulgando que estas prestaciones debían subir lo mismo que los precios, pero, ¿que qué precios? ¿Debían basarse en el dato de un mes concreto, en el de final de año, o en la media de un año, o en la media de varios años?

Antes de la reforma de Rajoy, las pensiones se revalorizaban en base a cuánto hubiesen aumentado los precios en el mes de noviembre. Cuando el Ministerio de Seguridad Social debatió esta medida con sindicatos y empresarios, a principios del año pasado, este punto no parecía tener mayor trascendencia: el dato del IPC medio anual y el mensual no solían variar demasiado.

Finalmente, el Ministerio de Escrivá propuso tomar como referencia la inflación media anual para revalorizar las pensiones. Fue su iniciativa, según aseguran fuentes sindicales. Los agentes sociales aceptaron, a pesar de que "siempre" habían sido "más del IPC interanual", pero finalmente determinaron que la media de todo el año era un dato más justo para los pensionistas.

"En ese momento no fue polémico, como sí lo fueron otros puntos. En aquel momento la discusión no tenía mayor trascendencia, simplemente se estuvieron valorando varias cosas", apuntan. Pero, de la misma manera, también señalan que se trató de un detalle que prácticamente "coló por la puerta de atrás", de forma inesperada, tras haber sugerido otras fórmulas que no contaron con el respaldo de los agentes sociales.

Sin embargo, lo que el ministro no esperaba era que la medida terminase diendo lugar a una tan abultada factura de pensiones de cara al próximo año, apuntan las mismas voces. Tal y como se aprobó en la reforma de las pensiones -que ya es ley, desde que en diciembre el Congreso le dio su visto bueno- el Gobierno deberá gastar unos 15.000 millones de euros más en 2023 que este año si la inflación media anual se sitúa, como se espera, alrededor del 7%. Así, el gasto total en pensiones superará los 188.500 millones el próximo año.

Por ahora, el Banco de España estima que la inflación se situará este año en el 7,5%, muy por encima del ya elevado 3,1% registrado en 2021 -en 2020 los precios cayeron un 0,3%-, pero por debajo del 9,8% de este mes de marzo. Otras instituciones de peso que realizan previsiones macroeconómicas hablan de cifras similares: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) opta por un 6,2%; el servicio de estudios Funcas, por un 6,8%, y BBVA Research, por un 7%. El Fondo Monetario Internacional (FMI) apunta algo más bajo, a una inflación del 5,3%.

La diferencia entre utilizar el IPC medio anual, que el Banco de España prevé que se sitúe en el 7,5%, y el interanual del mes de noviembre como sucedía antes, que podría quedar alrededor del 4%, para revalorizar las pensiones llevará al Gobierno a tener que pagar unos 6.000 millones de euros más en estas prestaciones para los jubilados. Dicho cálculo se hace teniendo en cuenta la aproximación de varios servicios de estudios que estiman que por cada punto extra de inflación el gasto en pensiones sube en 1.700 millones.

Además, para esa estimación se supone que el IPC interanual de noviembre se situará en el 4%, aunque podría ser superior o inferior, ya que no existen previsiones concretas para ese mes. Lo que sí afirma el Banco de España es que la inflación se mantendrá en el entorno del 10% hasta verano, y que después bajará progresivamente hasta conseguir llegar a una media anual del 7,5%.

Teniendo en cuenta que los datos oficiales del IPC interanual, que recogen que el pasado diciembre fue del 6,5%; que el de enero fue del 6,1%; el de febrero, del 7,6%, y el de marzo, del 9,8%; así como que en abril, mayo y junio rondará el 10% según el BdE, es de suponer que en julio podría quedar alrededor del 9% y que en agosto podría rondar el 8%, para después caer al 7, 6, 5 y 4%, respectivamente, en los últimos meses del año. Todo ello, tomando como base la predicción de inflación que hace el supervisor bancario.

Desde el departamento de Escrivá matizan que revalorizar las pensiones con la inflación media anual era la forma más justa de conseguir que los jubilados no perdiesen poder adquisitivo aunque subieran los precios, y que no valoraban tomar como referencia el dato interanual de noviembre, aunque los agentes sociales aseguran lo contrario. Por otro lado insisten en que indexar las pensiones con el IPC es una iniciativa que partió del Pacto de Toledo, una comisión parlamentaria con representación de todos los partidos políticos con presencia en el Congreso, que la secundaron todos los grupos en 2018 con la única excepción de Esquerra Republicana, y que posteriormente se acordó y firmó, el pasado julio, con UGT y CCOO y con las organizaciones de empresarios CEOE y Cepyme.

Por eso, se decidió actualizar las pensiones cada enero en base a las tasas de variación interanual del IPC, desde diciembre de dos años antes a noviembre del año anterior, como se recogió en el BOE. Es decir, que en enero de este año subieron en la misma medida en que se había incrementado el IPC de diciembre de 2020 a noviembre de 2021, un 2,5%, mientras que el IPC interanual de ese mes de noviembre se situó en el 5,5%, como se aprecia en el gráfico que aparece en este artículo. Y así seguirá ocurriendo, año a año, a menos que se modifique la ley.

Antes de la reforma de las pensiones de Mariano Rajoy, de 2013, se utilizaba el IPC anual de noviembre para revalorizarlas. El cambio del entonces presidente del PP puso en marcha el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) que abocaba a subidas mínimas del 0,25% siempre que la Seguridad Social tuviera déficit. Pero hasta entonces, para los agentes sociales la actualización de las pensiones se hacía teniendo en cuenta la inflación de un mes concreto, el penúltimo del año, porque escoger este y no el de diciembre facilita al Gobierno la elaboración de los presupuestos.

Escrivá también propuso una fórmula que se basaba en una media móvil del IPC a lo largo de cinco años, que los sindicatos consideraron demasiado compleja. Después, habló de una que se basaba en la inflación del año anterior, pero que compensase durante los tres años siguientes el IPC negativo, algo que finalmente también se descartó. Ahora los jubilados no tendrán que devolver ningún dinero incluso si el IPC es negativo algunos años. Pero el Gobierno sí que tendrá que pagar más que con la anterior fórmula en el caso de los años en que el dato de inflación media interanual supere al del mes de noviembre.