Economía

Denuncian a Apple por la 'obsolescencia programada' del iPhone 6 de 400.000 usuarios

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denuncia a la compañía por ocultar información para actualizar un software a sabiendas de que dañaría el rendimiento de los terminales.

La denuncia es sencilla. El fabricante ha programado una suerte de ‘muerte’ de su producto. Es lo que se define como obsolescencia programada y la Organización de Consumidores (OCU) la considera acreditada en uno de los teléfonos de la compañía Apple, el iPhone 6 que poseen más de 400.000 españoles.

Por ello, la OCU ha presentado una demanda colectiva para defender en juicio a los cientos de miles de afectados por lo que considera que es un claro abuso por obsolescencia programada en la gama de iPhone 6. Considera que la compañía ha incurrido en «prácticas comerciales injustas, engañosas y agresivas«. Según la OCU, Apple habría actuado «de manera fraudulenta», ocultando información a los usuarios, lo que supone vulnerar la Ley de Competencia Desleal y la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Desde la OCU señalan que Apple actualizó el ‘software’ en los diferentes modelos del iPhone 6 «para enmascarar los problemas de rendimiento de sus baterías, sabiendo que esto causaría una ralentización y pérdida de rendimiento de los teléfonos». Con este cambio, los usuarios pensaron que el teléfono móvil se había quedado anticuado, al funcionar de forma más lenta, lo que les llevó a cambiar de modelo.

Perjuicio de hasta 80 millones

La actuación «deliberada» de Apple supuso un perjuicio económico para los consumidores de entre 40 y 80 millones de euros, según los cálculos de la Organización. Asimismo, la OCU ha solicitado a Apple una compensación por los daños morales, por lo que eleva la cifra a entre 99 y 189 euros por afectado.

Ya en diciembre de 2020, OCU presentó unas diligencias preliminares para solicitar a Apple que identificara a los afectados, a fin de que pudieran ser defendidos en juicio. «Desde la Organización asumiremos el gasto necesario para entablar esta contienda judicial, pagando los honorarios de abogados y procuradores, para que los afectados no tengan que incurrir en coste alguno», han explicado desde la OCU. Además, en caso de perder la acción judicial, los afectados tampoco tendrán que asumir las costas del proceso. «Confiamos en que la Justicia ponga freno a estos comportamientos lesivos para los consumidores afectados y la sociedad en general», ha insistido la OCU.

Esta acción se enmarca en la campaña de la OCU para animar a los usuarios afectados a luchar contra la obsolescencia programada. En sentido, busca movilizar a todos aquellos consumidores «que no están dispuestos a tolerar este tipo de acciones deliberadas en contra sus derechos» a que se unan a la campaña y que den su apoyo necesario para poner freno a estas prácticas.

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