La economía sumergida ha caracterizado a España desde los años 70. El país ha registrado desde entonces tasas -estimadas- de actividades no declaradas muy por encima de sus socios europeos, equivalentes a alrededor de un 20% de todo su producto interior bruto (PIB), frente al 13% de promedio de la UE, según un informe del FMI.

Ahora, con la pandemia, podría estar emergiendo parte de ella, o así lo sospechan tanto diferentes organismos económicos como el propio Gobierno. Ninguno ha realizado aún estudios al respecto pero el importante auge de la recaudación del Estado en 2021 no se explica de otra manera: aparentemente, el aumento de los pagos con tarjeta, la prohibición de hacer transacciones en metálico de más de 1.000 euros y la negativa de muchos empleados a trabajar en la sombra estarían provocando un cambio de tendencia.

Pero la economía sumergida continúa siendo el día a día, y la forma de vida, para miles de trabajadores en el país. Sobre todo, en las regiones más empobrecidas y en los sectores más precarios. A continuación el lector encontrará una radiografía de las actividades no declaradas en base a las investigaciones de varios organismos y expertos.

Una actividad que el Gobierno no estudia

No existen datos oficiales sobre la economía sumergida en España. No la investiga ningún ministerio, no hay estadísticas públicas, no se realiza un seguimiento. Es así pese al problema que supone para el país y pese a que hace un año la ley contra el fraude fiscal, aprobada en julio, incluía la creación de un grupo de expertos para su análisis y estudio. Casi doce meses después, no hay noticias de este comité. En el libro blanco para la reforma fiscal que elaboró otro grupo de expertos, designado por el Gobierno, y que servirá de base a este, no hay ningún apartado relativo a la economía sumergida. Uno hace referencia al fraude fiscal, pero en él se limita a instar a analizarlo como recoge la ley.

«Se encomienda al Gobierno para que encargue a expertos independientes la elaboración de un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida en el Estado español, del fraude fiscal y laboral y de la elusión fiscal, desagregado por territorios, sectores económicos e impuestos», reza la disposición adicional cuarta de la ley 11/2021, del 9 de julio de 2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal (en el BOE).

Quienes sí han estudiado el fenómeno son algunos organismos económicos, centros de estudios, agrupaciones de inspectores de Hacienda y profesores universitarios expertos en fiscalidad. En su conjunto piden al Ejecutivo que arranque este proceso de análisis por el bien del país, pero también arrojan luz sobre los sectores y las regiones donde la economía sumergida está más presente, al tiempo que ofrecen soluciones para combatirla.

«El esfuerzo analítico sobre la dimensión y determinantes del fraude fiscal y la economía sumergida en España es un área de investigación que debería acaparar más recursos y atención prioritaria de organismos públicos para reducir la disparidad en las cuantificaciones y afinar la atribución de responsabilidades a los diferentes factores en juego. Solo así será posible definir una estrategia de erradicación eficaz y eficiente que, necesariamente, deberá ser multipolar e integral. Sin duda, nos va mucho en ello», opinan en uno de ellos, de Funcas.

Extremadura y Andalucía, a la cabeza

Las diferentes fuentes consultadas coinciden en la enorme disparidad que en cuanto a economía sumergida presentan unas comunidades autónomas y otras. Mientras que en Extremadura equivale casi a un 30% de su PIB, un 27% en el caso de Andalucía, en Madrid es casi la mitad, no sobrepasando el 16%. Son datos del Instituto de Estudios Económicos (IEE), obtenidos de su último informe al respecto, de abril de 2021, que a su vez se basa en estudios de Jordi Sarda Pons e Ignacio Mauleón y de Ignacio Zubiri, Javier Fernandez-Macho y María del Carmen Gallastegui.

Para los expertos, esta información es útil para entender hasta qué punto España debe hacer un esfuerzo a la hora de reducir su economía sumergida si quiere reducir su brecha fiscal con la media europea sin subir los impuestos. Es una crítica recurrente en el sector. Los datos apuntan que los españoles pagan menos impuestos que el europeo medio, con Eurostat estimando que la presión fiscal alcanza aquí el 41,1% del PIB, frente al 46,7% del conjunto de la Unión Europea.

«Pero esto es basarse en una variable muy simplista de ingresos recaudatorios frente al PIB. Si descontamos la economía sumergida tendríamos la presión fiscal real, y aquí estamos muy similar a la media de la UE. Pero si además tenemos en cuenta no solo economía sumergida, sino el nivel de renta en España, el esfuerzo fiscal ya se encuentra muy por encima de la media de la UE», opina en el director del IEE, Gregorio Izquierdo.

Aunque los datos difieren según el estudio que se consulte, la mayoría coinciden en que por encima de la media nacional se encuentran Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, y que en el otro extremo se hayan Navarra, Cantabria y Aragón. Por provincias, las que cuentan con una mayor economía sumergida son Ciudad Real, donde representa un 36% de su PIB; Santa Cruz de Tenerife, 35%; Segovia, 30%; Huelva, un 30,5%; Tarragona, con un 29%, y A Coruña, con un 28%, según un estudio de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). En el lado contrario de la tabla, destacan Girona y Vizcaya, con un 13% y 18%, respectivamente.

Un mal endémico en construcción, comercio y hostelería

La incidencia de la economía sumergida es asimétrica entre comunidades autónomas y provincias, pero también lo es entre los sectores de actividad. Las investigaciones consultadas reflejan el peso del sector servicios y también la fuerte influencia del desempleo, como recogen los expertos Alberto Vaquero, Santiago Lago y Xoaquín Fernández Leiceaga en un estudio editado por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), de 2018. Así, a mayor peso del sector industrial, menor desempleo y economía sumergida, y al contrario en el caso de los lugares con mayor peso del sector servicios.

Se manifiestan también en esos términos desde el IEE, donde destacan la agricultura, el sector textil o el turismo como las áreas más afectadas por este mal endémico. «Pero también hay que destacar otro tipo de factores que influyen muy relevantemente sobre la mayor o menor existencia de economía sumergida en un territorio. Entre ellos cabe señalar la fiscalidad, unos menores niveles de tasa de paro, un nivel de renta más elevado, así como una mayor competitividad y un mayor dinamismo en el crecimiento económico». Asimismo, constatan que en las regiones donde existe un nivel de PIB per cápita más elevado, y en aquellas con tasas de desempleo menores, presentan niveles de economía sumergida más bajos, lo que coincide con la distribución territorial que antes señalada.

Por su parte, en Funcas destacan la relación negativa entre el volumen de transacciones electrónicas (con tarjetas de crédito o transferencias bancarias) y el peso de la economía sumergida. Como ejemplo, los países con mayor número de transacciones electrónicas per cápita al año, como Holanda, Finlandia, Austria, Reino Unido o Francia, con un ratio de entre 280 y 400 transacciones por habitante, tienen tasas de economía sumergida entre el 8 y el 13%. Mientras, España o Italia, con un volumen de transacciones entre las 80 y 120 per cápita al año, tienen tasas de economía sumergida entre el 18% y 21%.

La investigación revela cómo en la construcción la economía sumergida tiene un peso del 32% sobre la producción de todo el sector. En el pequeño comercio es del 20%, seguido de la fabricación de manufacturas (18%), los hoteles y restauración (21%), el transporte y las comunicaciones (16%), el servicio doméstico (14%) y los alquileres (10%). En otro estudio de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) y el profesor Jordi Sardà constatan cómo la construcción «ha jugado un papel relevante en la determinación de la economía sumergida, especialmente en el período comprendido entre 2004 y 2007».

¿Ha disminuido con la pandemia?

El Estado recaudó más de 223.000 millones de euros en 2021, un 15% más que en 2020 y un 5% más que en 2019. Y lo ha hecho sin subir impuestos, lo que algunos organismos económicos empiezan a atribuir al florecimiento de parte de la actividad que hasta ahora formaba parte de la economía sumergida.

Las razones podrían tener que ver con la prohibición de realizar pagos de más de 1.000 euros en efectivo, que eran muy comunes en la agricultura, así como con el auge de los pagos con medios electrónicos durante la pandemia. A la vez, estaría teniendo un papel importante el rechazo de muchos trabajadores a ser contratados en «b», ya que de este modo no podían acceder a determinadas ayudas durante el Covid-19, como recogió Reuters en este reportaje.

Son motivos que podrían estar muy relacionados con que España superase el pasado agosto los niveles de empleo prepandemia a pesar de que a día de hoy aún no ha recuperado los de PIB. El país cuenta desde abril con más de 20 millones de trabajadores registrados por primera vez en la historia y el paro continúa bajando mes a mes, algo que no se explica solo por el efecto de la reforma laboral que se aprobó en diciembre.

Sin embargo, para muchos no será suficiente. El profesor de Economía e inspector de Hacienda Domingo Carbajo lamentaba hace unas semanas que el Gobierno no desarrolle ningún aparato estadístico para facilitar la solución de los muchos problemas que lleva aparejada la economía sumergida: «No hay voluntad política alguna de cumplir con este mandato legal y las estadísticas ‘oficiales’ sobre economía sumergida y fraude fiscal, distintas o interrelacionadas, seguirán viviendo en España el sueño de los justos».