La reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria ha sido el motor de las movilizaciones del campo en los últimos tiempos. La novedad de la norma vela principalmente por que se cubran los costes de producción -en los que se incluyen determinados gastos variables- y la constancia de un contrato escrito en prácticamente la totalidad de estas operaciones, y encuentra en la figura de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) la autoridad de control. Después de meses de lucha, los ganaderos y agricultores cuentan con el nombre, apellidos, causa y cuantía de sanción de las empresas que han tratado de aprovecharse del primer eslabón de la cadena, aquel que calza botas de goma para caminar por el barro o del que sus manos hablan más de su oficio que cualquier explicación.
La multa más grave de las comunicadas en la publicación trimestral de sanciones para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria ha ido a la granja de prodúctos lácteos Ray Lech, S.L. La empresa con sede en Valdepeñas de Jaén (Andalucía) deberá afrontar en total un castigo de 14.501 euros por tres infracciones: incumplimiento de los plazos de pago (3.001 euros), no formalizar por escrito los contratos alimentarios y pagar por debajo de los costes de producción (11.501 euros).
Las compañías lácteas, 7, no representan la mayoría de los protagonistas de este listado de 69; sin embargo, sus castigos son de los más severos: dos de las cuatro sanciones más altas van a compañías lácteas, la ya mencionada Ray Lech, S.L como líder y con Inleit Ingredients, S.L en cuarta posición al ser condenada al pago de 9.000 euros por realizar modificaciones del precio incluido en el contrato sin que estén expresamente pactadas por las partes.
El vinícola es uno de los sectores más presentes en esta publicación en la que nadie querría estar. Hasta ocho empresas dedicadas a la elaboración de vino han quebrantado los límites marcados por la cartera que encabeza Luis Planas. La prestigiosa J. García Carrión, S.A, conocida como García Carrión, tendrá que pagar la tercera sanción más grave de las impuestas, 9.147,81 euros por incumplir los plazos de pago. Bodegas Moralia, S.L sigue a la gigante del vino al cometer la misma irregularidad, que en este caso costará 8.816,30 euros.
Bodegas Murviedro, S.A. y Bodegas Tesón, S.L. acumulan dos infracciones cada una, incumplimiento de los plazos de pago y no comprar por debajo de los costes de producción, aunque la cuantía total para cada bodega es de 3.601,2 euros. Bodegas Alceño, S.A. modificó el precio del contrato sin pactarlo con las partes (3.001 euros) y Unión Vinícola del Este, S.L. (1.800,6 euros) incurrió en la mala práctica más recurrente dentro del gremio, incumplimiento en los plazos de pago.
Castilla-La Mancha, donde más se sanciona
La tierra del Quijote ha sido la comunidad autónoma de España donde más sanciones se han notificado por incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. Las 11 infracciones, cimentadas en la tardanza en el pago de los contratos de la industria vinícola, ponen a la región manchega en el foco de AICA.
A la problemática del vino se suma la del pistacho: Pistachos de La Mancha, S.L, es la segunda compañía del listado que más dinero abonará a la administración con 13.450,24 euros divididos en dos faltas, incumplimiento de los plazos de pago (10.449,24 euros) y no formalizar por escrito los contratos alimentarios (3.001 euros). Además, Pistachos del Sol, S.L. aparece en el documento por retrasos en los plazos de pago (1.800,60 euros).
La Comunidad Valenciana sigue a La Mancha con nueve apariciones, Murcia cierra el podio con ocho y Extremadura es cuarta con cinco presencias. Andalucía (4), Comunidad de Madrid (3), Castilla y León (3), Cataluña (3), Galicia (2), Cantabria (2), Aragón (1) y Asturias (1) completan el total de 12 comunidades representadas, entre las que no se encuentran País Vasco, Navarra, La Rioja, Canarias y Baleares ni ninguna de las dos ciudades autónomas.
Reacción de las organizaciones agrarias
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha celebrado la publicación del primer listado de empresas sancionadas por incumplir la Ley de Cadena Alimentaria. "Las sanciones evidencian que sin Ley de Cadena Alimentaria volveríamos a la ley de la selva porque la cadena no se regula con buenas voluntades y la publicación de las mismas es un paso adelante en la aplicación de la ley, que confiamos en que redunde en la mejora de las relaciones en la cadena y en la protección del sector primario frente a los abusos que practican nuestros compradores", ha declarado Andoni García, miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha calificado como un "hito" la publicación de este listado. "Es una reivindicación por la que llevamos más de una década luchando, desde antes de la aprobación, en 2013, de la Ley de la Cadena", aseguran desde la organización. Los agricultores y ganaderos consideran que la publicidad de las sanciones es un elemento fundamental para que la Ley funcione. "Los consumidores y la sociedad deben conocer, con nombre y apellidos, quién está haciendo malas prácticas comerciales que perjudican a los agricultores y ganaderos", señalan desde UPA.
"La industria y la distribución saben ahora que cometer abusos tiene sanción y además ahora también supondrá un coste en la reputación de esas empresas y personas". Además son sanciones con penas mayores en caso de reincidencia, por lo que desde UPA concluyen y esperan que estas malas prácticas comerciales "vayan desapareciendo".
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