El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), a su llegada a la III edición del foro ‘Fondos Europeos III: España, por el liderazgo global en economía verde y digital’
Bruselas lleva varias semanas presionando al Gobierno de España para que elimine las rebajas fiscales que aprobó durante los peores meses de la guerra en Ucrania. Otras de ellas fueron implantadas como consecuencia de la falta de gas durante el verano de 2021, que propició que el recibo eléctrico se disparara por la mayor utilización de los ciclos combinados para generar energía.
Así, en 2022 el Gobierno impulsó varias medidas y prorrogó las rebajas fiscales que ya había aprobado en 2021. Además de la rebaja del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de la electricidad del 21 al 10% y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica (IVPEE) y la reducción al 0,5% sobre el impuesto especial sobre la electricidad (IEE); el Ejecutivo rebajó el IVA del gas en septiembre del pasado año.
En relación al gas, España logró la aprobación de la Comisión Europea al tope al gas, otra medida enfocada a aliviar el precio que los españoles pagaban en 2022 por los consumos energéticos. Esta, sin embargo, continuará hasta, mínimo, finales de 2023 ya que Bruselas dio el visto bueno al mecanismo de compensación impulsado por España y Portugal. El Ejecutivo de Pedro Sánchez remarca que esta medida “ha permitido una fuerte reducción de los precios de la electricidad, que ya han vuelto a niveles próximos a los de la primavera de 2021”.
Fuentes del sector energético remarcan que la Comisión Europea ha instado en los últimos días a eliminar todas las exenciones que hasta ahora imperan en los recibos de los españoles, pero el Ejecutivo se ciñe a lo acordado en Consejo de Ministros. “Las rebajas de la luz y el gas en el decreto de diciembre del año pasado se prorrogaron hasta el 31 de diciembre de 2023”, señalan desde el Ministerio de Hacienda. En otras palabras, que por mucho que Bruselas quiera eliminar dichas rebajas, el Ejecutivo no va a dar su brazo a torcer.
El Gobierno estaba estudiando no prorrogar más allá del verano las rebajas del IVA de la luz y del gas, pero el adelanto electoral ha cambiado la estrategia y las fuentes consultadas indican que “no sería un buen mensaje en plena campaña electoral subir impuestos”, por lo que todo hace indicar que seguirán hasta final de este año.
A pesar de que varias instituciones públicas y privadas han reprobado las maniobras del Gobierno en el recibo del gas y la luz, el Ejecutivo contestó a Bruselas que ha acometido “la mayor rebaja de impuestos sobre la energía de la historia” durante la crisis energética para paliar el golpe de las subidas de precios sobre ciudadanos y compañías y contener la inflación.
“El conjunto de las medidas adoptadas hasta la fecha supera los 35.000 millones de euros, lo que supone casi un 3% del PIB. A ello habría que añadir los 10.000 millones de avales puestos a disposición de las empresas españolas en marzo”, explicaba el Gobierno en el Programa de Estabilidad remitido a la Comisión Europea. De todo ese montante, 18.000 millones de euros son de los impuestos rebajados a la energía.
El Banco de España, en un reciente informe, aseveró que el organismo ha pedido “que haya una política fiscal expansiva en el corto plazo. Pero, al mismo tiempo, hemos venido diciendo que una vez se superen estas perturbaciones, es importante diseñar un plan de consolidación fiscal ambicioso. Conviene empezar a pensar ya en una retirada de estímulos fiscales”.
En las últimas reuniones que se produjeron hace menos de un mes entre técnicos del Gobierno y de Bruselas, la Comisión Europea insistió en que si los altos precios continúan "los beneficios para las empresas y los consumidores son más inciertos”.
Recientemente, en un informe, la CE dijo que las rebajas de IVA tienen un "historial negativo a la hora de traducirse en precios más bajos para los consumidores ya que los recortes de impuestos pueden compensarse con un aumento de las tarifas por parte de los proveedores de energía".
Otras reformas pendientes
Por otra parte, el Ministerio de Transición Ecológica debe acelerar y culminar diferentes reformas antes de que finalice el mandato gubernamental, una vez que Pedro Sánchez adelantara los comicios generales al 23 de julio.
La semana pasada, la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, afirmó la voluntad del Gobierno de aprobar la propuesta de reforma de la tarifa regulada de la electricidad, la que se conoce como Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, PVPC, por sus siglas, y a la que tienen acceso los consumidores que cuentan con una potencia contratada inferior a los 10 kilovatios. Fuentes del sector energético asumen que antes de que acabe junio ha de estar aprobado ya que es “es un compromiso con Bruselas” y era un condicionante para que saliera adelante la excepción ibérica.
A su vez, falta por saber si se actualizará el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) a 2030. En principio, tal y como explican las voces consultadas, todo hace indicar que saldrá a la luz en las próximas semanas, al no necesitar de su aprobación en el Congreso.
El plan persigue una reducción de un 23% de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990. Este objetivo de reducción implica eliminar una de cada tres toneladas de gases de efecto invernadero que se emiten actualmente.
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