Economía

¿Por qué y cómo habría que reformar el subsidio por desempleo?

Economistas creen que la reforma que plantea Yolanda Díaz debería centrarse en compatibilizar empleo y prestación

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la presentación de un libro.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la presentación de un libro. Adrián Irago / Europa Press

El subsidio por desempleo esta semana se ha convertido en el terreno de batalla de los ministerios de Trabajo y Economía. Se trata, como tantas otras, de una reforma prometida a Bruselas y que debe aprobarse antes de que termine el año porque está ligada al cuarto desembolso de fondos europeos Next Generation. Pero Sumar y PSOE la han utilizado para marcar perfil político y desacreditar al contrario, pese a su condición de socios de Gobierno.

La intención de esta pieza es relatar de dónde viene la necesidad de reformar este subsidio, que hoy día cobran 800.000 españoles que o no tienen derecho a paro, o se les ha acabado, y cuya cuantía hoy día es de 480 euros al mes (80% del IPREM). También constituye una aproximación al funcionamiento en la actualidad, en España y en otros países, de la ayuda, igualmente conocida como prestación por desempleo de nivel asistencial, e incluye la opinión de algunos expertos sobre hacia dónde deberían dirigirse los cambios legislativos.

Pero antes, una breve cronología. La tensión entre ambos ministerios económicos arrancó este lunes, cuando desde el de Calviño empezaron a deslizar cómo debía abordarse la mencionada reforma, hasta ahora capitaneada por Trabajo. Esta actitud encolerizó al de Díaz, que, en un encuentro con periodistas, marcó líneas rojas: no aceptará ningún tipo de recorte en la prestación ni las injerencias de otro departamento.

Insistieron en que los negociadores de la medida con Bruselas son ellos, y acusaron a Economía de creer que acosando a los parados estos encuentran antes un empleo, y de querer volver a leyes del Partido Popular. El Ministerio de Calviño, por su parte, no ha compartido en qué consistía exactamente su planteamiento, pero remarca que en ningún caso incluía recortar la ayuda.

Trabajo quiere ampliar el subsidio; Economía, ir a por el pleno empleo

Las propuestas de reformas puede leerlas al completo aquí, pero a grandes rasgos son las siguientes. Trabajo aboga por incrementar el subsidio por desempleo, por ampliar su rango para que llegue a menores de 45 y también a trabajadores agrarios y por hacerlo compatible con el empleo durante 45 días -lo que implicaría un mayor gasto-. Economía propone que se cobre un poco más al inicio del cobro de la prestación, y que después disminuya para incentivar la búsqueda de empleo, además de un control más estricto de los esfuerzos que hace el parado para encontrarlo. El de Díaz cree que esta visión estigmatiza a los parados; el de Calviño, que es el momento de ir a por el pleno empleo y que así podría conseguirse.

En el Plan de Recuperación se habla explícitamente de "ampliar" estas prestaciones -también lo recoge el acuerdo programático entre PSOE y Sumar-, pero no se concreta de qué manera. Tan solo se establece que el Gobierno debería ordenar el sistema de prestaciones similares que dispone a día de hoy para facilidad de los beneficiarios. La reforma no lleva aparejado ningún tipo de financiación.

La complementariedad con el empleo, en el punto de mira

"Uno de los principales elementos que veo que pueden hacer fracasar la reforma es la eliminación de la complementariedad", apunta Manuel Hidalgo, profesor de Economía en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. "Y dirás: pero Trabajo propone que el subsidio sea complementario durante 45 días. Sí, pero eso es lo mismo que quitarla, porque esto no va de lo que cobras, sino de hacerlo en blanco o en negro. Tiene que haber una gran diferencia, porque estamos hablando de personas que no tienen otros ingresos".

No tiene sentido que el subsidio no sea complementario con un empleo. Esto no va de lo que cobras, sino de hacerlo en blanco o en negro"

Para el economista, no tiene sentido que el subsidio no sea complementario ya a día de hoy con el cobro de un salario durante un tiempo largo, como un año, como asegura que sucede en otros países europeos. Si lo que se quiere es convencer a una persona de que corra el riesgo de aceptar un puesto de trabajo, con la posibilidad de que lo despidan o no supere el periodo de prueba y por tanto teniendo que volver a esperar un mes para cobrar de nuevo el subsidio, es necesario ofrecerle alguna garantía de que merecerá la pena.

Estas dudas podrán asaltar al parado especialmente si el subsidio es alto, y también si el trabajo es precario. Por eso Hidalgo considera adecuada la idea de Economía de establecer una complementariedad con el empleo durante un largo periodo de tiempo, y delicada la de Trabajo de aumentar la cuantía hasta los 660 euros los primeros meses (para ser precisos, 110% del IPREM). "Aumentar la prestación es incentivar a permanecer en el desempleo. Suena duro, y soy consciente de que tienes que cubrir las necesidades de esas personas, pero al mismo tiempo debes animar a volver al trabajo", indica, reconociendo que las ideas de Calviño puedan resultar más impopulares, aunque según la evidencia sean más efectivas.

Varios estudios sostienen que a menor prestación, mayor probabilidad de encontrar un empleo, y que eso sobre todo ocurre cuando la economía crece -entre otros motivos, los salarios son mayores-. También apuntan a que cuando los beneficiarios están cerca de dejar de recibir la prestación es más habitual que encuentren un empleo. Pero lo que otros economistas lamentan es lo poco que se ha medido las consecuencias que bajar estas prestaciones tiene en las vidas de aquellos que no consiguen volver a emplearse, como por ejemplo en su salud mental.

Al fijarnos solo en el subsidio estamos centrando mal el debate. Hemos dado por perdida la batalla de las políticas activas de empleo"

¿Dónde está el punto de equilibrio? Para el economista de EsadeEcPol Javier Martínez, especializado en el mercado de trabajo, el debate no debería centrarse tanto en cómo modificar estos subsidios para fomentar el empleo de los parados de larga duración, sino en qué otras herramientas están fallando en este proceso. "Estamos viendo un problema: que hay un colectivo en situación de pobreza relativa. Y al fijarnos solo en el subsidio estamos centrando mal el debate, y dando por perdida la batalla de las políticas activas de empleo, simplemente porque existe el sentimiento de que nunca han funcionado y nunca funcionarán, cuando son lo primordial", recalca.

"No estamos siendo capaces de crear un sistema de inserción laboral ni eficaz ni eficiente", lamenta Martínez, recordando que el 90% de los que cobran el subsidio por desempleo tienen más de 50 años y son, en parte, trabajadores de la construcción que salieron del mercado laboral durante la crisis y que no han podido volver a reengancharse. Para conseguir que vuelvan al mercado laboral, este economista entiende que sería necesario centrarse en proporcionarles formación especializada, o posiblemente incentivos a las empresas para que los contraten, o facilitando la transición entre la formación y el empleo.

Volviendo de nuevo al debate, la pregunta que los economistas creen que deberían hacerse en los ministerios -y resolverla con datos- es si realmente los beneficiarios del subsidio no buscan empleo, o si lo hacen, pero no lo consiguen. Y qué efectos tendrán las medidas a tomar. "¿Realmente queremos forzar a la gente a que acepte trabajos para los que no están cualificados y que son precarios? Yo creo que no es lo óptimo", reflexiona Martínez. Ahora, la pelota está en el tejado de Trabajo, que está dispuesto a aprobar los cambios antes de final de año, y de sindicatos y patronal, que en breve serán llamados a la mesa del diálogo social para negociar la reforma.

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