Podemos ha decidido votar en contra de la reforma del subsidio de desempleo de Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Tras un largo tira y afloja que ha durado toda la semana, finalmente el partido morado ha cumplido su amenaza de tumbar el decreto laboral, uno de los tres grandes que se votaban este miércoles, al considerar “de la máxima gravedad” que el Ejecutivo reduzca la base de cotización de algunos de los perceptores del subsidio, lo que entienden que se traduce en "un fuerte recorte de sus futuras pensiones de jubilación".

Con su postura, Podemos acusa a Sumar y en concreto a Díaz de haber colado un recorte para los parados mayores de 52 años que cobran el ya famoso subsidio. Pero la situación es más compleja de lo que parece y tiene mucho más de política que de recorte real de una prestación. Vamos a repasar, punto por punto, los cambios que realmente están detrás de esta reforma, que está prometida a Bruselas a cambio de fondos europeos, y los argumentos de las dos partes.

La clave: la "bajada" de la base de cotización

El rebote de Podemos, justifican de la formación, viene de la siguiente frase que se incluyó en el Real Decreto-ley (7/2023, de 19 de diciembre) de marras: "La disposición transitoria tercera aplica la reducción progresiva en la cotización a la jubilación del subsidio de mayores de 52 años hasta 2028". A día de hoy, los perceptores de esta ayuda tienen como base de cotización el 125% de la base mínima, y con la reforma "se tomará como base de cotización el 100 por cien de la base mínima de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social, vigente en cada momento".

¿Es esto un recorte? A primera vista, claro que sí, porque en unos años estos receptores del subsidio cotizarán por el 100% de la base mínima, en lugar de por el 125%, y es lo que se utiliza para el cálculo de la pensión publica de jubilación. ¿Entonces? El truco está en que la base mínima coincide con el salario mínimo interprofesional (SMI), que a lo largo de la legislatura se ha incrementado casi un 50%. Y este fuerte aumento provoca dos cosas: en primer lugar, que la base de cotización de todos los beneficiarios haya mejorado sustancialmente, y por otro, que supere con creces a los que tienen un empleo.

La cotización por el 125% de la base de mínima, explican fuentes de CCOO, se introdujo en la legislación con la ministra socialista Magdalena Valerio, y tenía el objetivo de tratar de mejorar las pensiones de aquellos parados que ya difícilmente volverían al mercado laboral antes de jubilarse. Hay que recordar que el salario mínimo en 2017 era de 707 euros al mes, siempre en 14 pagas, y que hoy es de 1.080 euros al mes -y previsiblemente volverá a subir la próxima semana, como mínimo hasta los 1.123 euros al mes (+4%)-.

Esos incrementos del SMI son los que han subido año a año la cotización de los beneficiarios, y ahora el Ministerio de Trabajo ha optado por recuperar el 100% de la cotización. "Los incrementos anuales del SMI compensan la reducción de la sobrecotización, de manera que la base de cotización de los parados mayores de 52 se mantendría en el entorno de los 1.575 euros mensuales, conservando la mejora del 83,45% acumulada desde 2018", asegura el economista del Ministerio Segundo González.

Hay que remarcar también que por esta vez coincidían el Ministerio de Trabajo, el de Economía, el de Hacienda y las organizaciones sindicales, que al principio se revolvieron contra la medida porque el Gobierno no se sentó a negociarla con ellos. Pero este miércoles el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, dejó clara la postura de su formación: "Se dice que es un juicio moral y no es ese el tema", afirmó, introduciendo un matiz clave en el debate: que la sobrecotización convertía el subsidio en un fuerte desincentivo para volver al empleo.

Cotizar más que los trabajadores desincentiva la vuelta al empleo

CCOO recuerda que el hecho de que la cotización de los beneficiarios del subsidio fuese mayor que la de aquellos que volvían al empleo cobrando el salario mínimo terminó desincentivando a los beneficiarios a la hora acceder a un puesto de trabajo. "Si te ofrecen un salario de 1.100 euros, si lo coges deterioras tu base de cotización y tu base reguladora de la pensión, por eso se consideraba que era un desincentivo", ha explicado Sordo. Es decir, que el modelo de los últimos años empujaba a permanecer recibiendo el subsidio ya que aceptar un empleo -con salario mínimo- implicaba cotizar menos que trabajar.

En ese marco, los sindicatos plantearon al Ministerio de Trabajo una solución intermedia, como que el beneficiario del subsidio continuase cotizando al 125% de la base si le ofrecían el salario más bajo, pero finalmente no salió adelante. En cualquier caso, con la situación actual CCOO entiende que el resultado debería ser positivo, puesto lo previsible es que el beneficiario opte con mayor probabilidad por la oferta de trabajo antes que por continuar cobrando el subsidio.

Finalmente, la reforma no ha salido adelante por el voto negativo de Podemos y deberá negociarse más adelante, por lo que continúa en los 480 euros mensuales (frente a los 570 euros a los que subía con los cambios planteados). Con su negativa, y ya que el mismo real decreto incluía un buen número de medidas de corte laboral, tampoco sale adelante la universalización del permiso de lactancia hasta los 28 días ni la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, entre otras.